Lanbide empieza a enderezar su gestión

La situación de la gestión de las ayudas sociales avanza poco a poco hacia una mejora después del caos que se adueñó de Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo en sus primeros meses de vida, después de que asumiese en diciembre de 2011 las competencias sobre las ayudas que hasta entonces tenían las Diputaciones.. Prueba de ello es que, tras un primer semestre de 2013 en el que las quejas presentadas al Ararteko mostraron un ligero incremento con respecto al año anterior, desde septiembre su número ha ido descendiendo. Y ello pese a que la cantidad de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la principal ayuda social que se paga en Euskadi, sigue aumentando imparable por la crisis.

Nada tienen que ver las cifras de expedientes registrados por el Ararteko en noviembre de 2012 (un total de 104) con las de noviembre pasado (41). El número más elevado se registró hace ahora un año, con 153 expedientes y consultas al área de inclusión social del Defensor vasco. Los registros absolutos del año pasado siguen siendo elevados, ya que la reducción de quejas comenzó una vez rebasado su ecuador. Así, si en 2012 el total de reclamaciones al Ararteko por este motivo ascendió a 1.010, el año pasado y hasta el 16 de diciembre, las registradas se situaban en 871. El acumulado en 2012 hasta esa fecha era de 933. Los números siguen aún muy por encima de los 38 expedientes abiertos en 2008.

Para el ararteko, Iñigo Lamarca, las mejoras han resultado “notables” en cuanto al tiempo de espera de que se conceda una ayuda. La ley cambió en diciembre de 2011 para llevar las ayudas a Lanbide, pero también para endurecer los requisitos de acceso y, al tiempo, ofrecer más garantías a quienes sí los cumplen. Es el caso de los plazos, ya que se estableció que en dos meses había que resolver los expedientes. En 2012, no se logró y muchas de las quejas al Ararteko estaban relacionadas con la demora en el procedimiento. Los perceptores y las organizaciones sociales criticaban que se demoraban los trámites de entrega de documentación para hacer la solicitud, algo que se ha reducido.

Las reclamaciones han bajado de 153
a 41 entre enero y noviembre pasados

La mejora en los últimos datos del Defensor va en paralelo con el aumento de las resoluciones resueltas en plazo, más del 70%, según las cifras más recientes que maneja el Gobierno. Sí se mantienen las quejas por las denegaciones de ayudas.

Respecto a quienes ya cobran la RGI y el complemento de vivienda, las abundantes quejas por suspensiones en su percepción han empezado a ser resueltas. La razón es que Lanbide ha empezado a garantizar un derecho de los ciudadanos: la audiencia antes de que se materialice la suspensión. Numerosas resoluciones del Ararteko advertían de que este paso previsto en la ley no se estaba cumpliendo.

La compleja situación en que se encontraba Lanbide y la tramitación de las dos principales ayudas del sistema vasco de garantía de ingresos motivó una reordenación interna del Defensor para responder a los expedientes de queja de los perceptores o solicitantes, con la incorporación de tres técnicos y otros dos profesionales de apoyo.

El Ararteko destaca la “buena relación” con el equipo del consejero de Empleo, Juan Mari Aburto, y con los responsables de Lanbide y recuerda que entre ambas partes se ha creado una comisión para resolver con agilidad lo relativo a las ayudas. Pone en valor el “avance en la unificación de criterios entre oficinas”, ya que en el arranque de la gestión de las ayudas se produjeron diferencias en función de dónde se solicitasen. Pese a todo, el Defensor reconoce que persisten entre su institución y Lanbide “diferencias en la interpretación jurídica” de la Ley de Garantía de Ingresos e Inclusión Social.

El Servicio de Empleo cumple ahora con el trámite de audiencia

Los propios responsables del Servicio Vasco de Empleo no han ocultado las dificultades que su plantilla encuentra a diario para poner en práctica la reforma legal de 2011. El último ejemplo es el informe realizado por la asociación de lucha contra la exclusión social Sartu sobre la viabilidad de una de las previsiones de la misma: que los perceptores de ayudas puedan participar en trabajos para la comunidad de carácter excepcional, como situaciones meteorológicas complicadas. El informe cita sin ambages que “el texto [legal] es oscuro y plantea dudas interpretativas básicas” y habla de “indefinición” y de utilización “inadecuada” de la terminología jurídica.

Lanbide tiene problemas con casos como el de personas que son contratadas por un plazo de unas pocas horas y a renglón seguido vuelven a necesitar la ayuda social. Se han dado situaciones de suspensión motivadas por el hecho de que una persona se ha registrado en el Servicio Estatal de Empleo, que en algunas oficinas comparte instalaciones con Lanbide, y no en el vasco. Sus registros separados han supuesto problemas para los perceptores y suspensiones de los cobros de ayudas.