Euskadi incumple su ley al no crear un fondo de impago de pensiones

En plena crisis económica, las familias con padres separados que pasan dificultades por el impago de pensiones alimentarias se multiplican. El Gobierno vasco tiene desde el año 2005, cuando se aprobó la Ley de Igualdad vasca, la obligación de poner en marcha una herramienta para paliar esa falta de ingresos, un problema que se preveía antes incluso de la llegada de los años duros de la crisis. La solución, un fondo económico para apoyar a esas familias a las que la parte que debe pagar no cumple con sus obligaciones, avanza hacia la década de incumplimiento de la ley, que en su artículo 45.2 establece que las administraciones públicas vascas “crearán un fondo de garantía para situaciones de impago de pensiones”.

El Ejecutivo autonómico no tiene esta cuestión en agenda y señala que el “debate” no está entre sus prioridades. En 2012, últimos datos conocidos, se abrieron 757 procedimientos en los juzgados por impago de pensiones, el 55,21% del total de los delitos contra la familia, 110 en Álava, 288 en Gipuzkoa y 359 en Bizkaia. La Fiscalía formuló 156 escritos de acusación y se dictaron 68 sentencias, el 75% condenatorias —tres de ellas con ingreso en prisión de los condenados por ser reincidentes—, porque el demandado no pagó la pensión pese a tener acreditados ingresos.

Los datos recogidos en las memorias de la Fiscalía del País Vasco son solo una parte de los impagos reales, ya que únicamente se registran los casos que finalmente se judicializan. La última memoria señala que “el empobrecimiento, consecuencia de la grave crisis económica sistémica que padecemos, incide sin duda en este delito, no solo porque aumentan los impagos sino también porque para cometer el delito debe tener el deudor capacidad económica de pagar la pensión”.

La memoria del año anterior, 2011, alerta de que, pese a un “aumento notable” de los casos de impago —los delitos contra las relaciones familiares crecieron un 39,2% en Álava, un 15,7% en Gipuzkoa y un 37,1% en Bizkaia, de los que “al menos una parte se debe al aumento de las dificultades económicas derivadas de la situación de crisis”—, se constata un “importante aumento de las solicitudes de sobreseimiento de las causas incoadas a petición del fiscal por detectarse falta de capacidad económica del obligado a la prestación”.

Esta realidad no ha hecho que el Ejecutivo tome medidas. La Ley de Igualdad aprobada en 2005 con los votos a favor de PNV, EA, IU y PSE ha sido sistemáticamente incumplida por los partidos que han tenido responsabilidades de gobierno. El exlehendakari Juan José Ibarretxe llegó a anunciar durante el debate de política general de 2007, como parte de una de las medidas sociales que materializaría su Ejecutivo ese nuevo curso, el fondo de impagos. Ibarretxe aseguró que habría una “implantación progresiva” de la medida, pero dos legislaturas después no ha visto la luz.

El anterior Gobierno, en manos de los socialistas, aprobó en diciembre de 2011 el tercer plan de familia en el que se recoge, en su medida número 36, el “desarrollo normativo para la constitución de un fondo de garantía único para la comunidad autónoma del País Vasco que asegure el pago alimentario en casos de ruptura familiar y la creación de un mecanismo de litigio frente a las personas que no cumplen la obligación de pago”. El plan establece para esta medida un presupuesto hasta 2015 de 3,4 millones de euros. Para 2014, estaba previsto destinar 1,1 millones, pero el Gobierno no apuesta por crear el fondo, según sus responsables del Departamento de Políticas Sociales, que tampoco lo citan en la memoria de los presupuestos aprobados para este ejercicio. Todo pese a que el Parlamento ha aprobado en varias ocasiones desde 2003 resoluciones instando al Ejecutivo que cree esta medida.

La iniciativa no sería en todo caso novedosa en España. El Gobierno central, entonces en manos del PSOE, puso en marcha un fondo de compensaciones en 2008. En 2009 solo 519 niños se habían beneficiado de la ayuda, que tenía establecido el pago de cien euros mensuales durante 18 meses —sin obligación de que fueran seguidos—, con una inversión de diez millones de euros. De ellos, solo se gastaron 0,3 millones debido a que los requisitos establecidos para beneficiarse del fondo eran restrictivos.