¿Servicios universales y gratuitos?

Se acerca de forma acelerada una importante polémica. Cada vez es más evidente que el mantenimiento de un nivel aceptable de bienestar en Europa va a necesitar la adaptación de los modelos económicos y sociales establecidos en el último siglo. Estos modelos tenían dos bases: buscaban asegurar el bienestar para los 800 millones de personas que vivían en esta parte del mundo, aunque explotaban y utilizaban los recursos naturales de todo el planeta; y mantenían la tecnología como monopolio de esta zona, lo que permitía continuos incrementos de productividad y por tanto de crecimiento.

La globalización ha supuesto que el modelo debe ahora adaptarse a más de 2.000 millones de personas, los aumentos de consumo han convertido en escasos muchos recursos naturales, y la explosión de la información ha convertido la tecnología en un recurso al alcance de todos. A todo ello se ha añadido la exagerada deriva financiera y especulativa de nuestra economía, que ha hecho que una parte muy importante de nuestra actividad actual prácticamente no genere valor, aunque produzca beneficios y plusvalías.

La polémica aparecerá para responder a la pregunta de cómo hacer sostenible el actual Estado de bienestar, es decir, cómo asegurar los mecanismos a través de los cuales hemos conseguido que las desigualdades en el reparto de las rentas (salarios y beneficios) que genera el mercado, se redistribuyan con criterios de más equidad.

Esta redistribución se conseguía recaudando impuestos de forma progresiva (es decir que paguen proporcionalmente más las rentas altas y las grandes fortunas), y proporcionando un salario complementario en forma de servicios gratuitos o transferencias (educación, sanidad, subsidios…), sobre todo a quienes no podrían pagarlos.

El sistema fiscal era progresivo, y de los servicios gratuitos se beneficiaban más las personas con menos recursos. El carácter redistributivo existía tanto en el ingreso como en el gasto. Ha sido así bastante tiempo, pero dos fenómenos han cambiado esta situación.

La pregunta clave se puede formular así: ¿qué medidas de corrección hay que tomar para darle la vuelta a la situación, asegurando la sostenibilidad y recuperando la redistribución?

En primer lugar, en la mayoría de países europeos (con algunas excepciones en el norte) el sistema fiscal ha visto reducidos sus ingresos y ha ido perdiendo progresividad. Se han reducido o eliminado los impuestos sobre el capital, que afectaban a las personas con más recursos, y se han aumentado los que pagan las clases medias y bajas, IVA y rentas del trabajo. Creo que ha sido una medida equivocada.

En segundo lugar, se han universalizado los servicios públicos gratuitos que ahora se ofrecen sin pago a toda la población. Esta es una medida acertada, pues elimina el peligro de que tales servicios pierdan calidad y se conviertan en “servicios para pobres”, pero la gratuidad para todos ha aumentado los costes y es un elemento que elimina la progresividad.

Las consecuencias de todas estas medidas son tres: menos ingresos, más gastos y menos redistribución. En otros términos: un sistema menos sostenible y una sociedad con mayores desigualdades.

La pregunta clave se puede formular así: ¿qué medidas de corrección hay que tomar para darle la vuelta a la situación, asegurando la sostenibilidad y recuperando la redistribución? Se me ocurren estas cinco respuestas:

1. Dinamizar las economías europeas de forma que vuelvan a generar más valor y recuperen competitividad. 2. Aumentar los impuestos para obtener más ingresos, cargando más a las rentas altas y a las fortunas, y luchando a fondo contra el fraude. 3. Recortar los servicios públicos eliminando algunas prestaciones con carácter general. 4. Excluir de tales servicios a los ciudadanos a partir de un cierto nivel de renta o fortuna. 5. Mantener el derecho de acceso universal, pero introduciendo un copago mayor o menor, en función de la renta.

La primera respuesta es la que todos quisiéramos, pero debemos aceptar la dificultad de su aplicación. La segunda puede ser válida para países como el nuestro con poca presión fiscal, pero no sé si ella sola puede ser suficiente. La tercera (el recorte general) supone un paso atrás indeseable. La cuarta sería volver a la situación de un servicio privado de calidad para ricos y otro público de menos calidad para pobres. La quinta, mantiene la universalidad, pero introduce la progresividad en el gasto. Mi respuesta es 2 + 5: reforma fiscal y universalidad, pero sin gratuidad total.

Joan Majó es ingeniero y exministro.