El juez de Emarsa investiga el coste del lodo en las depuradoras

Vicente Ríos, el juez que investiga el saqueo de 25 millones de euros de la depuradora de Pinedo, amplió ayer la lente de sus pesquisas en un movimiento que podría aflorar una nueva e interesante derivada: ¿Fueron los sobreprecios una pillería restringida a la planta de Valencia o, por el contrario, una práctica extendida a más centros de la Comunidad Valenciana? El instructor ha pedido a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar), una sociedad de la Generalitat que transfiere fondos a las depuradoras de la red, información sobre el coste de tratar el fango entre 2005 y 2010 en las plantas gestionadas por el Ayuntamiento de Valencia (El Palmar, Perellonet y El Saler), Alcoy, Alcora, Canals y Cheste.

El movimiento se produce en el marco de la estrategia de defensa del exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento, José Juan Morenilla, uno de los 40 imputados en el expolio. El juez ha aceptado una solicitud que también incluye preguntar a Epsar si las citadas depuradoras están sujetas a financiación ordinaria o por convenio y dónde fueron a parar sus lodos entre los años 2005 y 2010.

Todo apunta a que la selección de depuradoras realizada por Morenilla no es gratuita. Y revelará que otras plantas facturaron al Consell por el tratamiento de lodos más que Emarsa, que llegó a los 42 euros por tonelada, el doble del precio de mercado. El PSPV ya denunció que el 60% de las depuradoras de la Comunidad Valenciana registró irregularidades similares a las detectadas en Pinedo.

Precios inflados

Inflar el precio del lodo fue la principal triquiñuela para el monumental saqueo. Solo en Emarsa, Epsar desembolsó 120 millones de euros desde 2003. Esta cantidad recogería las mordidas que se repartieron, presuntamente, los principales imputados en la trama.

El instructor, por otra parte, acordó en un auto conocido ayer el sobreseimiento provisional y parcial de la causa abierta contra el concejal de Moncada Luis Botella de las Heras, del PP, en relación a los delitos contra la Hacienda Pública. El edil fue uno de los 17 imputados en una nueva pieza separada abierta en mes de marzo para investigar un supuesto fraude de 2,4 millones de euros a los gestores de la depuradora de Pinedo y sus contratistas.