La venta ilegal de papel y cartón hunde la recogida oficial

Adbendi Griger y su cuñado empujan sus carretillas sin carga por la travessera de Gràcia, en Barcelona. Cuando alcanzan el cruce con la calle de Gran de Gràcia se encuentran con dos compatriotas más. Los cuatro son marroquíes; los cuatro, víctimas de los sueños rotos por la crisis del otrora dorado catalán. Tras una pequeña charla, se separan en grupos de dos. Objetivo: los comercios de esta calle barcelonesa.

Sus jornadas comienzan cuando las tiendas cierran. Griger elige hoy subir en dirección al Tibidabo. A escasos 30 metros, y entremezclado con la ostentación de cierto restaurante y de sus comensales, encuentra su primer botín: una montaña de cartón. No es una opción, es una necesidad. El “único” recurso que les queda a él, su cuñado, mujer y cuatro hijos para sobrevivir.

Con uno de cada cuatro catalanes activos sin trabajo, la recogida clandestina de cartón y papel se ha disparado en los últimos cuatro años. Según los datos que maneja la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC), desde 2008 hasta el pasado año, la recogida municipal de estos materiales se ha reducido en un 37%. Antes de que estallara la crisis, los Ayuntamientos recogieron más de 200.000 toneladas, en 2012, 137.000. “Gran parte de la caída de la recogida es por los robos”, asegura Josep Maria Tost, director de la ARC.

“No tengo más remedio que vivir del cartón”, confiesa Griger, de 57 años. Él y su cuñado llevan un lustro dedicados a recoger el material que dejan en las puertas de los comercios de varias poblaciones del área metropolitana de Barcelona. El cartón y el papel es su único refugio una vez se hundió el ladrillo. Después de 12 años en Cataluña, Griger piensa en enviar a sus hijos a Marruecos. A duras penas puede llegar a fin de mes con los “20 o 30” euros que gana cada jornada; “nos pagan entre seis y nueve céntimos el kilo”.

El aumento de esta actividad clandestina es paralelo a la subida del precio de las materias primas. Si hace tres años se pagaban unos 30 euros por tonelada de papel o cartón, desde 2011 el precio oscila entre los 60 y 90. En algunos municipios la caída de la recogida del material ha sido drástica.

Como en Vic, donde en 2011 los robos habían reducido a la mitad la cantidad de cartón y papel recogidos. Ante el aumento de robos, el Ayuntamiento de Barcelona lleva tres años luchando contra esta actividad. Si se mantiene la recogida de cartón de los nueve primeros meses de este año, el Consistorio de la capital catalana recuperará solo la mitad de estos materiales que hace cuatro años (86.671 toneladas).

En el caso de Barcelona, el consistorio calcula que de este porcentaje de pérdidas, un 80% es por los robos. Por este motivo, la Guardia Urbana ha incrementado la presión sobre “los grupos organizados” de recogedores furtivos. La vigilancia ha provocado que en la capital se haya reducido de una “cincuentena a ocho o nueve” el número de camiones que regularmente son utilizados para transportar el material robado hacia los puntos de venta.

Griger y su cuñado trabajan por libre y no cuentan con un camión entre sus herramientas. Tienen su furgoneta y venden directamente el material a una empresa de reciclaje de Terrassa (Vallès Occidental), donde viven. A pesar de no formar parte de ningún grupo, durante estos años ya han acumulado más de 2.500 euros en multas del Ayuntamiento de Barcelona. Él considera que las sanciones no tienen sentido: “¡Hago un favor a la ciudad!”.

El consistorio barcelonés lo ve de forma muy diferente y considera una falta administrativa “escoger y seleccionar residuos depositados en la vía pública, incluyendo los que hay dentro de los contenedores”. Griger no cesa en su actividad ni se incomoda por la presencia de un grupo de agentes de la Guardia Urbana mientras recoge el cartón de la acera de Gran de Gràcia. Asegura que todas las multas que le han puesto han sido cuando transportaba el “material” en su desvencijada furgoneta.

Y es que el Ayuntamiento también considera falta el “transporte de residuos comerciales sin homologación municipal”. Según datos del consistorio, en lo que va de año ya se han interpuesto 2.956 denuncias por esta actividad ilegal, lo que supone un incremento del 25% con respecto al mismo periodo del pasado año.

A pesar de todo, Griger sonríe permanentemente y asegura que nunca pagará las multas que debe al Ayuntamiento. “¡Que me embarguen, si quieren!”, desafía. Las sanciones tampoco le disuadirán de su única forma de ganarse su pan y el de su familia.