Sin prestación social y sin opción a tener un trabajo

“Tenía reconocida una discapacidad del 37% y en la última revisión me la bajaron al 20%, lo que implica no recibir ninguna prestación. Los médicos de salud mental me dicen que estoy mal y que no puedo trabajar y los del Instituto Nacional de la Seguridad Social lo contrario, entre ellos se contradicen”, se queja Rosa Casares, granadina de 47 años, que padece un trastorno de personalidad diagnosticado desde hace dos años, con episodios de crisis agudas e incluso intentos de suicidio. Una enfermedad que le ha llevado a no poder desempeñar un empleo y a recibir tratamiento psiquiátrico y una fuerte medicación. “Pero siempre he trabajado, tengo 22 años cotizados”, asevera. Está separada y tiene dos hijos a los que no ve. “Ahora vivo con mi padre, que no tiene ingresos y no entiende mi enfermedad”, lamenta. Casares ha puesto en manos de un abogado —“solo me cobra las tasas porque no puedo costear sus honorarios”, reconoce— la denegación de la discapacidad, que está recurrida en los tribunales. Una discapacidad que, de ser reconocida, “supondría apenas 400 euros mensuales de prestación”, aclara.

La tasa de inserción laboral de los enfermos mentales ronda el 5% o 10%

Los recortes y el endurecimiento del acceso a las prestaciones han complicado aún más la vida de los enfermos mentales en época de crisis. Según el presidente de la federación de afectados En primera persona, José Manuel Arévalo, la tasa de inserción laboral de los enfermos mentales ronda el 5% o 10% en condiciones normales, pero ahora “si ya no hay trabajo para los que no sufren trastornos mentales, mucho menos para nosotros”, se queja. Además, herramientas de apoyo como la Ley de Dependencia tampoco han servido de mucho porque la norma, en sus orígenes, “se centró más en la discapacidad física y no valoraba suficientemente la discapacidad psíquica”, explica, lo que suponía que muchos enfermos mentales no pudieran acceder a las ayudas. El coordinador adjunto del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, Eulalio Valmisa, reconoce esta deficiencia de esta ley que, “aunque se ha corregido”, dice, se encuentra ahora con la paralización de la normativa desde el Gobierno central, a lo que se añaden los retrasos en las valoraciones de las comunidades autónomas, “que solo se hacen para casos muy graves y urgentes”, añade.

En Andalucía, no obstante, la atención sanitaria en salud mental no está sufriendo los recortes que sí se están produciendo en otras regiones, como la Comunidad Valenciana. “En cierto sentido somos la envidia de otras comunidades”, afirma Arévalo. Eulalio Valmisa asegura que no se han suprimido unidades de salud mental en Andalucía (hay 77), aunque Arévalo estima que el crecimiento de pacientes producto de la crisis, junto a los ajustes sanitarios del SAS, “que no está cubriendo bajas, reduce jornadas laborales y elimina interinos está afectando a la atención sanitaria, haciendo que, por ejemplo, se alarguen las demoras para las consultas. Si antes tardaban un mes en llamarte al especialista, ahora son tres meses”, afirma.