La Generalitat concreta sus condiciones para el diálogo con Rajoy

El Ejecutivo de Artur Mas interpreta el recorte de las inversiones del Gobierno en Cataluña como una contradicción en toda regla a la anunciada voluntad de diálogo por parte del presidente Mariano Rajoy. El consejero de Presidencia catalán, Francesc Homs, ha asegurado hoy que en las cuentas no se aprecia "la lealtad institucional que correspondería" respecto a las comunidades autónomas y que en ellas "no se divisa ningún gesto de grandeza" que ayude a encauzar el debate sobre el proceso soberanista.Homs también ha fijado  condiciones previas para comenzar el diálogo. Éstas pasarían por respetar la inmersión lingüística en catalán, mejorar los Presupuestos y retirar algunos recursos del Gobierno contra leyes de la Generalitat.

El Gobierno catalán ha estudiado hoy el proyecto de Presupuestos que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó ayer y la conclusión a la que ha llegado es que el "escaso margen" con el que contaba el Gobierno "se lo ha aplicado a favor de sus intereses". Así lo ha asegurado Francesc Homs, quien ha insistido en que el volumen de inversión del Estado en Cataluña vuelve a niveles de 1999. "Esta cifra está claramente por debajo de los que nos corresponde", ha asegurado. Por todo esto, Homs ha concluido que las cuentas del Gobierno central "son un argumento más para acreditar el proceso" soberanista.

El portavoz del Gobierno catalán también ha ironizado sobre lo que implican las cuentas. "Dicen que nos quieren mucho, pero numéricamente ya se ve que esta pasión no va a ninguna parte. Si ésta es la forma que querernos que tienen ellos [el Gobierno], diría que como mínimo es peculiar". Pese a todo, el Gobierno catalán sigue pidiendo una negociación con el Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre el proceso soberanista.

Homs incluso ha hecho una lista de gestos que les gustaría ver por parte del Gobierno central para facilitar el diálogo: "No vivimos en un mundo de fantasía; nos conformaríamos con que se rectificaran estos Presupuestos, que se rectificara respecto a la liquidación de un modelo educativo que ha funcionado durante 30 años [inmersión lingüística], que las leyes que se nos han impugnado dejaran de estarlo y que pudiésemos cobrar el impuesto sobre los depósitos bancarios".