Bizkaia y Gipuzkoa dejan sola a Álava ante la multa que propone la UE

El País Vasco puede acabar librándose de una de las multas de la UE, —la de siete millones al mes— pero la que propuso debido al “hartazgo” por los reiterados incumplimientos forales —los más de 64 millones— es más que posible que acabe teniendo que pagar. El abogado que representó a la Comisión Europea, Carlos Urraca, reconoció ayer, durante la vista celebrada en la Corte de Luxemburgo, que las tres Diputaciones han recuperado el capital principal, de las denominadas vacaciones fiscales, estimado por la Comisión. Admitió que el montante principal de las ayudas, unos 509 millones de euros, de los que 334, correspondían a Álava, —al margen los elevados intereses de demora— ya ha sido recuperado, y concretó que el último pago de devolución se efectuó el pasado 19 de julio. Pero también recordó que aún quedan pendientes 278.000 euros en intereses que afectan a 8 empresas alavesas.

Por todo ello defendió que España —las diputaciones vascas— merecen pagar una “medida disuasoria” porque han pasado doce años antes de obedecer a la UE —declaró ilegales las ayudas fiscales en 2001— y es el segundo país de la zona euro con más casos de empresas ayudadas ilegalmente, por recuperar las cuantías. Si la corte de Luxemburgo confirma finalmente esa “medida disuasoria”, las instituciones vascas tendrán que hacer frente a una multa que resultará de sumar 25.817,4 euros al día a contar desde el 14 de diciembre de 2006, cuando el Tribunal pronunció una primera sentencia en la que daba la razón a la CE sobre la ilegalidad de las ayudas y pedía su recuperación. En total, en siete años, son casi 65 millones de euros. Impuesta la multa, decisión que podría retrasarse todavía entre seis meses y un año, empezarán los problemas internos. Bizkaia y Gipuzkoa dejaron ayer sola a Álava ante el pago de esa más que previsible multa.

Alava concedió ayudas por 334 millones  de los 509 totales

El hecho de que Álava aplicara los beneficios fiscales con una ventaja para sus empresas equivalentes a 334 millones mientras que entre Bizkaia y Gipuzkoa sólo concedieran por valor de 175, es uno de los argumentos que esgrimen para emplazar a Álava a que haga frente a la mayor parte de esa eventual multa. Pero más peso que ese argumento tiene, según las otras dos diputaciones, que Álava ha sido la última de las diputaciones en recuperar las ayudas y todavía a día de hoy está en números rojos con la UE, con 278.000 euros por devolver en concepto de intereses de demora.

De hecho, los técnicos de la diputación alavesa se reunieron ayer, tras la vista, con técnicos de la UE, para aclarar esas discrepancias sobre la fecha de cómputo de los intereses de la deuda. Bizkaia, que ya anunció en su día que la multa debiera de afrontarla mayoritariamente, Álava, ayer volvió a dejarlo caer. La institución que dirige José Luis Bilbao solicitó al Tribunal que, de confirmar la sanción quede constancia de quién debe abonarla, en virtud del grado de cumplimiento, o no, con la Comisión. La Diputación Foral de Bizkaia ya había ejecutado la recuperación de todas las ayudas otorgadas a las empresas incluso aplicando los criterios más estrictos defendidos por la Comisión”. Bilbao anunció por sorpresa en septiembre de 2011 que ya había recuperado todo el dinero correspondiente a las ayudas, rompiendo, de alguna manera el frente común que en este asunto habían mantenido las tres diputaciones. Gipuzkoa hizo lo propio tras la llegada de Bildu al ejecutivo foral.

Olano precisó que habrá que ver quién es el responsable de la multa

El director de Hacienda de Gipuzkoa, Xabier Olano, señaló ayer que, “en caso de haber sanciones” por las llamadas vacaciones fiscales vascas habrá que aclarar quién ha sido el responsable. Según dijo Olano lo más lógico sería que la Unión Europea no estableciese ninguna sanción pero “visto lo visto y siendo realistas, es probable que haya alguna sanción”. Por tanto “habrá que analizar profundamente quién ha sido el responsable de la situación y quién debería pagarla”. Los importes a recuperar procedían del crédito del 45 % del importe de la inversión en activos fijos materiales nuevos que concedieron, así como en las denominadas “minivacaciones”, una reducción gradual de la base imponible de Sociedades aplicada a partir de 1995.