Sant Cugat costeará las residencias que la Generalitat ha dejado de pagar
Bienestar Social ha paralizado, durante agosto y septiembre, las ayudas a los dependientes con plaza en un centro concertado

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) se hará cargo de las ayudas a los dependientes que la Generalitat ha decidido congelar durante los meses de agosto y septiembre. El Departamento de Bienestar Social anunció la semana pasada que, por motivos económicos, durante este periodo no pagaría nuevas Prestaciones Económicas Vinculadas (PEV), que son las ayudas que se otorgan a los beneficiarios por la Ley de la Dependencia para cubrir parte de una plaza en una residencia privada, cuando no existen vacantes en la pública.
Según cálculos de la patronal de residencias ACRA, el recorte supondrá un ahorro de 1,5 millones para la Generalitat. Bienestar Social, de momento, ha preferido no cuantificar económicamente el tijeretazo, pero sí ha reconocido que afectará a unos 500 dependientes. En el caso de Sant Cugat, el Ayuntamiento calcula que son unos 20 los beneficiarios y unos 15.000 euros los que deberá abonar durante estos dos meses, una cifra “asumible” para el Consistorio, según avanzó el portal de Internet Cugat.cat. El monto saldrá del fondo de contingencia que tenía el Ayuntamiento para casos de urgencia.
La teniente de alcalde de Servicios a la Ciudadanía de Sant Cugat, Susanna Pellicer, espera que el recorte de la Generalitat “sea transitorio” y no se alargue en el tiempo. Si esto sucediera, el Ayuntamiento no descarta seguir cubriendo al gobierno catalán. “Tenemos que hacer números, pero nadie quedará desatendido”, asevera Pellicer. En este caso, la concejala apuesta por buscar alternativas a las PEV, como fomentar la atención domiciliaria o la concertación de plazas en centros de día. Ambas opciones resultan más económicas que las PEV, que pueden suponer entre 400 y 800 euros mensuales, según Pellicer.
La concejala cree que otros ayuntamientos catalanes acabarán copiando la iniciativa de Sant Cugat. “La gente tiene derecho a las ayudas y no entiende que no haya dinero. La Ley de la Dependencia nació con buenas intenciones, pero sin recursos. Los ayuntamientos tienen que buscar soluciones. Dejaremos de hacer una calle o una obra de teatro, pero los ayuntamientos tenemos que poner las prioridades donde hace falta”, zanja Pellicer.
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