“Aportamos ciencia a las decisiones políticas”

Investigación y asesoramiento para las políticas que se aprueban en Europa. Podría ser el resumen en una frase de la trayectoria profesional de los últimos 30 años de John Bensted-Smith (Reino Unido, 1956), quien desde 2010 es el director del Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) de la Comisión Europea en Sevilla. La función de esta institución consiste en proporcionar apoyo científico y técnico a los cargos europeos que aprueban las políticas comunitarias. La comisión cuenta con siete institutos en Europa, en el de Sevilla se investiga sobre cuestiones de desarrollo sostenible; de la sociedad de la información y la tecnología; y de aspectos económicos de la agricultura y el desarrollo rural. El IPTS empezó a funcionar en 1994 con 20 personas, ahora trabajan cerca de 300 científicos y técnicos de los estados miembros de la Unión Europea y del resto del mundo.

Pregunta. ¿Qué aporta su trabajo a las personas que tienen que tomar decisiones en política?

Respuesta. Nuestro trabajo consiste en investigar y demostrar con rigurosidad científica las repercusiones sociales y económicas de las medidas que se elaboran en la Comisión Europea. Aportamos documentos de apoyo que sirvan de base para poder tomar decisiones. Los modelos con los que trabajamos parten de escenarios plausibles y realizan simulaciones de los efectos que conllevaría seguir una u otra opción política. En la toma de decisiones, estos estudios son fundamentales para comprender el alcance de las distintas opciones políticas.

P. ¿Podría poner un ejemplo?

R. Analizamos los efectos que produciría la aprobación de la Política Agrícola Común (PAC), sus efectos en el mercado, en la migración de las poblaciones... También cuantificamos económicamente las consecuencias del cambio climático, del transporte, de las políticas energéticas... Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto de control de polución por el que establecemos unas normas razonables para controlar las emisiones que se puedan aplicar a la industria, tanto en Rumanía como en Alemania. Y en la nueva directiva, esas normas serán además de obligado cumplimiento.

P. Detrás de sus estudios puede haber muchos intereses...

R. Claro que sí, por eso es imprescindible demostrar que lo que hacemos es objetivo, serio y de un nivel de calidad muy alto. Por eso presentamos nuestros resultados a expertos de todo el mundo para que nos evalúen, nuestras investigaciones se publican en revistas científicas, y nuestros resultados son públicos. Todos tienen derecho a saber. Hemos llegado a tener cuatro millones de visitas en nueve meses en nuestra página web.

P. Se definen como independientes...

R. Sí, la independencia científica es crucial. El día que alguien de Bruselas me diga los resultados que espera de una investigación dejo el puesto. Lo que nos avala es nuestra reputación científica.

P. ¿Cuentan con fuentes de la sociedad civil?

R. Normalmente, trabajamos con las Universidades. O por ejemplo, cada año celebramos un taller sobre política agraria en el que invitamos a los mejores economistas agrícolas del mundo. También respondemos a las preguntas de los campesinos, que normalmente quieren tener información de los resultados. U otro ejemplo; tenemos un proyecto de agricultura en el ámbito local, en el que se cuenta con asociaciones para estudiar las tendencias de los consumidores, que ahora va hacia la adquisición de productos locales...

P. ¿Qué potencialidades encuentra en Andalucía?

R. Tengo miedo de aconsejar. Realmente la gente de la región es la que sabe donde está su riqueza. Aunque está claro que la agricultura y el turismo son grandes sectores. No obstante, el paro en la comunidad es el mayor problema y, según las investigaciones, habría que invertir más en educación, formación e informatización. Si aquí queremos crear puestos de trabajo con salarios diferentes de los asiáticos, debemos invertir en educación. Hay una correlación muy fuerte entre el nivel educativo y la perspectiva económica de un país.

P. ¿Cómo valora la nueva Política Agraria Comunitaria?

R. Hay una diferencia muy grande entre lo que hacemos como apoyo objetivo y lo que se adopta como medida. Dicho esto, en estos 20 años he asistido a decenas de reuniones de política agraria y, en los últimos paquetes negociados, veo una actitud más activa del Parlamento. Hay una ambición clara de hacer algo más ecológico y un importante debate sobre la repartición de las ayudas. El resultado es una prueba de consenso. Y veo cómo gracias a la exactitud de los análisis, se han reducido muchísimo los márgenes de negociación.

P. Algunos de sus estudios han creado polémica, como la aprobación de los transgénicos.

R. Desde hace 20 años tenemos temas de controversia con opiniones absolutamente opuestas y radicales en el Parlamento. La Comisión Europea lo que busca son compromisos aceptables para todos. El IPTS ha abierto una oficina para desarrollar ideas socioeconómicas y que los estados miembros decidan sobre su utilización.

P. ¿A qué investigaciones desafiantes se enfrentan ahora?

R. Todas tienen consecuencias muy importantes para la población. Por ejemplo, conocer con precisión los posibles gastos económicos del cambio climático es un auténtico desafío. O conocer el impacto de las nuevas tecnologías en educación. Más del 80% de la información que reciben los menores proviene de un dispositivo móvil y conocer esto es fundamental para la educación.

P. ¿Y qué habría que estudiar de forma inminente?

R. Hay una pregunta para la que todavía no tenemos respuesta. ¿Qué vamos a hacer con la población europea que envejece? Hay que pensar que el primer ser humano que va a vivir 150 años ya está en el mundo. ¿Qué vamos a hacer con la población que va a vivir más de 30 años jubilada?; ¿en qué condiciones van a estar?; ¿trabajarían?; ¿quién va a pagar los gastos médicos? Son preguntas que tenemos que empezar a estudiar ya.