Los astilleros vascos, pendientes de la reunión de Urkullu con Almunia

El sector naval se enfrentará mañana a una jornada en la que puede ser el principio del fin de los astilleros vascos. Bruselas será testigo de una reunión de suma importancia para el sector en el País Vasco, en un encuentro tenso en el que una delegación española presidida por el ministro de Industria José Manuel Soria y en la que estará el lehendakari Iñigo Urkullu, exigirá al comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, que no se tengan que devolver los 2.800 millones de euros que a partir del año 2005 han beneficiado a los astilleros estatales a través de la bonificación conocida como 'tax lease'. Del total de lo que habría que devolver, 1.000 millones corresponderían al País Vasco.

La de mañana será una jornada intensa en Euskadi, ya que coincidiendo con la reunión se ha organizado una manifestación que partirá desde La Naval de Sestao hasta las inmediaciones de los Astilleros Zamakona de Santurtzi para rechazar el dictamen que obliga a devolver el dinero y al mismo tiempo exigir a Almunia que atienda a la delegación española para defender los intereses de las constructoras navales del país. A la concentración, organizada conjuntamente por los sindicatos UGT, CC.  OO., ELA y CAT, asistirá una delegación socialista encabezada por el secretario general, José Antonio Pastor, el juntero portavoz por Bizkaia, Iñaki Egaña, la concejal en Bilbao, Begoña Gil, y los alcaldes socialistas de Barakaldo y Portugalete, Alfonso García y Mikel Torres. 

Según los datos de 2012 facilitados por la Agrupación de Industrias Marítimas de Euskadi (Adimde) el sector da  trabajo directo a 6.430 personas, además de a otras 8.300 de forma indirecta. Sin ir más lejos, la Margen Izquierda se vería, junto a las localidades guipuzcoanas de Pasaia y Zumaia, gravemente perjudicadas si finalmente se obliga a devolver los 1.000 millones de euros que Europa considera "ilegales".

El llamado tax lease, que funcionó hasta 2011, se puso en marcha en 2001 y permitía importantes deducciones en el impuesto de sociedades para las compañías que invirtiesen en la construcción de buques, todo bajo un complejo sistema que permitía a las empresas navales financiarse para afrontar operaciones que podían ascender hasta los 100 millones de euros por barco. Francia disfrutaba de un sistema fiscal similar, y aunque en 2005 la Comisión Europea lo anuló con argumentos muy parecidos a los que ahora se utilizan con las navales españolas, la institución comunitaria perdonó al país galo a que devolviera el dinero de las bonificaciones. La delegación española que mañana estará con Almunia pretende que se haga lo mismo con las navieras estatales.