La Xunta alerta de 10.000 toneladas de residuos del ‘Prestige’ sin tratar

Una enorme balsa al aire libre con 10.000 toneladas de viscosos lodos sigue siendo, una década después, una gran asignatura pendiente de la catástrofe del Prestige. Esa indefinible mezcla de fuel, arena, plásticos y agua salada está almacenada en el municipio coruñés de As Somozas, en una parcela de las instalaciones de Sogarisa, a la espera del dinero necesario para su tratamiento. El abogado del Estado, en sus conclusiones en el macrojuicio, y al igual que la Fiscalía, reclama que además de los 2.152 millones de euros que pide España como indemnización, una sentencia condenatoria incluya pagar a la Xunta 1,27 millones para reciclar esos residuos tóxicos.

El letrado de la Xunta, Fernando Juanes, fue aún más allá al incidir en la importancia de obtener, en caso de sentencia condenatoria, ese dinero: blandió la posibilidad de que acaben contaminando el terreno y acuíferos de los montes en los que está, desde hace ya más de siete años, esa piscina sellada con residuos de la marea negra.

Prueba “de la gran carga que suponen” esas 10.000 toneladas aún sin reciclar, insistió ayer Juanes en su alegato final, son esos “lodos tóxicos que se extienden por los montes” cercanos al polígono de Sogarisa, el Centro de Tratamiento de Residuos Industriales de Galicia, que han contaminando pozos y ríos en varios puntos de As Somozas, pero también de otros municipios como As Pontes, aseveró. “Provocan además un fuerte hedor y ponen en peligro la salud de los vecinos”, ahondó. El origen de esos lodos está aún por determinar (hay denuncias planteadas) y aunque se sospecha de una empresa de reciclaje vecina de Sogarisa, para Fernando Juanes, según dijo ayer en el juicio del Prestige, “demuestran” que los residuos del petrolero pueden aún causar un gran daño medioambiental y de salud.

Es uno de los argumentos que subrayó Juanes para reclamar una sentencia “ejemplarizante”, “que sea un aviso a navegantes” para que nunca más “vuelvan a ocurrir futuros Prestige”. Y más en Galicia, que sufrió cinco de las 11 mareas negras registradas en Europa. “Desapareció el reproche social” y “puede que un proceso tan largo provoque una devaluación de las penas que se impongan”. Pero, continuó el letrado, esta “catástrofe, la más importante de todos los tiempos en España”, requiere una firme condena. En su alegato, incluyó un reproche a la gestión del Gobierno: “Pese al apagón informativo, no se pudo ocultar la verdad”, apostilló.

Poco antes, y al igual que la Fiscalía, el abogado del Estado, que también asume la reclamación de daños de todas las autonomías afectadas, insistió al tribunal en que existen “instrumentos jurídicos” suficientes para “pedir responsabilidades ilimitadas” tanto si se aplica el Código Penal español como el convenio internacional relativo a los daños por derrame de hidrocarburos al que están sometidos tanto el dueño del petrolero como España. A través de una condena del capitán, Apostolos Mangouras, el Estado, a la vez demandante y acusado indirecto en este proceso, busca que paguen la abultada factura la naviera del barco y su aseguradora británica, The London P&I Club. El abogado del Estado reconoció que el límite estaría en el que marca la póliza del Prestige, mil millones de dólares. Y recordó que al haber adelantado la Administración española el dinero que “viene del bolsillo de todos los ciudadanos” para afrontar la catástrofe, hasta ahora “fueron las víctimas las únicas que soportaron todo el daño causado”.