Los creadores de Rilco pretendían amortizar la inversión en 20 años

El informe del Ministerio de Hacienda que dio origen a la investigación sobre las irregularidades detectadas en la creación del portal informático Rilco, que ahora están siendo juzgadas, revela que los impulsores de este proyecto pretendieron amortizar las ayudas recibidas del Gobierno en 20 años. Lo hicieron, según este documento, “para enmascarar el hecho de que Rilco era incapaz de generar ingresos” y evitar que se reflejaran pérdidas en las cuentas de resultados. Este estudio, de 93 páginas, examina la situación de la Zona Franca de Cádiz en 2004, tras ocho años de gestión del PP. También detecta otras irregularidades como la publicidad contratada con el Cádiz Club de Fútbol o el pago de dietas a los abogados del Estado por asistencia a plenos y comités.

La existencia de este informe se ha conocido muy avanzado el juicio que sienta en el banquillo a los dos ex delegados del PP en la Zona Franca, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna. Según declaró su inmediato sucesor en el cargo, el socialista José de Mier, un funcionario de la subsecretaría de Hacienda se pasó el verano de 2004 en Cádiz analizando el estado de las cuentas y los principales proyectos desarrollados entre 2000 y 2004. El informe trataba de dar luz a dos gestiones marcadas por el escándalo.

El documento está firmado por un funcionario de Hacienda, Juan A. Martínez Menéndez, aunque fue remitido a la Zona Franca por Juana Lázaro, la entonces subsecretaria de Hacienda. La mayor parte de las páginas se las lleva las irregularidades encontradas en la empresa Quality Food, que también están siendo investigadas penalmente, y 11 de ellas están dedicadas a Rilco. El funcionario hace constar que esta sociedad se constituyó en 2000 y fue adjudicada a la empresa Miami Free Zone, a pesar de que su oferta estaba plagada de fallos: no había certificación de la embajada, no hacía referencia a su solvencia económica, no presentaba desglose de personal. Sólo se valoró el aspecto técnico. Después se encargó un segundo contrato a Telvent. Se pagaron con anticipos reembolsables solicitados al entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología

Según este informe de Hacienda, Rilco nunca llegó a generar ingresos. “Esta sociedad ha celebrado dos contratos cuyo objeto es de dudosa utilidad a la vista de la inexistencia de ingresos y del plazo de amortización inusualmente alto para desarrollos tecnológicos, 20 años. Solo facturó por operaciones a la Zona Franca por servicios informáticos, traducciones o gabinete de comunicación. Las operaciones con terceros fueron siempre minoritarias y, en algunos años, inexistentes. El funcionario propone una auditoria para peritar “la realidad de la aplicación y servicios informáticos”.

Y eso es lo que hizo José de Mier, al que las defensas de los dos ex delegados acusan de cerrar Rilco por razones políticas. De Mier declaró que actuó contra el portal informático en virtud de este informe pero negó haberlo cerrado. Según él, no hizo falta porque nunca llegó a funcionar.

El informe de Hacienda desvela datos sobre otros negocios de los ex delegados del PP como la publicidad que en 2003 la Zona Franca contrató con el Cádiz Club de Fútbol para que el logo del Consorcio apareciera en sus camisetas. Pagó 210.000 euros al equipo. El funcionario, que fue perito en la causa contra el entonces alcalde de Marbella, Jesús Gil, por una publicidad similar en el Atlético de Madrid, cree que este acuerdo no se adecuó a la ley de contratos de administraciones públicas.

También recoge un toque de atención a los abogados del Estado, que, según este informe, cobraban por asistir a plenos y comités ejecutivos de Zona Franca y sus sociedades contraviniendo el real decreto 462/2002 que regula este tipo de indemnizaciones. El informe sirvió a estos letrados para articular la querella por los casos Rilco y Quality Food y a la Zona Franca para encargar una auditoría sobre el portal informático. Uno de esos abogados, Manuel Ponce, acude este jueves como testigo a la Audiencia Provincial en medio de las críticas de los ex delegados y del PP, que le acusan a él y su compañero, José Aurelio Ruiz, de haber denunciado unas irregularidades que ellos, como asesores de la Zona Franca, deberían haber evitado.