Detenido el expresidente de la patronal del metal por desviar dinero público

Antoni Marsal, que durante seis años presidió la poderosa Unión Patronal Metalúrgica (UPM) fue detenido ayer por la Guardia Civil por haber saqueado, presuntamente, las arcas de la entidad. Un juzgado de Barcelona investiga desde hace cuatro meses si Marsal se apropió de 310.519 euros que el Estado y la Generalitat dieron a la UPM para que organizara cursos de formación.

La Operación Cobi, ejecutada por la Guardia Civil, se saldó con la detención de otras dos personas: Magda Grau, jefa del departamento de formación de la patronal; y Cristina López, responsable del departamento fiscal y de administración. Por orden judicial, los agentes practicaron dos registros: uno en Sant Just Desvern —en el domicilio de Marsal— y otro en Barcelona, explicaron fuentes judiciales.

La juez mantiene abiertas tres líneas de investigación. La de mayor peso es la que afecta a la presunta malversación de dinero público. Según la querella interpuesta por diversos trabajadores de la UPM, Marsal era el encargado de decidir el “reparto económico” de esas ayudas públicas. En tres años, entre 2007 y 2009, la empresa MCR —que Marsal administra a través de una sociedad interpuesta— facturó 310.519 euros a la patronal que presidía con las partidas de formación. La querella añade algo más: Marsal no solo se pagó a sí mismo, sino que además “no existe evidencia alguna” de que la empresa “haya prestado ningún servicio a la entidad” en relación con los expedientes de formación.

Dos detenidas instaron a la plantilla de la UPM a denunciar las irregularidades

El 70% de los ingresos de la firma MCR, en esa época, procedían precisamente de su relación comercial fraudulenta con la organización.

Marsal trazó una hábil estrategia para tratar de ocultar las irregularidades: hizo pasar los pagos a su empresa como parte de los “gastos de gestión” que contemplan las subvenciones públicas. El presidente de la UPM es quien debe autorizar esos gastos. Según la querella, Marsal “entregó personalmente” a la directora de formación, Magda Grau, las facturas con el “mandato expreso” de incluirlas en ese apartado. Con el resto del dinero público —que constituye el grueso de la subvención— resulta más complicada la trama porque deben justificarse los gastos en aulas, profesores o material didáctico.

La empresa Cuatro 21, también propiedad de Marsal, facturó a la patronal otros 190.098 euros por trabajos igualmente ficticios. La diferencia es que, en este caso, el dinero no procedía de administraciones públicas. Además, el que fue número dos de la UPM, Ángel Hermosilla, cobró de la patronal a nombre de su mujer por unos trabajos que tampoco se prestaron. En total, según la querella, la cantidad desviada de la organización asciende a 745.395 euros. Aunque permanece imputado, Hermosilla no ha sido detenido ni citado a declarar ante la juez. Ayer, sin embargo, prestó declaración en las dependencias de la Guardia Civil para aclarar algunos hechos sobre la gestión de los cursos en la UPM, según fuentes judiciales.

Las arrestadas son las jefas de formación y de contabilidad de la patronal

Hace un año, la patronal estaba en números rojos y los trabajadores temían un recorte de plantilla. Por ese motivo, y tras descubrir las irregularidades, remitieron una carta a la junta directiva en la que exigían el cese de Marsal. El expresidente se vio forzado a dimitir. Lo curioso del caso es que dos de las personas de la UPM que movilizaron a los trabajadores para que denunciasen los hechos están ahora detenidas, según fuentes judiciales. La investigación de la policía judicial de la Guardia Civil ha acreditado que las exresponsables de formación y contabilidad de la UPM participaron, también, en la trama urdida por Marsal. La querella añade que el expresidente usó su “posición dominante” en la entidad para “presentar facturas falsas” y “lucrarse con ellas”, con una “deslealtad consciente”. El desfalco “puso en juego la supervivencia de las familias de los trabajadores” y a la propia entidad, concluye el texto.

Los detenidos fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en Travessera de Gràcia y pasarán hoy a disposición judicial. La juez les atribuye los delitos de malversación, apropiación indebida y falsedad documental. La operación sigue abierta y la magistrada ha decretado el secreto de sumario, precisaron las mismas fuentes.