Bruselas niega haber cuestionado el decreto contra los desahucios

La Comisión Europea ha rebajado el tono que el Gobierno español otorgó a las dudas de Bruselas sobre el decreto andaluz contra los desahucios. Un portavoz comunitario ha negado que esta institución haya enviado una carta al Ministerio de Economía cuestionando la legalidad de la norma autonómica. Lo que ha hecho Bruselas es enviar una comunicación al ministerio para pedir al Ejecutivo más información sobre ese decreto y su impacto en la banca española.

Esa toma de contacto, revelada la semana pasada por la agencia Efe, aludía a la supuesta preocupación que la norma andaluza había despertado en Bruselas por los posibles perjuicios que pudiera ocasionar al sector financiero. El decreto permite expropiar temporalmente inmuebles a las entidades financieras que se dispongan a desahuciar a sus propietarios, así como imponerles multas de hasta 9.000 euros por tener pisos vacíos sin sacarlos al alquiler. Fuentes comunitarias explican que Europa no puede cuestionar la legalidad del decreto (si se ajusta o no a la Constitución) y que no existen sospechas a priori de que hayan infringido las prácticas comunitarias.

Lo que sí puede pedir Bruselas (y de hecho es lo que pide) es que se estudie el impacto potencial de esas medidas en el sector financiero. Esa potestad obedece al préstamo de hasta 100.000 millones de euros —solo se han utilizado algo más de 40.000— que la Unión Europea concedió a España hace casi un año para sanear el sector financiero. Los compromisos que el Gobierno asumió a cambio de ese dinero (el llamado memorándum de entendimiento) establecen que la Comisión deberá ser informada de todas aquellas medidas sobre el sector financiero que, aunque no estén incluidas en el memorándum, puedan tener impacto en los objetivos de ese programa de ayuda.

El portavoz del comisario de Economía, Olli Rehn, avanzó que el Gobierno español tendrá oportunidad de dar más detalles sobre el decreto a la misión de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) que visitará España la semana que viene. Se trata de una visita ordinaria para hacer seguimiento de las medidas que está aplicando el Ejecutivo frente a la crisis.

Preguntado sobre esas puntualizaciones de Bruselas a la información divulgada por el Ministerio de Economía, el ministro Luis de Guindos aseguró que la comunicación recibida “no tiene por qué ser por carta” y sugirió que se ha realizado por correo electrónico. El término carta tiene unas connotaciones especiales en el lenguaje comunitario, pues normalmente alude al inicio de un proceso contra un país que puede acabar en sanciones. La Comisión Europea aclaró que nada de eso se ha producido en referencia al decreto andaluz contra los desahucios.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), exigió al Gobierno central que “aclare de una vez qué le ha comunicado la Comisión Europea, cuándo, en qué términos, en qué forma y con qué fin”. Cortés acusó al Ejecutivo de utilizar a la troika “para intentar inocular un miedo completamente infundado” al decreto andaluz. “Lo que no ha podido hacer con la Constitución en la mano porque el decreto es impecable jurídicamente lo quieren hacer esgrimiendo el memorándum de rescate financiero”, señaló la consejera, que recordó que ningún texto está “por encima” de la Carta Magna.

La Junta restó importancia a la visita que la troika realizará la semana que viene a España para conocer las últimas reformas económicas puestas en marcha por el Ejecutivo de Rajoy para combatir la crisis. “Lo que tiene que hacer el Gobierno, la Comisión Europea y la troika es acatar la voluntad de la ciudadanía andaluza”, señaló Cortés, que recordó que el Parlamento andaluz convalidó el texto de la norma sin ningún voto en contra. La consejera, además, emplazó a la ministra de Fomento, Ana Pastor, a que como responsable de la política de vivienda del Gobierno haga pública su opinión sobre el decreto, ya que el “protagonismo” del ministro de Economía en este debate revela, según Cortés, que el Ejecutivo “sigue considerando la vivienda como un mero activo en el balance de los bancos y no un derecho humano”.

El coordinador regional de Izquierda Unida y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, anunció que su formación va a presentar varias iniciativas para reclamar la comparecencia de dirigentes del Gobierno central y de la Unión Europea en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo para conocer la autoría del escrito remitido desde Bruselas pidiendo información sobre el decreto andaluz.