Un derecho en extinción

Los recortes en la Ley de Dependencia asfixian a los enfermos y sus familias. El Gobierno ha pasado de financiar la mitad de los recursos a aportar solo el 26%. La Junta admite que el sistema está en peligro

Rosa Guijo atiende a su hija Estefanía, dependiente severa.
Rosa Guijo atiende a su hija Estefanía, dependiente severa. JULIÁN ROJAS

"La paga a las cuidadoras de la dependencia se rebaja un 15%". "El Gobierno resta otros 200 millones de euros a la dependencia”. "El Ejecutivo dejará de cotizar por las cuidadoras”. "Salud calcula que se perderán 4.000 empleos de ayuda a domicilio”. Estos titulares publicados en este periódico en 2012 resumen algunas de las medidas más duras decretadas en los primeros meses del Gobierno de Mariano Rajoy contra el sistema de atención a los dependientes. Pero si la frialdad de los números nunca plasma fielmente la realidad que hay detrás, en el caso de la dependencia las cifras ni se acercan a reflejar el drama que dejan los recortes.

La vida de Rosa Guijo y su hija Estefanía sí que lleva marcada cada tijeretazo que se ha dado al sistema. La chica, que en agosto cumplirá 17 años, tiene reconocida una discapacidad del 89% y en 2009 su familia solicitó una ayuda a la dependencia. Los técnicos aconsejaron que lo mejor era una prestación para que cuidara de ella alguien de su entorno, en este caso su madre. Pero la ayuda no llegó hasta 2011. A Rosa le deben 16.000 euros de la retroactividad de esos dos años. La Junta tenía que haber empezado a pagar en 2012, pero no lo ha hecho.

Mientras la familia espera el dinero, los recortes han agravado la situación: la prestación de Rosa ha bajado de 520 euros a 440, el Gobierno ha dejado de cotizar por ella a la Seguridad Social y ha decretado el copago para los batidos hipercalóricos con los que se alimentaba la chica (que no puede tragar alimentos sólidos). “Los 440 euros los gasto casi enteros en medicamentos y pañales. Yo he tenido que dejar de cotizar y a la niña le hago comida normal líquida porque los batidos cuestan muchísimo”, cuenta Rosa. Para ella, su marido y los otros dos hijos de la pareja les queda el sueldo de él, que cobra el salario mínimo, 645,3 euros al mes.

En 2012 cotizaban 54.527 cuidadores familiares; hoy solo lo hacen 4.374

Los 183.186 dependientes (datos a 31 de marzo) de Andalucía beneficiarios de alguna prestación sufren situaciones parecidas a las de esta familia de Sevilla. Las personas que les cuidan, también. Cuando en julio de 2012 se aprobó el decreto por el que el Gobierno dejaba de cotizar por los cuidadores familiares, había en Andalucía 54.527 cuidadores cotizando. Hoy solo quedan 4.374.

La dependencia funciona como un sistema de vasos comunicantes entre todas las administraciones, que en tiempos de bonanza peleaban por atribuirse los logros del sistema y ahora esquivan las culpas. Cuando en 2007 se aprobó la Ley de Dependencia se diseñó una financiación compartida a partes iguales entre el Estado y la Junta. Así funcionó los primeros años, pero en 2012 se rompió definitivamente el equilibrio: de los 1.335 millones de euros que requirió la aplicación de la ley el año pasado, la Junta aportó el 74% y el Gobierno, el 26%.

“El Ejecutivo de Rajoy ha ido retirándose y así es muy difícil mantener el sistema”, señala Jesús Huerta, director de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. En 2012, el Gobierno recortó en 89 millones de euros los recursos destinados a la dependencia para la comunidad. La Junta estima que en 2013 el recorte llegará a 115 millones. En total, 214 millones que han dejado de llegar en dos años.

Huerta se afana por demostrar con datos que Andalucía está haciendo lo posible para tapar los agujeros que ha dejado el Ejecutivo central. “Hemos aportado 2,3 millones para paliar la reducción de la ayuda a las cuidadoras, que en vez del 15% en Andalucía es del 13,2%. Estamos en conversaciones con el sector para lograr un gran acuerdo que garantice la sostenibilidad”, explica. Pese a los recortes, añade el responsable de la agencia andaluza, los dependientes andaluces beneficiarios de prestaciones son el 25% del total (la población andaluza representa algo más del 18% de la española). “No podemos negar que tenemos dificultades. Hemos perdido el 20% del presupuesto. Pero intentamos compensarlo”, afirma.

El decreto de exclusión que aprobará el Consejo de Gobierno el martes contempla 20 millones de euros para frenar la caída del empleo en la ayuda a domicilio. La Junta transferirá ese dinero a los Ayuntamientos y las Diputaciones, encargados de pagar a estos trabajadores y que llevan meses protestando por las deudas que acumula el Gobierno andaluz. Pero ¿puede Andalucía suplir todo lo que deja de ingresar el Estado? Jesús Huerta admite que no. “Si el Gobierno sigue recortando, la dependencia está en peligro. Nosotros solos no podemos”.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, advierte de que los recortes en dependencia, además de “desalmados”, son “antieconómicos”: desde que se aprobó la ley este es el sector que más empleo crea en proporción a la inversión pública: 30 puestos de trabajo por cada millón de euros invertidos, además de un 43% de retorno económico a las arcas públicas en IVA, IRPF y Seguridad Social.

Ramírez ha sido muy crítico con la labor de la Junta en dependencia. “Era un sistema de asistencia amplía pero low cost”, apunta. Hoy admite que Andalucía “no puede hacer mucho más” con la situación que ha creado el Ejecutivo central. “Han desmantelado el sistema”. A la gestión actual del Gobierno andaluz le critica sobre todo la ralentización de las entradas de nuevos dependientes al sistema, que ha generado una lista de espera de casi 56.000 enfermos que tienen reconocido el derecho a prestación pero no han empezado a recibirla.

Pero el mayor temor de Ramírez es el mismo expresado en los últimos meses por los responsables de la Junta: los decretos estatales buscan privatizar la atención a los dependientes. “Pretende cambiar un derecho por un sistema basado en un subproducto financiero: el seguro privado de dependencia. Quien tenga dinero lo pagará y quien no, irá a la beneficencia”, predice Ramírez, que teme que la asistencia pública a los dependientes pasará a la historia como “un derecho efímero”. Una anécdota de los años dorados.

“Solo queremos para nuestros familiares lo que necesitan”

VALME CORTÉS

María Sans se resiste en inicio a las fotografías. “No me hagas fotos que ahora rompo la cámara”, dice a sus 87 años. “De joven era rubia, de pelo rizado y ojos azules… cuando pasaba un torero me echaba la capa”, recuerda entre risas. Es dependiente y padece párkinson y alzhéimer. En apenas unos minutos pasa de la sonrisa al llanto y mezcla sus recuerdos.

Desde hace siete años vive con su hijo menor y su nuera, Ana María Redó, que llegó de Barcelona hace tiempo para cuidar a su madre, ya fallecida. De cuidar a personas mayores sabe un rato, María no es la primera, ni la tercera. Ana lleva prácticamente toda su vida al cuidado de algún familiar aunque pocos ha estado dada de alta. Sabe, por la experiencia de los años, lo que necesitan. “Levantarlos, cambiarlos, poner una vía…”, enumera.

Como ella, más de mil personas se han unido en la plataforma Atrasos por la Ley de Dependencia en Andalucía. En su caso reclama a la Junta 7.654 euros de la retroactividad en la concesión de la ayuda y que tenían que haberle pagado por plazos desde marzo de 2012, aunque aclara que la deuda total es de 19.139 euros. “No pido que nos paguen los dos años de golpe, pero algo, una parte”, afirma. Las mensualidades sí llegan puntualmente, pero los 347 euros (antes 397) no son suficientes para atender las necesidades de su suegra.

“Hay que comprar los pañales, deberíamos adaptar la bañera, hacerle una dentadura nueva, pero no nos llega. Y eso que la silla de ruedas nos la facilitaron en el ambulatorio”. Ana María, su marido y su hijo viven desde hace años con María Sans. Recientemente se han mudado ya que vivían en un piso sin ascensor y ahora lo hacen en una casa al norte del municipio de Almuñécar (Granada).

Han optado por el barrio de Torrecuevas. El marido de Ana María está en paro y como la casa nueva tiene terreno plantan algunas verduras y crían animales. “Hay que ir tirando”, dice la cuidadora. Con los papeles sobre la mesa, reclama que “la Junta cumpla el contrato que tiene, pedimos que se cumpla la ley”.

María está pendiente de la conversación y a veces interviene. “No me llega para los dientes”, explica. “Al estar más delgada, no hay carne y en hueso la dentadura que tengo de antes me hace daño”, dice.

Aunque tiene momentos de enfado, en los que se vuelve agresiva, es evidente que María está a gusto con los cuidados de su nuera, lo que no impide que se emocione al recordar a los hijos que no ve tanto. “Mi marido era un gran cazador”, cuenta, “los sábados y domingos cogía la escopeta, se iba a la montaña, pegaba al conejo y lo traía… teníamos diez hijos”.

La cuidadora desea que su suegra “pueda gastar en vida el dinero que necesita y le ha sido reconocido”. Hacerle la vida un poquito más fácil. “Son personas que han sufrido mucho, ¿por qué tienen que seguir sufriendo ahora los dependientes?”. Está cansada de la respuesta de la crisis, “hay dinero que deben de antes”, critica, “y lo único que queremos es lo que nuestros dependientes necesitan”.

En un caso también angustioso se encuentra Victoria Tello, cuidadora de su hijo de nueve años, con dependencia severa. Viven en Motril. “Yo tenía trabajo fijo, lo dejé ya que la ley así lo exigía y ahora ya no tengo ni seguro ni nada”. El menor tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. “Duerme tres horas, no tiene sentido del miedo, ni del dolor”.

En concepto de atrasos le deben 6.000 euros que serían necesarios para el psicólogo, logopeda y el tratamiento que recibe. “Es muy cara la medicación, ahora nos está ayudando mi suegro, pero ese no es el plan”, explica. Igual que Ana María recibe puntualmente la mensualidad desde que le concedieron la ayuda, pero reclama los atrasos: “No queremos nada más que lo que nuestros dependientes necesitan, y que la Administración se deje de darnos excusas”, zanja.

Sobre la firma

Reyes Rincón

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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