Un derecho en extinción

"La paga a las cuidadoras de la dependencia se rebaja un 15%". "El Gobierno resta otros 200 millones de euros a la dependencia”. "El Ejecutivo dejará de cotizar por las cuidadoras”. "Salud calcula que se perderán 4.000 empleos de ayuda a domicilio”. Estos titulares publicados en este periódico en 2012 resumen algunas de las medidas más duras decretadas en los primeros meses del Gobierno de Mariano Rajoy contra el sistema de atención a los dependientes. Pero si la frialdad de los números nunca plasma fielmente la realidad que hay detrás, en el caso de la dependencia las cifras ni se acercan a reflejar el drama que dejan los recortes.

La vida de Rosa Guijo y su hija Estefanía sí que lleva marcada cada tijeretazo que se ha dado al sistema. La chica, que en agosto cumplirá 17 años, tiene reconocida una discapacidad del 89% y en 2009 su familia solicitó una ayuda a la dependencia. Los técnicos aconsejaron que lo mejor era una prestación para que cuidara de ella alguien de su entorno, en este caso su madre. Pero la ayuda no llegó hasta 2011. A Rosa le deben 16.000 euros de la retroactividad de esos dos años. La Junta tenía que haber empezado a pagar en 2012, pero no lo ha hecho.

Mientras la familia espera el dinero, los recortes han agravado la situación: la prestación de Rosa ha bajado de 520 euros a 440, el Gobierno ha dejado de cotizar por ella a la Seguridad Social y ha decretado el copago para los batidos hipercalóricos con los que se alimentaba la chica (que no puede tragar alimentos sólidos). “Los 440 euros los gasto casi enteros en medicamentos y pañales. Yo he tenido que dejar de cotizar y a la niña le hago comida normal líquida porque los batidos cuestan muchísimo”, cuenta Rosa. Para ella, su marido y los otros dos hijos de la pareja les queda el sueldo de él, que cobra el salario mínimo, 645,3 euros al mes.

En 2012 cotizaban 54.527 cuidadores familiares; hoy solo lo hacen 4.374

Los 183.186 dependientes (datos a 31 de marzo) de Andalucía beneficiarios de alguna prestación sufren situaciones parecidas a las de esta familia de Sevilla. Las personas que les cuidan, también. Cuando en julio de 2012 se aprobó el decreto por el que el Gobierno dejaba de cotizar por los cuidadores familiares, había en Andalucía 54.527 cuidadores cotizando. Hoy solo quedan 4.374.

La dependencia funciona como un sistema de vasos comunicantes entre todas las administraciones, que en tiempos de bonanza peleaban por atribuirse los logros del sistema y ahora esquivan las culpas. Cuando en 2007 se aprobó la Ley de Dependencia se diseñó una financiación compartida a partes iguales entre el Estado y la Junta. Así funcionó los primeros años, pero en 2012 se rompió definitivamente el equilibrio: de los 1.335 millones de euros que requirió la aplicación de la ley el año pasado, la Junta aportó el 74% y el Gobierno, el 26%.

“El Ejecutivo de Rajoy ha ido retirándose y así es muy difícil mantener el sistema”, señala Jesús Huerta, director de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. En 2012, el Gobierno recortó en 89 millones de euros los recursos destinados a la dependencia para la comunidad. La Junta estima que en 2013 el recorte llegará a 115 millones. En total, 214 millones que han dejado de llegar en dos años.

Huerta se afana por demostrar con datos que Andalucía está haciendo lo posible para tapar los agujeros que ha dejado el Ejecutivo central. “Hemos aportado 2,3 millones para paliar la reducción de la ayuda a las cuidadoras, que en vez del 15% en Andalucía es del 13,2%. Estamos en conversaciones con el sector para lograr un gran acuerdo que garantice la sostenibilidad”, explica. Pese a los recortes, añade el responsable de la agencia andaluza, los dependientes andaluces beneficiarios de prestaciones son el 25% del total (la población andaluza representa algo más del 18% de la española). “No podemos negar que tenemos dificultades. Hemos perdido el 20% del presupuesto. Pero intentamos compensarlo”, afirma.

El decreto de exclusión que aprobará el Consejo de Gobierno el martes contempla 20 millones de euros para frenar la caída del empleo en la ayuda a domicilio. La Junta transferirá ese dinero a los Ayuntamientos y las Diputaciones, encargados de pagar a estos trabajadores y que llevan meses protestando por las deudas que acumula el Gobierno andaluz. Pero ¿puede Andalucía suplir todo lo que deja de ingresar el Estado? Jesús Huerta admite que no. “Si el Gobierno sigue recortando, la dependencia está en peligro. Nosotros solos no podemos”.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, advierte de que los recortes en dependencia, además de “desalmados”, son “antieconómicos”: desde que se aprobó la ley este es el sector que más empleo crea en proporción a la inversión pública: 30 puestos de trabajo por cada millón de euros invertidos, además de un 43% de retorno económico a las arcas públicas en IVA, IRPF y Seguridad Social.

Ramírez ha sido muy crítico con la labor de la Junta en dependencia. “Era un sistema de asistencia amplía pero low cost”, apunta. Hoy admite que Andalucía “no puede hacer mucho más” con la situación que ha creado el Ejecutivo central. “Han desmantelado el sistema”. A la gestión actual del Gobierno andaluz le critica sobre todo la ralentización de las entradas de nuevos dependientes al sistema, que ha generado una lista de espera de casi 56.000 enfermos que tienen reconocido el derecho a prestación pero no han empezado a recibirla.

Pero el mayor temor de Ramírez es el mismo expresado en los últimos meses por los responsables de la Junta: los decretos estatales buscan privatizar la atención a los dependientes. “Pretende cambiar un derecho por un sistema basado en un subproducto financiero: el seguro privado de dependencia. Quien tenga dinero lo pagará y quien no, irá a la beneficencia”, predice Ramírez, que teme que la asistencia pública a los dependientes pasará a la historia como “un derecho efímero”. Una anécdota de los años dorados.