El próximo gran recorte social

Usted probablemente no sepa quién paga la escuela infantil a la que lleva a sus hijos o el sueldo del enfermero que asiste a sus ancianos padres. Son servicios públicos. Se pagan con sus impuestos y con eso basta. Pero ¿qué sucedería si mañana desaparecieran? ¿De quién sería la culpa? ¿Del Ayuntamiento, que ha dejado de prestarlos? ¿De la Comunidad, que ha dejado de pagarlos? Puede que eso no suceda jamás, pero si ocurre, vuelva la vista hacia el Gobierno. Siga leyendo y sabrá por qué.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó un papel que todavía tiene que someterse a variadas consultas, volver a ser refrendado en la misma mesa y pasar por el Congreso de los Diputados y el Senado antes de entrar en vigor. Por ahora es un joven y maleable anteproyecto de ley. Pero redactarlo ha costado meses de negociaciones a cara de perro con el PSOE y dentro del Gobierno, entre diferentes ministerios (Sanidad, Hacienda, Educación). Ayer, la mayoría de titulares periodísticos se ocuparon del sueldo de los alcaldes o de los miles de concejales que dejarán de cobrar por su trabajo. Pero, por debajo de esas disposiciones tan llamativas en este tiempo de desprestigio de la política, el anteproyecto incluía una profunda y drástica redefinición (o, realmente, definición) de las funciones de un Ayuntamiento.

“No lo vamos a poder hacer”, avisa la Comunidad

El Ejecutivo autonómico ha recibido con mezcla de estupor y rechazo absoluto la intención del Gobierno de transferir a las autonomías los servicios sociales y la educación infantil de los 179 ayuntamientos de la región. “Si el Estado no pone el dinero, no lo vamos a poder hacer”, avisan en la Comunidad. “¿Acaso pretenden la asfixia de las autonomías? Esta reforma, tal cual está, significa que los ciudadanos van a perder servicios. Y las comunidades asumirán la culpa”, apostillan.

El presidente regional, Ignacio González, conoció las intenciones de La Moncloa, también gobernada por el PP, siguiendo por televisión la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. La decisión se adoptó sin tener en cuenta a las autonomías. Sin informarlas. Manu militari. "Se lo han guisado y se lo han comido sin consultar nada... La esperanza que nos queda es que esto tiene una tramitación parlamentaria. Esperamos que al menos se pueden modificar algunos plazos, las fechas de entradas en vigor…", afirman desde la Comunidad.

La obligación de tener que asumir la financiación de esas partidas, una carga inesperada en plena crisis y que además incumple los principios del "coste cero" que, al menos sobre el papel, se iban a respetar en el traspaso de competencias entre Administraciones, deja al Gobierno regional en una situación muy incómoda. "Compartimos la filosofía del anteproyecto de Una Administración, una competencia, pero cada una de ellas tiene que estar financiada", observó el número dos de González, Salvador Victoria.

El consejero de Presidencia y Justicia resalta que asumir esas nuevas obligaciones es “inviable a corto plazo”. “Hay muchas competencias duplicadas, pero es inviable que venga a las comunidades cualquier nueva competencia que no esté financiada”, añade el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, que vuelve a reivindicar al Estado una revisión del sistema de financiación autonómica.

“No puede ser que la Administración regional asuma servicios que antes daban los municipios, que los daban precisamente porque los financiaba la Administración central”, insisten desde el Ejecutivo madrileño.

Las críticas al anteproyecto de ley aprobado el viernes también son contundentes desde IU. "Esta reforma es un golpe total al municipalismo, pretende convertir a los Ayuntamientos en los paganini de esta crisis, el pretexto con que se desguaza la autonomía municipal y se refuerzan las burocráticas", denuncia su coordinador general en Madrid, Eddy Sánchez. "Quieren acabar de golpe con el despliegue de inversiones y servicios públicos que han mejorado la calidad de vida de decenas de millones de ciudadanos. Todo para convertir a los Ayuntamientos en terminales administrativas, periféricas, meras delegaciones de las comunidades autónomas y del Gobierno", concluye Sánchez.

La mayoría de ellas ya estaban fijadas en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. A partir de esta norma, de 1985, los municipios fueron acumulando con el paso de los años un sinfín de competencias adicionales por la vía de los hechos consumados: había dinero, y reportaba votos. La gran depresión les pilló con el pie cambiado, y dejó a muchos al borde de la bancarrota. El Gobierno de Mariano Rajoy (PP) apuntaló el año pasado las finanzas municipales con medidas extraordinarias, pero fue el viernes cuando puso la primera piedra de una reforma local merecedora de tal nombre. Reforma que, al contrario de lo que solicitaban los Ayuntamientos, no pasa por reforzar la financiación sino por limitar los gastos (y servicios).

Efectivamente, el anteproyecto recoge la mayoría de competencias municipales de la ley de 1985, pero no todas: elimina “la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”, limitando la función de los Ayuntamientos a la “evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. “La prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social” pasa a ser responsabilidad de las comunidades autónomas. Por acuerdo mutuo, podrán delegar en los Ayuntamientos, pero serán ellas las que sufraguen esos servicios.

El anteproyecto de ley aprobado el viernes establece un plazo de un año para que las autonomías asuman la cobertura de esas prestaciones, o cuando menos su financiación. Y deja en sus manos “establecer a partir de ese momento las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio”. Es decir, los recortes que deseen. Porque el Gobierno es muy claro en una cosa: no habrá financiación adicional. Deja abierta eso sí, aunque sin enunciarla, la posibilidad a detraer parte del dinero que se transfiere a los Ayuntamientos cada año para compensar el cambio de competencias. En caso de no avanzar por este camino, las autonomías, que apenas pueden pagar sus facturas ya, deberán hacerse cargo de los servicios sociales municipales sin financiación adicional. O eliminarlos.

En el caso de la Comunidad de Madrid (PP), el presupuesto de la Consejería de Asuntos Sociales asciende en 2013 a 1.249 millones de euros, el 8% del total. ¿Cuánto supondría aglutinar el gasto municipal? Las principales ciudades de la región por población son Madrid (3.213.000), Móstoles (206.000), Alcalá (204.000), Fuenlabrada (199.000), Leganés (184.000), Getafe (169.000), Alcorcón (169.000), Parla (121.000), Torrejón (116.000) y Alcobendas (110.000). Suman 4,7 millones de personas, el 72% de la población de la región. Tomándolas como referencia, se puede aproximar el gasto adicional para la Consejería de asumir los servicios sociales municipales. Encabezados por la capital, donde más de 50.000 personas reciben ayuda a domicilio y 137.000 cuentan con asistencia telefónica, estas ciudades suman 530 millones de euros en esta área. Asumir esa cantidad supondría un aumento del 42% sobre el presupuesto regional de asuntos sociales.

Pero no sería ese el único gasto adicional cargado contra las cuentas regionales por esta nueva división de competencias. Entre las funciones que los Ayuntamientos han ido sumando sin cobertura normativa en los últimos 30 años, hay varias que, pese a que los ciudadanos las ven ya como fundamentales, no podrán seguir ejerciendo a partir de la aprobación de la nueva ley. Dos de ellas son especialmente llamativas: los servicios de emergencias sanitarias y las escuelas infantiles. El Samur es un pilar fundamental del Ayuntamiento de Madrid. Tanto es así que lo defiende como competencia propia acudiendo a su labor de protección civil. Pero es un servicio médico, y como tal debería recaer en la Comunidad. Hasta ahora, la alcaldesa, Ana Botella (PP), y el presidente regional, Ignacio González (PP), parecían inclinarse por que el Samur siguiera en manos municipales, ampliando sus labores al interior de las viviendas (hasta ahora, sólo actuaba en la vía pública); el Summa regional dejaría de hacerlo y se concentraría en dar servicio al resto de municipios. El presupuesto del Samur es de 47 millones de euros. Perder ese servicio supondría un fuerte daño político para el Ayuntamiento de la capital.

Pero la Comunidad debería asumir muchos otros, entre ellos las escuelas infantiles. En este caso, el periodo de adaptación sería mayor: cinco años, a un ritmo del 20% por ejercicio; de nuevo, las autonomías “podrán establecer las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio”. En concreto, durante el primer año deberán elaborar “un plan de evaluación y reestructuración de los servicios”.

O sea: más recortes.

La partida regional para Educación Infantil, Primaria y Especial es de 1.390 millones de euros, sobre un total en esa área de 4.230 millones, algo más de un cuarto de todo el presupuesto de la Comunidad. La capital tiene 55 escuelas infantiles, con una oferta de 7.059 plazas, que ascienden a 8.232 sumando las concertadas. Su partida de preescolar y primaria es de 28,4 millones. Los diez municipios con mayor población suman un gasto total en esta área de 90 millones. A esta cifra habría que sumar el coste de la vigilancia y mantenimiento de todos los centros escolares, ahora en manos municipales.

Sumados todos los costes de las transferencias de competencias ordenadas por el Estado, se aproximarían o incluso superarían los 1.000 millones de euros que pusieron en pie de guerra a la Comunidad contra el Gobierno central a finales del año pasado. El Gobierno de Ignacio González reclamaba esa financiación adicional, que le fue negada por el Ministerio de Hacienda. Eso sirvió a la Comunidad para justificar nuevos recortes y la profundización en el modelo de privatización de la Sanidad pública.

¿Podrán los Ayuntamientos seguir prestando servicios sociales, aunque no sean de su competencia? Sí, si la Comunidad los delega y financia. En caso contrario, será extremadamente difícil, puesto que deberían justificar ante el Gobierno regional que no constituyen una duplicidad respecto a sus competencias; y ante el Ejecutivo central que no pone en riesgo la prestación del resto de servicios municipales, muy dañados en estos años de crisis.

El próximo gran recorte social ya está en marcha.