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OPINIÓN

Privatizaciones y transparencia

Con el campo de la corrupción abonado, la privatización de ATLL siembre dudas sobre un poder que se considera infalible

La búsqueda de estructuras de Estado avanza imparable sobre el papel, constreñida de momento al terreno de los propósitos. El pasado jueves se constituyó el Consejo de Transición Nacional (CTN), porque en el viaje a Ítaca se precisan muy buenos asesores. La expedición puede abortar por los cantos de sirena o las barreras de arrecife, pero no hay que descartar que la incompetencia o el amotinamiento de la tripulación sean el motivo del naufragio.

La creación del CTN fue una de las condiciones que Esquerra impuso a Mas para firmar el pacto de legislatura que le hizo presidente. La función del organismo es asesorar al jefe del Ejecutivo en el proceso que tiene el fin confeso de preparar la consulta de 2014. El CTN tiene una triple virtud: cohesiona al soberanismo catalán, hace otro tanto con el españolismo en Cataluña y consigue enervar a las fuerzas vivas de la “nación amiga”. A este consejo se le supone una utilidad por demostrar y que si de algún dirigente de CiU dependiera nunca llegaría a transustanciarse.

Pues bien, mientras el Gobierno y sus aliados buscan nuevas estructuras de Estado, hacen chirriar otras más antiguas. Y es que en la misma reunión en que se avanzaba en la creación del CTN, la propia Generalitat anunciaba que iba a recurrir contra una resolución de otra estructura de Estado ya en funcionamiento. Y es que al Gobierno de CiU no le ha gustado que el organismo que fiscaliza los contratos públicos —Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC)— le enmiende la plana al hallar irregularidades en la privatización y adjudicación de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a la empresa Acciona. El grupo que preside José Manuel Entrecanales presentó un proyecto de mejora de la red de suministro con un plazo de ejecución superior a 10 años, por encima del máximo previsto en el pliego de condiciones, según razona la resolución. Ese incumplimiento de una de las bases del concurso abarataba la oferta de Acciona frente a su competidora Agbar. La resolución del OARCC se produjo solo cinco días después de la firma de la adjudicación de la ATLL a Acciona. Y aquí empieza el cúmulo de sospechosas y atropelladas urgencias por parte del Ejecutivo: lo firmó el consejero saliente y en funciones de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, el mismo día que el actual Ejecutivo —con Santi Vila como relevo— tomaba posesión del cargo.

El Gobierno ha reconocido que la decisión de la OARCC es “ejecutiva y vinculante”, pero pese a todo ha decidido recurrir contra esa resolución de su propia administración por la vía contencioso-administrativa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El flamante consejero de Presidencia, Francesc Homs, reconocía la “profesionalidad” de quienes habían hecho la adjudicación y, con menor énfasis y a petición de los periodistas, la de los otros funcionarios (los de la OARCC) que la habían invalidado.

Lo peor de este despropósito político-administrativo es que, de ser invalidada por el TSJC la adjudicación, Acciona exigirá la devolución de los 298,65 millones pagados el pasado 27 de diciembre como primer canon concesional y la reparación por los daños y perjuicios causados. Todo con cargo al erario público. La mala gestión del Gobierno Mas es innegable. Sin entrar a debatir la oportunidad de la privatización de un servicio básico, el Ejecutivo, en su obsesión por recortar déficit y hacer caja, ha incurrido en una irregularidad que amenaza con castigará las maltrechas y recortadas cuentas públicas.

Además, esta privatización exprés huele inevitablemente a chamusquina cuando el campo de la corrupción está abonado: el caso Palau, en el que CDC tiene un ex tesorero imputado y la sede central en depósito como fianza judicial; o el caso ITV, que amenaza las cabezas de notables convergentes. La privatización de ATLL siembra dudas sobre un poder que se considera infalible mientras somete a la ciudadanía a dieta de austeridad. Exigir que el dinero público se maneje con respeto no debería ser una demanda utópica. Mientras la nueva CiU extiende sobre la mesa su carta de navegación hacia Ítaca, podría empezar por gestionar con transparencia. Y por mostrar respeto hacia la ciudadanía y las estructuras de Estado ya existentes.