Salud fracasa en su intento de privatizar un CAP en Tarragona

El Departamento de Salud de la Generalitat ha fracasado en su intento de privatizar un Centro de Atención Primaria (CAP) en Tarragona. La Generalitat convocó un concurso para desprenderse de la gestión de los servicios sanitarios del área básica de salud del CAP Muralles, pero el proceso ha sido declarado “desierto”.

El centro da cobertura a más de 20.000 personas y está gestionado por la empresa pública Gestión y Prestación de Servicios Sanitarios de Salud (GIPSS), proveedora del CatSalut. La Generalitat convocó el concurso en octubre, y aunque se había interesado por el equipamiento la Xarxa Sanitaria de Santa Tecla (una red concertada), al final solo presentaron candidatura los trabajadores del CAP Muralles. Unos 30 empleados decidieron unirse en una Entidad de Base Asociativa (EBA) ante la amenaza de nuevos recortes. Concurrieron al concurso reconvertidos en SL bajo el nombre de Salud Muralles. Sin embargo, la Genenalitat desestimó su oferta. El motivo, según la resolución firmada por el director del CatSalut, Josep Maria Padrosa, es “la falta de justificación de la solvencia económica de la entidad licitadora”.

Previamente, empleados del centro habían aportado hasta 6.000 euros para concurrir al concurso, avalando con su patrimonio el resultado de la gestión. Aun así, el CatSalut no lo aprobó. El presupuesto de la licitación estaba cifrado en 2,38 millones de euros, con un canon de explotación de 17.900 euros. Además, el valor estimado del contrato escalaba hasta los 23,8 millones.

Ahora la Generalitat ha abierto un proceso negociado con los trabajadores del Muralles, ya que fueron los únicos que se presentaron al concurso. En todo caso, la adjudicación se hará con un precio a la baja, que no podrá ser superior a 2,38 millones de euros anuales. El director del CAP Muralles, Ramon Monegal, ha desestimado explicar su postura a este diario. Se prevé cerrar el acuerdo a principios de 2013.

Tras el anuncio del concurso de diversos centros, el PSC ha alertado de las empresas privadas que podrían concurrir a ellos, como el CAP de L’Escala, adjudicado a la multinacional Eulen. “La introducción de proveedores con afán de lucro es una línea roja”, alerta Núria Segú, diputada del PSC en el Parlament.