El Gobierno vasco renuncia a pagar la extra tras paralizarla el Constitucional

El Gobierno vasco en funciones ha acabado por ceder y a última hora de este martes comunicó que acataba la orden del Tribunal Constitucional que le obliga a dar marcha atrás con el abono de la paga extra de Navidad a los 70.000 funcionarios y empleados públicos dependientes del Gobierno autonómico.

En una nota explicaba que el Ejecutivo “ha actuado con total responsabilidad y coherencia” en este asunto, defendiendo hasta el final las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma, pero asumiendo también que la resolución del alto tribunal, aceptando a trámite el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy, y por lo tanto suspendiendo el acto administrativo del abono de la paga, está por encima de sus convicciones.

“Pese a no compartir el acuerdo del alto tribunal este Gobierno siempre ha manifestado su respeto al sistema democrático y a las decisiones jurisdiccionales”, cita la nota. “Por ello en el momento en el que reciba oficialmente la comunicación del TC se adoptarán las medidas necesarias para su debido cumplimiento”, concluye el Gobierno vasco.

El lehendakari socialista, Patxi López, que había decidido inicialmente ignorar esa decisión y ganar tiempo otras 24 ó 48 horas, —dependiendo de la rapidez con la que llegue la comunicación escrita— ha acabado por rebajar la tensión.

Fuentes del gabinete jurídico del Ejecutivo autonómico indicaron este martes que, en caso de recibir la comunicación a lo largo del día de hoy, aprovecharán la sesión parlamentaria de investidura del próximo presidente vasco, —se celebra este miércoles o el jueves— para anunciar de forma pública la retirada de la paga. Pero también dejaron muy claro que si la comunicación no llega, no darán la orden de paralizarla.

Durante una buena parte de la tarde, la Presidencia especuló con la posibilidad de encargar otro informe jurídico para retrasar el efecto de la admisión a trámite del Tribunal Constitucional, e incluso recurrir esa decisión. Finalmente, si la comunicación llega este miércoles, el Ejecutivo ordenará a los bancos que retiren las órdenes de transferencia de los 207 millones de euros y pasar al plan B, el que ya les propuso el PNV.

El partido de Iñigo Urkullu se ha mostrado partidario durante todo este proceso, de adelantar a enero la paga de extra de junio de 2013. Una fórmula que va a poner en marcha la Diputación Foral de Bizkaia, también del PNV, como una manera de eludir el mandato del Decreto Ley del pasado julio en el que el Gobierno popular eliminaba la extra para todos los empleados públicos.

La decisión del Tribunal Constitucional ha puesto fin a un enfrentamiento que ha mantenido en vilo a toda la plantilla del Gobierno. Las 70.000 familias vascas que dependen de la administración autonómica han actualizado sus cartillas en estos seis últimos días más veces que en los últimos seis meses.

Pero además ha metido mucha presión a los funcionarios que tenían que firmar el abono, y a los empleados de los bancos que tienen que generar el correspondiente fichero de sus clientes y darle al enter.

De hecho, unos 2.500 funcionarios recibieron a lo largo de la mañana de este martes el ingreso de la nómina en sus cuentas. Una confusión en algunos casos y quizás las prisas en otros, hicieron que durante unos minutos muchos funcionarios tuvieran la paga en su poder. El BBVA, una de las dos entidades afectadas, aclaró que no se trataba de ningún error, pero Ipar Kutxa lo consideró así. En cualquier caso los dos bancos lo retiraron de las cuentas minutos después.

Pero ese no fue el único episodio fruto de la tensión. Uno de los altos funcionarios que tenía que firmar el abono, el considerado último trámite de la cadena de mando del propio Gobierno vasco previa al abono, se negó inicialmente a hacerlo alegando que podría ser sancionado.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, fue el primero que advirtió de las consecuencias que podría tener para los funcionarios firmar las órdenes de pago. Urquijo hablaba de sanciones como la inhabilitación.

El argumento que ha utilizado la administración del Estado durante todo el proceso, es que un decreto ley es de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas. Incumplirlo a sabiendas que se está obrando mal “podría tener consecuencias penales”, advirtió Urquijo.

A lo largo de estos tres años y medio de legislatura, y hasta ahora, ninguna de las dos administraciones había levantado el pie del acelerador en su enfrentamiento. El fuego cruzado entre Madrid y Vitoria, con el alto tribunal de fondo, asciende a 25 recursos de inconstitucionalidad. La mayoría de ellos interpuestos por el País Vasco cuestionan los recortes sociales en sanidad, educación, y salariales.

El enfrentamiento se ha trasladado incluso a los flujos financieros entre los dos gobiernos. El Ejecutivo vasco le está reclamando al central, debido a discrepancias en la valoración del Cupo y de diversas transferencias, un total de 798 millones de euros, el 56% más que lo que le reclamaba hasta junio.