Ibarra sitúa a los tribunales como un contrapeso ante la reforma laboral

La Justicia parece empeñada en asumir uno de los discursos más sociales frente a la crisis ys sus consecuencias en los ciudadanos. El presidente del Tribunal Superior vasco, Juan Luis Ibarra, lo evidenció ayer de nuevo, al referirse a la magistratura como el “contrapunto de reequilibrio imprescindible” frente a la “voluntad unilateral de los empresarios” que, en materia de trabajo, faculta la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. “Corresponde a la judicatura preservar los límites configuradores de los derechos sociales respecto de las exigencias de consecución de una mayor eficiencia en el mercado de trabajo”, proclamó.

Al igual que en los dos ejercicios anteriores, Ibarra volvió a esgrimir su discurso más social con motivo de la apertura del Año Judicial en Euskadi. Ante las numerosas autoridades que le escuchaban, recriminó que la reforma comporta un “neto reforzamiento del poder individual del empresario”, así como una “visible merma del poder contractual colectivo de los trabajadores”. Un contexto ante el que situó a la jurisdicción social como garante de la “efectiva tutela de los derechos socioeconómicos” de los ciudadanos.

El máximo responsable de la judicatura vasca no hizo sino reflejar hechos que en los últimos meses se han sucedido en los distintos tribunales. Apenas unos días después de la entrada en vigor de la reforma laboral, en febrero pasado, la Sala de lo Social del propio Superior sentó ya “jurisprudencia interpretativa” sobre salarios devengados, recordó. “Fue una resolución muy aplaudida por la doctrina”, recordó ayer Ibarra. Con todo, alertó sobre los perniciosos efectos que sobre la actuación de los juzgados puede tener el “sensible” aumento de la litigiosidad detectado.

Fue en este punto cuando el responsable del Superior hizo orgánicos sus reproches, al incidir en el “colapso” del proyecto de modernización de la Justicia. En línea con el malestar generalizado de jueces y fiscales, que en los últimos días han manifestado su rechazo a las reformas planteadas por el minsitro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, e incluso han planteado la posibilidad de una huelga de protesta, Ibarra recriminó las “dinámicas ciegas” y hechos “tozudos”. Entre ellos citó el retraso en la implantación de la nueva oficina o el hecho de que en 2012 no se haya creado en España ningún nuevo órgano judicial. “Ninguno”, enfatizó. Un caótico escenario del que libró a Euskadi, donde la “inteligencia cooperativa” ha permitido ocupar posiciones de liderazgo.

El entendimiento entre instituciones resultó evidente. El lehendakari, Patxi López, encabezó junto a Ibarra la apertura del nuevo curso judicial. Fue una reedición de lo ocurrido en 2011, cuando el máximo responsable de la judicatura reclamó un giro social en defensa de los afectados por la crisis y su homólogo político recogió el guante, al anunciar un plan de lucha contra los desahucios que culminó con la creación del Servicio de Mediación Hipotecaria. Más de un centenar de ciudadanos se han beneficiado ya del mismo durante sus cinco meses de funcionamiento.

El presidente del Superior critica el refuerzo del poder del empresario

Ayer, López llevó más allá su compromiso, al anunciar la adopción de medidas, “legislativas incluso”, contra la ejecución hipotecaria a personas en paro. “Con dinero público hemos ayudado a las entidades financieras. Corresponde ahora hacer un esfuerzo a esos bancos para que ningún ciudadano se vea necesitado de rescate. No podemos permitir que nadie se quede en la calle”, afirmó.

Fue un guiño a la reivindicación que en los últimos días han enarbolado jueces progresistas como Edmundo Rodríguez, magistrado de la Audiencia de Álava. La iniciativa, sin embargo, no tendrá recorrido en la actual legislatura, debido a la proximidad de las elecciones autonómicas del 21 de octubre. Corresponderá al próximo Gobierno vasco adoptar, en su caso, las medidas que estime oportunas en esta materia.

Ibarra y López fueron los grandes protagonistas de un acto al que también acudieron la consejera de Justicia, Idoia Mendia; el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, y los tres vocales para el País Vasco del Consejo General del Poder Judicial: Félix Azón, Manuel Almenar y Margarita Uria.