Mas-Colell rechaza investigar las preferentes en el Parlament

El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, dejó ayer meridianamente claro que ni el Gobierno catalán ni Convergència i Unió (CiU) están por la labor de que la venta de acciones preferentes por parte de las cajas catalanas sea investigada en el Parlament de Cataluña. El consejero aseguró en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Gobierno que la comisión de investigación parlamentaria debe limitarse a investigar las cajas “que han recibido dinero público”.

CiU y el PP coinciden en que solo las cajas que han tenido que recurrir al FROB deben ver investigada su gestión. La izquierda pide que se investigue también la venta de preferentes. La diferencia entre una y otra investigación es si Caixabank, que ha vendido participaciones preferentes pero no ha recurrido al FROB, debe o no responder de su gestión ante el Parlament. Mas-Colell rechazó que los gestores de Caixabank deban dar explicaciones. El consejero recalcó que “no tendría ningún tipo de sentido que el Parlament se dedicase a poner el dedo en el ojo” a una de las tres grandes entidades financieras españolas que han comercializado preferentes, en alusión a Caixabank, cuando también lo han hecho el BBVA y el Santander.

Nueva legislación

“Tengamos cuidado en el Parlament a la hora de poner el dedo en el ojo a empresas privadas con sede en Cataluña”, porque quizá en el futuro preferirán irse a otro lugar donde no se las fustigue, indicó.

Por otra parte, el Gobierno aprobó el proyecto de ley para preservar la obra social de las cajas que se han convertido en bancos y han recibido ayudas públicas, mediante su transformación en fundaciones de carácter especial.

El texto establece que la conversión en fundación comporte que pierdan su condición de entidades de crédito y que se financien de aquellas de las que procedan, de recursos propios y de otras transferencias. Las fundaciones tendrán un patronato de 20 miembros, el 75% de ellos vinculados al sector privado. Los patronos —cuyo mandato será de seis años— serán de las entidades fundadoras, organismos que aporten recursos o desarrollen una actividad parecida a la de las fundaciones, o personas de reconocida trayectoria propuestas por el patronato.

Las entidades tienen seis meses para aprobar la creación de las fundaciones, los estatutos y la lista de patronos. Del control de las fundaciones se encargarán los departamentos de Economía y Justicia.