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Las Diputaciones envían datos fiscales a Madrid para saber la aportación al copago

L. S.
Bilbao -

Las instituciones vascas reaccionaron ayer al unísono respecto al copago sanitario. De un lado, el Gobierno, según dijo Idoia Mendia, hará “todo lo posible” para que “ningún ciudadano vasco note los efectos de los decretos del Gobierno central”, con medidas como una normativa propia o con la compensación del gasto que pueda suponer la aplicación del copago sanitario.

A su vez, la Diputación de Álava (PP) ha aprobado un decreto normativo “de urgencia fiscal” para la cesión de datos de sus contribuyentes a la Seguridad Social, con el fin de que se determine cuál debe ser su aportación al pago de medicamentos, de acuerdo a las modificaciones en el sistema de copago farmacéutico aprobadas por el Ejecutivo central.

En la misma línea, la Diputación de Bizkaia ha aprobado la modificación de la Norma Foral General Tributaria para permitir la cesión de los datos de los contribuyentes al Instituto Nacional de la Seguridad Social con el fin de elaborar las listas del copago farmacéutico. El portavoz foral, Juan María Aburto, detalló que esta medida no supone “favorecer el copago”, cuya aplicación es “competencia única y exclusiva” del Gobierno vasco. La urgencia en la aprobación se debe a la “inmediatez” de la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación de las prestaciones farmacéuticas del sistema nacional de salud, “haciendo depender el porcentaje de aportación de cada beneficiario de la base liquidable de su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”, declaró Aburto.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social reclamó hace unos días a las haciendas forales los datos fiscales, de cara a la implantación, a partir del 1 de julio, del copago de los fármacos.

En cuanto al Gobierno vasco, que mantiene su oposición al copago, Mendia explícó que “está trabajando” para que algunas medidas del decreto aprobado por el Gabinete de Rajoy “no se vayan a tomar en cuenta” porque son “discrecionales”, una circunstancia que permitiría su no aplicación en Euskadi.

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