Rasquera coló como aval a Hacienda los futuros beneficios de la marihuana
El municipio apeló a la previsión de ingresar 600.000 euros del cannabis para poder devolver el préstamo destinado a pagar a los proveedores
El Ayuntamiento de Rasquera (Ribera d’Ebre, Tarragona), uno de los más endeudados de Cataluña, solicitó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acogerse al plan de pago a proveedores para poder hacer frente a las facturas pendientes. Hacienda aprobó conceder el crédito al municipio tarraconense, aunque este incluyó como garantía principal para poder devolver el dinero unos ingresos envueltos en polémica: los obtenidos con el cultivo de marihuana a gran escala que impulsa el Ayuntamiento de la localidad con un club de fumadores privado, la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA), que cuenta con 5.000 socios.
El Ayuntamiento dio a conocer el plan de ajuste el 30 de marzo durante una sesión plenaria. Presentó entonces certificaciones de facturas pendientes de pago por un importe de 755.162 euros. De estos, 221.384 los deben diferentes órganos de la Administración y una cantidad inferior (68.905 euros) estaba ya en trámite para ser abonada.
A continuación, se detallaron las principales medidas previstas “para poder cumplir con la capacidad de retorno de la operación”. Entre ellas, se prevé destinar a pagar el préstamo los 51.000 euros de las subvenciones otorgadas por la Diputación de Tarragona hasta el 2022, así como lo obtenido con el incremento de los ingresos por impuestos sobre las construcciones urbanas en zonas rústicas, de unos 60.000 euros a partir del próximo año, según las previsiones del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento
Pero estas cantidades son mínimas para poder hacer frente al crédito solicitado, con lo que Rasquera incluyó en el plan de ajuste presentado al Ministerio de Hacienda 600.000 euros de las ganancias de las plantaciones de marihuana, dinero que prevé conseguir en un tiempo récord: solo dos años. El Ayuntamiento evitó referirse explícitamente al origen de estos ingresos con la siguiente frase: “Para conseguir el equilibrio financiero también se prevé destinar a estas medidas de saneamiento un porcentaje de unos 600.000 euros que aportaría la empresa pública RRICA durante 2012, 2013 y 2014 en función del volumen de actividades que gestione en el ámbito de la gestión de las actividades que se deriven del plan anticrisis 2012”.
La empresa pública a la que se refiere se creó hace unos meses y, aunque sus siglas sean RRICA, su nombre completo es Rasquerana de Recerca i Interpretació de la Varietat Vegetal Cannabis Sativa L. En el plan anticrisis también se incluye la promoción de la cabra blanca, típica de Rasquera, y otros productos locales, como los pastissets.
A pesar de presentar como garantía para poder afrontar la operación de saneamiento las ganancias conseguidas con la droga ilegal, el 30 de abril el Ayuntamiento recibió el informe favorable del Ministerio de Hacienda sobre el plan de ajuste. En total, el Gobierno aprobó un crédito de 740.626 euros. “Los primeros sorprendidos fuimos nosotros”, admite el alcalde de Rasquera, Bernat Pellisa. Según explica, además, ya se ha empezado a recibir el crédito para poder liquidar las facturas pendientes con los proveedores.
Rasquera, con 962 habitantes, tenía una deuda de 1,1 millones de euros, según consta en la documentación entregada por el municipio a las Administraciones. Sin embargo ahora, según el rescate pedido al Gobierno, la deuda total se dispara hasta 1,6 millones de euros. El Ayuntamiento decidió durante un pleno celebrado el 29 de febrero plantar cannabis con el voto a favor de los cuatro miembros del equipo de gobierno, ligados a ERC, y el rechazo frontal de la oposición, formada por tres regidores de CiU. Además, el 56% de los vecinos de Rasquera aprobó en una sonada consulta popular el pasado 10 de abril el cultivo de marihuana para sanear las maltrechas arcas municipales.
“Quien nos tomaba
El contrato firmado con ABCDA estipula la cesión de los terrenos de una finca privada para llevar a cabo la plantación de la droga, por la que el club pagará 1,3 millones de euros en dos años, e incluso ya realizaron un abono de 30.000. Pero el cannabis no lo tendrá fácil para florecer en Rasquera: el Gobierno intenta frenar la plantación y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona ya admitió a trámite un recurso presentado por la Abogacía del Estado con el objetivo de invalidar los acuerdos establecidos entre el club de fumadores y el Ayuntamiento de Rasquera.
En paralelo, la fiscalía también inició una investigación y solicitó toda la información del proyecto. Que el Ministerio de Hacienda, encabezado por Cristóbal Montoro, haya aceptado ahora el plan de saneamiento incluyendo los ingresos de la marihuana, da pie a Pellisa a seguir adelante con sus intenciones. “Nos da toda la legitimidad del mundo. Quien nos tomaba por una pandilla de frikies que empiece a callarse”, advierte el alcalde.
Pellisa, que prometió que dimitiría si no conseguía el 75% del apoyo de los vecinos en el referéndum sobre la plantación y aún no ha dimitido, ha anunciado para dentro de 15 días una rueda de prensa en la que explicará “novedades” sobre su futuro político y el asunto del cannabis.
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