Un sistema para ocultar la corrupción

El despliegue policial de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que detuvo el jueves, por orden de la juez Nieves Molina, a cinco personas perseguía a los factureros de la trama que captó al menos seis millones de euros de las ayudas a países del tercer mundo otorgadas por la Generalitat. El objetivo eran las personas encargadas de confeccionar las facturas falsas que servían para desviar los fondos públicos otorgados a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el caso de la cooperación.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga el saqueo de las ayudas a la cooperación articulado en torno a la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía que dirigía el exconsejero Rafael Blasco, ahora portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, elevó durante la madrugada de este viernes el número de imputados a 27. Cinco personas fueron detenidas el jueves por la mañana, con registros en viviendas y sedes de empresas ficticias. Pasaron a disposición judicial a partir de las seis de la tarde. Y pasadas la una y media de la madrugada del viernes, los cinco nuevos detenidos quedaron en libertad pero imputados en la causa, cuatro de ellos con medidas provisionales, como la de comparecer una vez al mes ante los juzgados. Fuentes del caso explican que todos ellos, administradores de empresas sin actividad, eran factureros.

La trama tejida en torno a la consejería de Blasco, una organización de empresas y ONG creada ex profeso a la llegada del político del PP a finales de 2007 en torno a la Fundación Solidaridad entre Pueblos, que luego cambió el nombre a Fundación Hemisferio, no inventó ningún sistema nuevo. Según fuentes de la investigación, después de destaparse la trama de ONG que captaban los fondos de la Generalitat con la ayuda de la cúpula de la consejería (seis de los imputados trabajaban en la Administración), y la de las empresas más importantes que desviaban el dinero a empresas de Estados Unidos y España, faltaba todavía cerrar el círculo con los supuestos empresarios que colaboraban aportando las facturas falsas.

El fraude de los fondos de la cooperación ya suma 27 imputados

Los cinco detenidos el jueves, y desde este viernes nuevos imputados, serían eso, siempre según la investigación, en su mayoría administradores de empresas con nula o escasa actividad que hinchaban los recibos de pequeños trabajos realizados o que facturaban por algo nunca ejecutado o jamás suministrado. De hecho, los registros se realizaron en tres domicilios particulares y en la sede de dos supuestas empresas, entre Alzira, La Pobla de Vallbona y Valencia. “Ninguna tenía actividad”, aseguran las mismas fuentes, “y el material incautado en los registros es ínfimo”. Cobraban cantidades que de media oscilaban entre los 3.000 y los 6.000 euros por cada factura.

Entre los nombres que han trascendido figura Félix Sanz Pardo, apoderado en las cuentas de Monribar-CAF, una firma que se constituyó para montar, explotar y administrar locales de hostelería, y Carlos Andrés Chust. Este último es administrador de la firma Chust Alzira, que facturó durante dos ejercicios cantidades importantes a Esperanza sin Fronteras, la ONG que iba a construir el hospital de Haití tras el terremoto que asoló el país caribeño. En 2010, año en el que la organización logró dos subvenciones de la Generalitat por 579.846 euros, facturó 120.011 euros. Y en 2011, cuando logró otros 274.205 en ayudas, Chust Alzira cobró otros 72.798 euros.

La corrupción ha sobrevivido en los últimos lustros en la Comunidad Valenciana a base de facturas falsas. Ha habido numerosas sospechas sobre adjudicaciones de concursos públicos lubricadas a base de comisiones ilegales. Las denuncias de clientelismo en la contratación de personas afines en las Administraciones, en las fundaciones y en las empresas públicas también están a la orden del día. Los jueces también se las han visto con casos de financiación irregular de los partidos políticos. Incluso se puede beneficiar a una empresa, que tenga capacidad para sobornar con generosidad, mediante una declaración de interés comunitario que le ahorre millones de euros en comprar suelo apto para levantar una industria.

Pero el sistema más repetido y sencillo para sustraer fondos en las arcas públicas es el desvío de dinero mediante facturas de servicios que no se han realizado o productos que no se han suministrado. Y causas abiertas no faltan. Un caso paradigmático fue el del parque temático de Benidorm. El caso Terra Mítica, abierto todavía más de una década después de construido el ruinoso parque que impulsó el expresidente Eduardo Zaplana. La investigación judicial puso el foco sobre una trama empresarial de facturas fraudulentas que supuestamente sirvieron para defraudar 4,4 millones de euros a Hacienda en concepto de IVA. La denuncia inicial, que data de 2005, destapaba la supuesta falsificación de recibos por trabajos no realizados en el entorno de Benidorm. Según la fiscalía, estarían implicadas 20 empresas, incluida la propia Terra Mítica, y habría 32 personas imputadas.

El juez cree que en Emarsa se robaron al menos 25 millones de euros

Otro escándalo similar, aunque más reciente, es el del caso Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, la mayor de la Comunidad Valenciana, hasta que quebró con un agujero de 17 millones de euros. El juez que investiga el caso cifra el saqueo en más de 25 millones. Y la empresa pública dueña de Emarsa, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), integrada por 51 municipios del área de Valencia, que interpuso una denuncia tras destaparse el caso, concluyó su escrito ante el juez asegurando: “Parece como si en Emarsa existiera un taller o laboratorio de expedir contratos y facturas en cantidad tal que los errores al final surgen de manera casi obscena”.

La investigación ha desvelado que para exprimir la empresa pública (hasta 40 millones de euros se sustrajeron, según la oposición socialista) se hincharon sobre todo las facturas del tratamiento de los lodos de la depuración. Así, había firmas que cobraban 18 euros por tonelada, pero empresas intermediarias facturaron 42 euros a Emarsa. También hubo cursos de formación con más asistentes de los que concurrieron. Y suministradores de material informático que cobraron millones de euros por, supuestamente, vender muchos más elementos que puestos de trabajo informatizados tenía Emarsa. El caso Emarsa acumula ya 32 imputados en la trama.