Los sindicatos ‘abertzales’ convocan una nueva huelga en el sector público

Los sindicatos abertzales ELA, LAB, STEE-EILAS (de educación) y ESK han convocado a los trabajadores de los servicios públicos de Euskadi y Navarra a una jornada de huelga el próximo día 31 de mayo en rechazo a los recortes planteados por las distintas Administraciones. Estas centrales ya convocaron un paro similar el pasado 9 de febrero que tuvo el apoyo de apenas uno de cada cinco empleados públicos en el País Vasco.

Será, además, la cuarta convocatoria de este tipo desde en los últimos dos años. El 25 de mayo de 2010 la convocaron también las mismas centrales nacionalistas y el 8 de junio de ese mismo año CCOO, UGT y CSIF con carácter estatal.

La convocatoria afecta a los trabajadores vinculados a las Administracones autonómicas de Euskadi y Navarra, a los dependientes de la Administración central que trabajan en ambas comunidades y a los que desarrollan su labor en Diputaciones y Ayuntamientos, en conjunto, unas 130.000 personas, según cálculos de los convocantes.

Representantes de estas organizaciones —Igor Eizagirre por ELA., Arantza Sarasola de LAB, belén Arrondo de  STEE y José Ignacio Martínez por ESK— han criticado en una rueda de prensa en Bilbao los "duros" recortes "impuestos" a los servicios públicos y a sus trabajadores en los últimos tres años por parte de las Administraciones del País Vasco y Navarra, a las que han exigido que no apliquen las medidas de ajuste planteadas por el Gobierno central.

Los convocantes, que preparan movilizaciones previas a la jornada de huelga, han asegurado que estas medidas pretenden "acabar con las condiciones de trabajo recogidas en los convenios y fruto de años de lucha" en el sector como la jornada de 35 horas semanales, además de congelar salarios y cerrar las "puertas" a nuevas ofertas públicas de empleo.

Dichas centrales, que suman el 75% de la representación sindical en el sector público de Euskadi, han mantenido que a esas medidas se suman los recortes anunciados por el Gobierno de Mariano Rajoy en sanidad y educación, que ven contrarios a "la universalidad de dichos servicios", y han reivindicado "la capacidad de negociar y decidir" en ambas comunidades autónomas. Los convocantes no han contactado con CC OO y UGT.