Populismo y autoritarismo

Los manuales de cultura democrática sitúan el populismo al margen de los grandes partidos políticos, aquellos que pretenden tener vocación de centralidad. Sin embargo, la crisis económica y el incierto futuro hacen que las grandes formaciones pesquen sin demasiados escrúpulos en los caladeros de los partidos de corte xenófobo, en un gesto orientado a la clientela potencialmente votante.

En Europa hay clásicos tan vistosos como inútiles. Ahí están las trabas a la libre circulación de personas dentro de los países del espacio Schengen de la UE. La Francia de Sarkozy, al igual que hizo la Dinamarca gobernada hasta el mes de septiembre pasado por los populistas y el centro derecha del liberal Lars Lokke Rasmussen, han ofrecido episodios tan memorables como estériles de esa pretendida defensa de los connacionales con respecto a los bárbaros.

En España, el peso del franquismo en el inconsciente colectivo es notable y esta manifestación poujadista no ha cosechado tanto éxito como en la vecina Francia. La cumbre de Banco Central Europeo en Barcelona, sin embago, ha permitido resucitar viejos fantasmas con la suspesión temporal del espacio Schengen.

Las fronteras no solo se levantan contra el enemigo exterior. Esta misma semana, el Gobierno central ha decidido dejar sin acceso a la sanidad ambulatoria a los inmigrantes sin papeles. Es una medida que va a ahorrar unos centenares de millones de euros al Estado, aseguran, y que deja únicamente con el recurso del servicio de urgencias a quien esté en situación irregular. El decreto, tal como analizó este diario, ha sido criticado por los expertos sanitarios y puede dejar sin tratamiento continuado a personas con enfermedades infecciosas que compartirán transporte, comercios, ascensores y servicios públicos en general con el resto de la ciudadanía, que, aun teniendo los papeles en regla, puede contagiarse. El cordón sanitario que el PP quiere imponer a los sin papeles evidencia su enorme talón de Aquiles con el mero contacto con la realidad. Más allá de la inhumanidad de la medida, las enfermedades infecciosas pueden ir en aumento.

La crisis y lo incierto del futuro hacen que sectores importantes de la sociedad toleren y secunden iniciativas que en otras condiciones serían inaceptables desde el punto de vista democrático. Ahí está otro cordón sanitario: el del Departamento de Interior de la Generalitat tras los incidentes posteriores a las manifestaciones del 29-M. El consejero Felip Puig intenta que la ciudadanía identifique a través de una web a 66 personas que aparecen en grabaciones y fotografías, y a las que la policía relaciona con los actos vandálicos. Interior no repara en daños colaterales, por ejemplo la inclusión de fotografías de menores como la que ya se ha visto obligado a retirar. No hay orden judicial, ni siquiera se ha contrastado que todos los que aparecen en las fotografías participasen en actos violentos. Inquietan opiniones como las vertidas por Sergi Pla, comisario responsable de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, al programa Salvados, de Jordi Évole: “Resistirse no es pacífico”. O las afirmaciones del comisario general de Coordinación Territorial de los Mossos, David Piqué, con motivo del Dia de les Esquadres, el pasado 20 de abril. Piqué aseguró que iría a buscar a los violentos allí donde se encuentren: “Ya sea en una cueva o en una cloaca, que es donde se esconden las ratas, o en una asamblea, que no representa a nadie, o detrás de una silla de una universidad”. Lo importante es transmitir una impresión de orden y eficacia aun a costa de lesionar derechos.

Hay indicios inquietantes de que la incertidumbre ante la crisis y el futuro está dejando posos autoritarios. Se habla de endurecer el Código Penal, pero nadie cuestiona que los antidisturbios de los Mossos vayan sin identificar como fija la ley. Tampoco se critica que a un policía le cueste únicamente 450 euros propinarle una bofetada de campeonato a una detenida esposada, según sentencia de la Audiencia de Barcelona. Si la condena es mayor, siempre queda el recurso al comodín del indulto. El Gobierno central lo utilizó hace unas semanas para evitar penas de prisión para cinco mossos que ya habían sido condenados por torturas por el Tribunal Supremo.