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Los Presupuestos abren el primer frente político con Rajoy

La subasta de fármacos y las oposiciones también enfrentan a los dos gobiernos

Lourdes Lucio
Rajoy, Arenas y Griñán en la toma de posesión de Zoido como alcalde de Sevilla
Rajoy, Arenas y Griñán en la toma de posesión de Zoido como alcalde de SevillaALEJANDRO RUESGA

El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, el primero que elabora el Gobierno de Mariano Rajoy, ha abierto el primer frente político de la nueva legislatura entre los Ejecutivos central y andaluz. Las cuentas ignoran el mandato del Estatuto de Autonomía acerca de que las inversiones estatales deben ser similares al peso de la población andaluz, es decir, deben alcanzar el 17,8% del total regionalizable del Presupuesto. Este precepto no se cumple y llega al 14,6%.

Los socialistas, que confían en seguir gobernando con el apoyo de Izquierda Unida, no descartan presentar un recurso por este incumplimiento. Hasta el próximo 19 de abril no se constituye el Parlamento, por lo que habrá que esperar a ver si el PSOE e Izquierda Unida presentan en la Cámara una demanda de inconstitucionalidad contra las cuentas del Estado, como ya ocurrió durante los gobiernos del PP dirigido por José María Aznar.

Bruselas no obliga a recurrir la adjudicación de medicamentos

También el PP utilizó la misma vía para demandar al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ante el Tribunal Constitucional porque las cuentas del Estado de 2010 contemplaban la liquidación de la llamada deuda histórica mediante el pago en especies (solares).

Aunque no habrá nuevo Gobierno andaluz hasta la primera semana de mayo, ya en el horizonte se ven de manera clara varios litigios a la vista. Uno de ellos es el del Presupuesto, pero también está el de la subasta de medicamentos y el de la oferta de empleo público para docentes. "Siempre actuaremos en legítima defensa, no vamos a pasar ni una pero no vamos a generar conflictos artificiales", afirmó la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Mar Moreno, en una entrevista a este periódico.

Pese a que no hay una hoja de ruta diseñada, una de las coordenadas en las que se van a mover los socialistas es la de poner en evidencia lo que consideran "arbitrariedades" del Gobierno del Partido Popular, más allá del recorrido jurídico que tengan los posibles conflictos.

Desde el PSOE se es muy consciente de la grave crisis económica y de la falta de recursos presupuestarios por la caída en picado de los ingresos. También de que hay cuestiones económicas de obligado cumplimiento como el objetivo del déficit que marca la Unión Europea y de que carecen de autonomía financiera.

Por eso comprenden y, en cierta medida comparten, que los fondos destinados a las inversiones estatales hayan sufrido un fuerte recorte para 2012. Esa fue la vía que también utilizó el Gobierno de José Antonio Griñán para cuadrar sus presupuestos en los pasados ejercicios presupuestarios, un recorte que pudieron explicar por el mantenimiento de los gastos destinados a sanidad, educación y dependencia. Pero lo que consideran injustificado es que las inversiones en Andalucía, aun siendo menores, no respeten el mandato del Estatuto de Autonomía.

"Hay que distinguir entre lo que es obligatorio de lo que es arbitrario", afirman fuentes socialistas. Y arbitraria consideran la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de llevar al Tribunal Constitucional la subasta de fármacos convocada por la Consejería de Salud, con la que la Junta calculaba ahorrar unos 40 millones de euros este año. Una medida, por cierto, que el presidente del PP andaluz, Javier, no veía con malos ojos antes de las elecciones autonómicas, aunque cinco días después de los comicios, el Consejo de Ministros acordó interponer el recurso.

"Bruselas no le dice a Rajoy que recurra contra la subasta de medicamentos ni que a Andalucía le corresponde el 14,6% de las inversiones", aseguran las fuentes consultadas. Los socialistas confían en atinar en explicar lo que califican de "atropellos clarísimos" y también, en plantear una alternativa política que pueda ser defendida por la izquierda en su conjunto en todas las comunidades autónomas en una legislatura en la que el PP también se la juega si decide decir no a todo lo que venga de Andalucía.

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