El DEBATE FISCAL

Bilbao abandera la frontal oposición nacionalista a una amnistía en Euskadi

El ‘no’ de PNV y Bildu impide el perdón de las Diputaciones a los defraudadores

Bilbao (delante), junto a los diputados Aburto (en el centro) e Iruarrizaga, ayer antes de su comparecencia.
Bilbao (delante), junto a los diputados Aburto (en el centro) e Iruarrizaga, ayer antes de su comparecencia.LUIS ALBERTO GARCÍA

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, marcó ayer una clara línea roja en materia de política tributaria. Aunque las tres Diputaciones forales han ido al límite de la legalidad en algunas de sus medidas como los pagarés forales o las Sociedades de Promoción de Empresa (SPE) y la han sobrepasado en otras como las vacaciones fiscales, Bilbao se negó ayer en redondo a aplicar la amnistía fiscal que aprobó el pasado día 31 el Gobierno de Mariano Rajoy.

En una posición política que justificó por motivos de “ética y conciencia”, el máximo representante de la institución vizcaína abanderó la frontal oposición nacionalista a una amnistía fiscal en Euskadi al considerarla un mero “eufemismo” para “blanquear capitales” de manera oficial.

“No vale todo”, dijo el diputado pese a que extender la medida le podría haber supuesto a Euskadi unos 156 millones de euros, que salen de aplicar el 6,24% —el teórico peso que se atribuye a la economía vasca en el concierto nacional— sobre los 2.500 millones que estima recaudar Rajoy.

“No estoy dispuesto

Bilbao, que el pasado año selló una alianza con el PP para desarbolar la reforma fiscal que proponía el lehendakari, Patxi López, marcó ayer total distancia con los populares al rechazar la aplicación de dos de las medidas puestas en marcha por Madrid para reducir el déficit.

Por una parte, Bizkaia no aplicara el procedimiento de regularizacíon de capitales a cambio de un exiguo 10%, cuando el resto de los contribuyentes tributan entre el 24% o 28% del Impuesto de Sociedades, o más del 50% en caso de los topes del IRPF para rentas altas. Pero tampoco la que propone cargar un 8% a los beneficios de las filiales de sociedades españolas afincadas en paraídos fiscales, si deciden repatriarlos. En ambos casos está garantizada la opacidad. Nadie preguntará ni investigará la procedencia de los fondos.

El fraude en cifras

  • Bizkaia. Los responsables de la Diputación aseguraron en febrero que habían recuperado 560 millones de euros gracias a su "gestión global" de la lucha contra el fraude. A 31 de diciembre habían ingresado 342,1 millones de euros. A esa cantidad hay que sumar los informes de delito, que suman más de 22 millones, las actuaciones de los agentes fiscales, más de nueve millones, y los órganos de gestión 187 millones.
  • Álava. Este territorio ingresó en 2011 por este concepto 96,3 millones, un 18,5% más que en 2010 y casi el doble que en 2009, (55 millones). En 2008, ingresó 50 millones.
  • Gipuzkoa. Tras superar varias veces a Bizkaia (96 millones en 2010, 85 en 2009 y 138 en 2008), el pasado año se quedó en unos 140 millones.

Bilbao, mucho más duro que otras voces peneuvistas en esta materia, marcó distancias con el PP adoptando además un tono muy duro en sus declaraciones cuando el portavoz socialista José Antonio Pastor daba por hecho po la mañana que mantendrían su alianza y aplicarían la reforma.

En una comparecencia de urgencia, a las 17.30 de ayer, y a la que acudió con sus dos hombres de confianza, el diputado de Presidencia, José María Aburto, y el de Hacienda, Juan María Iruarrizaga, Bilbao se negó a perdonar a los defraudadores sin preguntarles de donde viene el dinero. “Es éticamente inaceptable y socialmente injustificable” que quien ha ocultado fondos, así como su procedencia “se pueda ir de rositas y pagando menos que el resto de contribuyentes, un módico 10%”, dijo.

Con un tono que bordeó lo solemne explicó que había optado por la “ética” al enfrentarse a la disyuntiva de hacer caja o mantener sus principios. “No estoy dispuesto a blanquear capitales, a blanquear conciencias ni a blanquear expedientes”.

La postura peneuvista impide que la Diputación de Álava, que el PP gobierna en moniría apruebe una norma para aplicar la reforma. En este territorio, el PP necesita del apoyo del PNV, Bildu, o del PSE y Ezker Batua juntos para sacar adelante la medida. EB registró ayer dos iniciativas en las Juntas Generales en las que pregunta al diputado general, Javier de Andrés PP, si ve “justo” que los “fondos opacos” puedan ser “blanqueados”. Y no solo eso. El portavoz peneuvista en las Juntas, Ramiro González, dejó claro que “es un error tremendo lanzar el mensaje de que se puede defraudar porque luego viene papá Estado y te perdona. Una medida así se carga cualquier estrategia de lucha contra el fraude”.

Tampoco se aplicará en Gipuzkoa, donde el equipo de Gobierno de Bildu adelantó que rechaza la medida. Su diputada de Hacienda, Helena Franco, recalcó que la institución no comparte ni la forma ni el fondo de la decisisón de Rajoy.

En una comparecencia en San Sebastián, precisamente para presentar la campaña de la Renta, Franco indicó que no comparten “ese tipo” de actuaciones. A su juicio, “una lucha sincera y eficaz contra el fraude fiscal pasa porque todos los ciudadanos sepan que la Hacienda trata en igualdad de condiciones a todas las personas”. Y se reafirmó en que la lucha contra el fraude sigue siendo una de las "prioridades" de la Hacienda foral.

El portavoz popular, Anton Damborenea, replicó que la postura de Bilbao perjudica a Bizkaia porque “si no se aflora aqui se aflorará en otro sitio”., indicó. En su opinión la medida del Gobierno no tiene nada que ver con las regularizaciones que hizo Felipe González “que remuneraba el dinero negro”.

La memoria de los pagarés forales

Los sucesivos Gobiernos, tanto españoles como vascos, han aplicado medidas para aflorar el dinero negro. La primera amnistía fiscal de la era de Felipe González fue en 1984, con Miguel Boyer al frente del Ministerio de Economía. Boyer permitió la adquisición de Pagarés del Tesoro a cambio de hacer la vista gorda sobre la procedencia del dinero.

Más tarde en 1991, el también socialista, Carlos Solchaga, hizo lo propio y permitió canjear aquellos Pagarés del Tesoro por una deuda pública especial con un tipo de interés inferior al del mercado y que además de garantizar la opacidad mantenían el dinero generando recursos para la administración del Estado.

En Euskadi, apenas dos años después de la operación financiera de Boyer se pusieron en marcha los denominados pagarés forales. Euskadi reclamó su soberanía fiscal para copiar aquellos productos y sacarles chispas, hasta el punto de que el Gobierno central recurrió las emisiones vascas y el Tribunal Supremo acabó anulando dos emisiones de ese tipo de productos.

Las primeras emisiones vascas son de 1986. Era sobre todo dinero negro que las Diputaciones pagaban al 7% u 8% a sus titulares, a los que garantizaba opacidad. La banca abonaba a las Diputaciones cuatro o cinco puntos adicionales. Entonces tampoco se controló demasiado, por no decir nada, la procedencia de los fondos. En una época de máxima necesidad como la crisis de aquellos años, las tres diputaciones, pero sobre todo la de Bizkaia y Álava lo explotaron al máximo.

Sobre la firma

Pedro Gorospe

Corresponsal en el País Vasco cubre la actualidad política, social y económica. Licenciado en Ciencias de la Información por la UPV-EHU, perteneció a las redacciones de la nueva Gaceta del Norte, Deia, Gaur Express y como productor la televisión pública vasca EITB antes de llegar a EL PAÍS. Es autor del libro El inconformismo de Koldo Saratxaga.

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