La Diputación aduce el ‘puerta a puerta’ para pedir a Bizkaia que acepte su basura

La Diputación de Bizkaia, gobernada por el PNV, recibirá la próxima semana la petición formal que le entregará el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), controlada por Bildu, para prorrogar el convenio que le permite enviar 25.000 toneladas anuales de basura al vertedero vizcaíno de Igorre. “Esperamos un sí; no hay razones para rechazar la prórroga”, afirmó ayer el presidente del consorcio y diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, Juan Karlos Alduntzin.

La asamblea del consorcio de residuos —integra a la Diputación y las mancomunidades guipuzcoanas— aprobó ayer solicitar oficialmente ampliar la vigencia del convenio firmado en 2008 con Bizkaia y que expira el próximo 12 de junio. Ese mes vence también la suspensión por un periodo de seis meses que Bildu acordó para las obras de construcción del centro de gestión de residuos de Zubieta, donde está prevista una incineradora.

Gipuzkoa tiene cada vez más complicado encontrar una solución integral a la gestión de las casi 400.000 toneladas de basuras domésticas que genera al año. Con tres vertederos —en Zarautz, Beasain y Azpeitia— al límite de su vida útil, sin infraestructuras para tratar el volumen de residuos y con el centro de Zubieta en el aire, La Diputación y los Ayuntamientos gobernados por Bildu han optado por implantar el sistema de recogida puerta a puerta y trasladar sus desechos a otros territorios, incluso fuera del País Vasco.

Alduntzin se mostró confiado en que Bizkaia aceptará prorrogar el convenio, pese a que el diputado general de esta provincia, José Luis Bilbao, ha reiterado que deben existir “causas justificadas” para aceptar la solicitud, como el compromiso de las instituciones guipuzcoanas de ejecutar los planes de gestión aprobados hasta ahora, entre los que figura la construcción de una planta de combustión.

Alduntzin explicó que el acuerdo con Bizkaia debe alargarse al menos otro año porque, de un lado, se arrastra un “retraso” desde la pasada legislatura en la ejecución de los proyectos previstos. De otro, el diputado apuntó que la decisión de una treintena de municipios de implantar el puerta a puerta obliga a recalcular la necesidad de las infraestructuras proyectadas. El responsable foral aclaró que el Consorcio de Residuos mantiene su compromiso de que en 2015 las basuras serán gestionadas íntegramente en este territorio.

Unzalu lamenta

Si Bizkaia responde negativamente, Alduntzin admitió que sería “un problema”, aunque aseguró que están estudiando otras soluciones. Entre estas figura enviar a partir del próximo mes 900 toneladas de residuos orgánicos a la localidad vascofrancesa de Itxassou. Para ello cuenta con la autorización del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco a la solicitud formulada por la sociedad Garbitania, que gestiona el puerta a puerta en Usurbil, Hernani, Oiartzun y Antzuola.

En este sentido, la consejera del ramo, Pilar Unzalu, explicó en el pleno de control del Parlamento que ha autorizado el transporte de residuo orgánico a Francia, aunque advirtió de que “eso tiene unas claras consecuencias medioambientales”. En su intervención, Unzalu mostró su preocupación por la deriva que está tomando la gestión de los residuos en Gipuzkoa por la adopción de medidas “parciales” y en función de un signo político.

La consejera criticó que se trate de “orillar” el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa aprobado con el apoyo de la mayoría de los partidos y en su lugar se intente poner en marcha otro modelo solo “para algunos pueblos” y que “no representa una solución para el conjunto del territorio”. A su juicio, el puerta a puerta no es un sistema de gestión de residuos, sino “únicamente un método para recogerlos”. Echó en falta que Gipuzkoa no haya explicado todavía dónde y cómo se van a tratar los residuos.

Los socialistas guipuzcoanos calificaron de “larga y tensa” la reunión del Consorcio de Residuos, que también acordó aprobar las cuentas de 2011. Mikel Serrano, alcalde de Zumárraga y Arcadio Benítez, presidente de la Mancomunidad de Debabarrena, alertaron de los “riesgos económicos y financieros” que está acarreando la moratoria de la incineradora. En esa asamblea se acordó contratar como director general del consorcio al ingeniero Antxon Lete Núñez, cuyo nombre no quiso desvelar Alduntzin a los medios.

En el pleno de las Juntas Generales, el representante del PNV Xabier Ezeizabarrena calificó de “despropósito sin precedentes” la decisión del Gobierno de Martin Garitano de subvencionar con 500.000 euros el sistema puerta a puerta.