Bilbao intenta restar argumentos al PSE al investigar la filtración

Tras varios días de silencio y vagos pronunciamientos, el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, y el lehendakari, Patxi López, marcaron ayer terreno sobre el caso Gil, las supuestas irregularidades económicas del vicesecretario general de los socialistas vizcaínos, Melchor Gil, conocidas tras filtrarse su expediente de la Hacienda foral. Primero fue Bilbao quien dio respuesta a las reclamaciones socialistas al anunciar la apertura de una investigación interna para determinar si dicho expediente fue filtrado desde la Hacienda foral. Poco después, López atendía el requerimiento nacionalista al tomar posición durante su viaje a India, donde confió en una rápida resolución del caso en su vertiente judicial.

Bilbao aprovechó una entrevista en Radio Euskadi para cortar de raíz las crecientes sospechas de filtración, y limitar de paso el margen de maniobra socialista, al anunciar la apertura de una investigación interna para determinar el origen de la revelación del expediente. “He oído que ha sido escaneado desde un ordenador de Hacienda, pero a mí no me consta”, advirtió. Según recalcó, la indagación comenzó la pasada semana y sus resultados se conocerán en breve, dentro de “unos días”.

Consciente de la repercusión negativa que en su imagen ha podido provocar la polémica suscitada en torno a la revelación, Bilbao se esforzó en presentarse como garante de la confidencialidad de los datos fiscales. Sostuvo que no puede contar lo que en la Diputación “se sabe”, ya que “nunca se habla sobre información de ningún contribuyente concreto”. En este sentido, y frente a comentarios que “rayan la calumnia y la difamación”, defendió la profesionalidad de unos funcionarios de Hacienda a los que trasladó su “cariño”, porque “también lo están pasando mal en estos momentos”.

El último mensaje se lo reservó para el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, quien el domingo mostró su preocupación por que el conocimiento del caso, a un año de las elecciones autonómicas, puede responder a una “motivación electoral”. Esta declaración enfoca todas las sospechas hacia la Diputación, ya que el expediente de Gil solo obra en poder de Hacienda y la fiscalía, que lo investiga a requerimiento foral. Sin ánimo alguno de abordar el supuesto interés político, Bilbao se limitó ayer a criticar el intento de “descalificar” el trabajo de unos técnicos que, a su juicio, “cumplen con su obligación”. “Todos somos iguales ante la ley. Los comportamientos no pueden ser diferentes en función de quién es el afectado”, señaló.

Ortuzar amenaza

Más contundente que el diputado general se mostró el presidente del PNV en Bizkaia, Andoni Ortuzar, quien acusó a los socialistas de “negar” los hechos sobre Gil, que ya reconoció una infracción tributaria por la que pagó 131.000 euros y está siendo investigado ahora por un presunto tráfico de influencias vinculado a unos ingresos irregulares de 419.000 euros. En una entrevista en Onda Vasca, el diigente peneuvista trasladó su malestar por las acusaciones de filtración vertidas desde el PSE e instó a los socialistas, en este sentido, a recurrir “rápido” ante los tribunales, porque de lo contrario podrían ser objeto de “una denuncia por difamación”.

Ortuzar consideró que la polémica generada en torno al dirigente socialista merecía “un juicio político y un comentario” del propio lehendakari, quien además es cuñado de Gil. Su requerimiento reavivó la sospecha de una filtración cuyo verdadero objetivo político sería el desgaste de López. El líder del PSE, pese a todo, no tardó en satisfacer su demanda al reclamar, durante su viaje por India, que la Justicia actúe “con celeridad” y llegue “hasta el final, en todo”, tanto para determinar el origen de los presuntos ingresos irregulares de Gil como para esclarecer la filtración de su expediente.

Ares percibe una instrumentalización de la polémica para el “combate político”

En declaraciones a los medios en ese país, el lehendakari recordó que Gil ha rechazado ante la fiscalía haber eludido sus obligaciones tributarias y que en Bizkaia se descubieron el año pasado 500 millones de euros de fraude, sin que “nadie sepa por parte de quién”. Dejó entrever sus sospechas en torno a la revelación concreta de los datos de su cuñado y, aunque no hizo ninguna acusación directa, sí advirtió de que “sería tremendo que se utilizara el caso con intencionalidad política”.

Por parte socialista también se pronunció ayer el consejero de Interior y coordinador del Gobierno, Rodolfo Ares, quien juzgó evidente que se ha tratado de instrumentalizar el caso para el “combate político”. Entrevistado en Radio Popular, recordó que el afectado “regularizó su situación con la Hacienda” y que la cuestión está en manos de la fiscalía, por lo que instó a dejar trabajar a la justicia.

En un tono más conciliador, Ares situó en el “buen camino” la investigación interna abierta por la Diputación para esclarecer si el expediente de Gil se filtró desde la Hacienda foral. Además, en referencia a la amenaza del PNV de querellarse contra quienes mantengan que los nacionalistas están detrás de la revelación de datos, afirmó que “tienen derecho a hacer lo que consideren oportuno”.