Gestiones en Madrid

Con el ajuste fiscal de la autonomía bajo control, la Xunta debería aprovechar los meses que restan hasta las próximas elecciones gallegas para impulsar y resolver un amplio catálogo de cuestiones pendientes en las que el Gobierno central tiene mucho o todo que decir. Sin ánimo de exhaustividad, a continuación señalo algunas de las más importantes.

Tenemos un problema con el sector eólico. La Consellería de Industria no ha sido capaz en tres años de diseñar y ejecutar un plan alternativo al que heredó del bipartito. Estamos perdiendo liderazgo en España y desaprovechando uno de nuestros principales recursos naturales. Y la situación se ha complicado con la reciente supresión de primas a las eólicas. Hay que ponerse las pilas aquí y allí. El diputado socialista Méndez Romeu apuntaba esta misma semana la posibilidad de solicitar un tratamiento especial en lo que concierne a las primas, como el de Canarias. Es una opción. Puede haber otras. Pero hay que reaccionar.

En segundo lugar, hablemos del sistema financiero gallego. Un sistema en riesgo de extinción. El Banco Pastor se está diluyendo en el Popular. El centro de decisiones ya está en Madrid. Solo nos queda el banco resultante de la fusión de las cajas. Comparto plenamente el diagnóstico de José Luis Gómez (EL PAÍS, 5-3-2012), y no merece la pena reiterarlo. Tenemos un equipo al frente de la nueva entidad y un ejecutivo de Champions, José María Castellano, involucrado al máximo. Desde la dirección se nos transmite que es posible mantener la independencia y que es su primera preferencia. Sabiendo, como sabemos, que lo político está pesando tanto como lo económico en la actual reestructuración del mapa financiero, la Xunta debe emplearse a fondo para que no se pongan palos en la rueda de NGB. Como no se le ponen a las entidades catalanas o vascas. Y eso que hay no existe coincidencia de color político.

Luego aparece el naval y el tax lease. La verdad es que se trata de un instrumento extraño y que produce unos beneficios fiscales para los inversores generosos en exceso. Lo mejor y más justo para todos los contribuyentes sería que esas ayudas despareciesen en todas partes. El problema es que esto no va a ocurrir a corto o medio plazo y que los astilleros gallegos compiten en desventaja con los de otros países. Al igual que ocurre con la pesca, Galicia es la comunidad autónoma más interesada y afectada por las decisiones de Bruselas. Hay que conseguir que el Gobierno español se emplee a fondo en defensa de los intereses gallegos.

Sobre el Fondo de Compensación interterritorial (FCI) ya he escrito en más de una ocasión. Su revisión es urgente y Galicia tiene mucho que ganar. La anunciada caída de la inversión pública estatal no solo va a frenar la ejecución de infraestructuras por los ministerios sino que, indirectamente, va a reducir de forma muy sustancial la dotación del FCI y el importe que le toca a Galicia. Debería ser justo al contrario: en un escenario de progresiva caída de los recursos comunitarios canalizados hacia Galicia, es el momento de revitalizar la política regional española, cuyo principal instrumento es precisamente el FCI.

En quinto lugar aparece la Cidade da Cultura (CdeC). Aunque modifiquemos el calendario de obras o amputemos alguna parte prescindible, el proyecto es de envergadura tal que o bien deja sin fondos al resto de la promoción cultural gallega, o acaba siendo un contenedor vacío. Lo primero es particularmente cierto en época de vacas flacas como la que vivimos. Pero también lo es estructuralmente. La obra social de las caixas ha dejado de ser fuente de recursos para financiar actividades por toda la geografía gallega y para contribuir a la propia programación de la CdeC. En el pasado se intentó con poco éxito. Pero la Xunta debe de seguir buscando la fórmula para que la Administración central participe en la CdeC: puente con Latinoamérica, punto de encuentro con la cultura portuguesa, instrumento de construcción de la eurorregión…