Las recientes elecciones al Parlamento Europeo nos recuerdan el importante esfuerzo que ha hecho esta institución en los momentos finales de su anterior legislatura para aprobar, junto con el Consejo de la Unión Europea, la mayor parte posible de la normativa pendiente de ambos.
La ley de contratos de crédito inmobiliario pretende superar ciertas incongruencias legales y prácticas de mercado que han generado una elevada litigiosidad en épocas recientes.
En los próximos meses esperamos que algunas de las normas europeas pendientes se aprueben, en beneficio no sólo de la unión monetaria o del mercado único, sino también de las entidades financieras afectadas, que necesitan, como agua de mayo, nunca mejor dicho, la mayor seguridad jurídica posible.
El Real Decreto-ley 22/2018 establece herramientas destinadas a prevenir riesgos sistémicos del sistema financiero y sus efectos en el crecimiento económico