Gustavo Galvão, fiscal de Tabatinga: “Los delitos ambientales en la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia no están siendo castigados”

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

La triple frontera amazónica entre Brasil, Colombia y Perú se ha convertido en un foco de delitos, muchos de ellos ambientales. La extensión del territorio sumado a que es una zona de tres países, pero también de nadie, le ha dado la oportunidad a el crimen organizado de desarrollarse, fortalecerse y cooperar . “En Brasil tenemos 500 kilómetros de frontera, así que el reto es cómo auditarla”, se pregunta Gustavo Galvão, fiscal de Tabatinga y jefe de la cuarta Oficina Especial de Amazônia Protege, un proyecto ideado por el Ministerio Público Federal que tiene como objetivo combatir la deforestación ilegal en la selva amazónica brasileña.

Entre los panelistas y asistentes que hicieron parte del V Foro Internacional de Delitos Ambientales que convocó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, celebrado en Villavicencio, Colombia, Galvão está entre los de la corriente que defienden que la región necesita legislaciones con penas más severas frente a la deforestación, la minería y la pesca ilegal, los principales delitos ambientales que se registran en la zona. “Son crímenes que están relacionados con homicidios, corrupción, tráfico de drogas y violaciones”, asegura en entrevista con América Futura. “Por esto, la forma de atacarlo, desde mi punto de vista, es sofocar sus actividades financieras y con penas más fuertes”.

Pregunta. ¿Qué hace específicamente el proyecto Amazônia Protege en el que está vinculado?

Respuesta. Se trata de una iniciativa que usa imágenes satelitales de la amazonia legal, junto al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (Ibama), y las comparte con el Ministerio Público para responsabilizar de forma civil –no penal- a los deforestadores que han talado más de 60 hectáreas.

P. ¿Y han logrado buenos resultados? En general, identificar a los autores intelectuales de la deforestación no es fácil…

R. Hasta el momento, en esta etapa, lo que hemos logrado es identificar quién es el dueño legal del predio, que casi nunca es el financiador del proyecto de deforestación. ¿Qué pasa cuando lo identificamos? Que esa tierra vuelve a dominio público y entra a iniciativas de reforestación. El objetivo de Amazônia Protege no es identificar toda la cadena de deforestación, porque eso está más del lado penal, sino detener la deforestación. Es un proyecto que empezó en 2019 y que no tiene fecha de caducidad por ahora.

P. Lo habló durante su panel. ¿Cómo se están relacionando y cooperando los grupos ilegales de los distintos países para cometer no solo delitos ambientales, sino otros?

R. Esa trazabilidad la ha hecho más la policía federal, pero lo que se sabe es que en la triple frontera, hay, mínimo, seis grupos criminales organizados. Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), de Brasil; el Carolina Ramírez y otras disidencias de las ex FARC, de Colombia; un cartel mexicano, y un grupo local, Os Crías, que algunos dicen que todavía existen y otros que ya se acabaron. Para desarticularlos, creo yo, hay que sofocarlos, llevándolos a la cárcel. Una persona que deforesta también puede ser alguien que mata a indígenas, que viola a mujeres y, si les dieran penas mayores, de 40 años, quizá sí pensarían más si hacerlo. Pero hay un problema legislativo. Estos crímenes no están siendo castigados.

P. También ha hablado de asfixiarlos financieramente. ¿Cómo se lograría?

R. Es difícil, porque, por ejemplo, la producción de cocaína en Perú es la que abastece el crimen organizado en Brasil que, a su vez, deforesta y se refleja en la minería ilegal tanto allá como en Colombia. Así que toca entrar a ver la capacidad que tiene cada grupo. El PCC es muy fuerte, incluso ha financiado a estudiantes para que se conviertan en jueces públicos en São Paulo. Pero aquí, en la región, ganan dinero de tráfico de droga y de la explotación de madera más hacía la parte de Colombia. Así que lo que se necesita es una colaboración internacional. Incluso una policial y de inteligencia entre los tres países para entender sus dinámicas.

P. De hecho, el año pasado, cuando los jefes de los países se reunieron para re impulsar el Tratado de Cooperación Amazónica, se acordó establecer un centro de cooperación policial en Manaos. En este Foro nos adelantaron que ya se está construyendo. ¿Qué espera de esto?

R. Me enteré de esta iniciativa durante el Foro y pienso que es magnífico. Creo que si ese centro logra poner reglas muy claras para que los países puedan compartir información de pruebas, sin que eso las anule, habrá un avance. Hay que hacer más fácil que la policía de los tres países pueda compartir información de inteligencia. Por ejemplo, que si un policía federal de Brasil atrapa a un colombiano y este sabe dónde hay un galpón de drogas en Perú, el policía brasileño pueda comunicarse directamente con la Policía de Perú, sin necesidad de pasar por sus jefes o sus superiores. De volverlo un asunto de cooperación internacional. Eso sería un gran salto.

P. En este Foro se ha hablado mucho de justicia restaurativa para los delitos ambientales. De sanciones y multas. Usted, sin embargo, incluso habló del modelo de Nayib Bukele. ¿Cómo se imagina un modelo así son que viole los derechos humanos o genere abusos?

R. Sé que es un tema sensible, pero es que hay una corriente de minimalismo penal que solo funciona para delitos de poco impacto. Y en la triple frontera estamos hablando de homicidios, de delitos ambientales a gran escala. Así que el derecho penal tiene que actuar de forma más rígida. ¿Cómo hacerlo sin violar los derechos humanos? Bueno, la verdad es que no es difícil: la persona debe tener derecho a un abogado y a defenderse frente a un juez imparcial. Lo que argumento yo es que se necesita una ley con un tratamiento penal más duro.