América Latina tiene más de 1,1 millones de desplazados climáticos

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La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) puso a prueba a 33 países de América Latina y el Caribe. Un grupo de investigadores analizó minuciosamente país a país lo que está haciendo la región para mitigar el cambio climático y facilitar el acceso a la justicia climática y los resultados no son tan ambiciosos como exige la situación crítica. El promedio de este desempeño es del 54,86 (sobre 100), según el Índice de Impunidad Ambiental 2023, presentado este miércoles en el Senado mexicano. La región invierte solo un 0,18% del PIB en conservar el medio ambiente a pesar de que el calentamiento la azota desproporcionadamente. “Esta falta de financiación refleja en realidad la falta de voluntad política”, lamenta Azucena Cháidez Montenegro, directora de SIMO Consulting y coautora del índice. “Aunque exista un consenso sobre la necesidad de actuar, a la respuesta institucional le faltan dientes, les faltan recursos”.

Este informe estima que la migración climática es la consecuencia más acuciante de la falta de voluntad política para tomar acciones por el clima. Según los datos recopilados por el informe de un censo elaborado en 2021, en la región al menos 1,18 millones de personas han sido desplazadas internamente debido a factores climáticos. Brasil está a la cabeza de esta lista: en el país migraron internamente casi medio millón de personas a causa de desastres relacionados con el clima. En Haití, la cifra ronda los 220.000, mientras que en Cuba son 194.000 y en Uruguay, 160.000. Para Celeste Cedillo, profesora investigadora UDLAP y coautora del índice, estas cifras “asustan mucho” y advierte que son “datos que cada vez crecen más”.

La capacidad institucional es uno de los parámetros estudiados más dispares entre países, según el índice. Bolivia (58,8), México (56,6) y Brasil (54,97) obtienen el mejor desempeño, mientras que Haití (14,71), San Vicente (13,27) y Trinidad y Tobago (8,41) califican en los peores en esta categoría, con diferencias de hasta 50 puntos. En la investigación, explica Cháidez, se trabajó arduamente para darle forma a baremos que pudieran comparar países como Brasil y Barbados, con densidad poblacional, presupuestos y características políticas muy diferentes. El objetivo del índice es poner a todos los países frente a un espejo y trazar una hoja de ruta para la optimización de políticas públicas y justicia ambiental.

Así, las enormes brechas entre unas y otras naciones alertan de los altos niveles de vulnerabilidad y desigualdad a los que están sujetos los países de la región con poco músculo estatal en materia medioambiental. “América Latina es una región increíblemente desigual hacia su interior y esto tiene un impacto directo en los efectos sociales de la crisis ambiental”, se lee en el informe.

El fallo de México: buenas políticas, malos resultados

Si bien los países más extensos tienen una mejor capacidad institucional, obtienen una bajísima calificación cuando se trata de degradación y crímenes ambientales. Dominica (71,54), Panamá (70,92) y San Vicente (70,21) se encuentran en las mejores posiciones, mientras que Brasil (53,95), Barbados (52,9) y México (45,35) ocupan los últimos lugares. Este resultado advierte que los países con mayores recursos no necesariamente pueden hacerlos funcionar con efectividad ni garantizar plenamente el derecho a un ambiente sano de sus ciudadanos. Para Celeste Cedillo, el ejemplo más paradigmático de ello es México: “Tiene buenas políticas federales pero no logra aterrizarlas a nivel subnacional. Es decir, no se ven los resultados a nivel local. Es un fallo muy evidente”.

Otro de los problemas que enfrenta México son los conflictos ambientales, que engloban desde los asesinatos de ecologistas, hasta disputas territoriales vinculadas al extractivismo. México, junto a Brasil y Colombia son los países con más pleitos ambientales en la región. Estos tres países representan el 49,8%, siendo México el país con más conflictos en la región con el 19,8%. América Latina tiene el deshonroso título de ser la región más mortífera para los activistas y acumula nueve de cada diez de estas muertes violentas que, desde 2012, suman 1.910 personas.

La falta de blindaje jurídico también es un punto flaco de la región. El 63,6% de los países estudiados no reconoce el derecho al medio ambiente sano en su Constitución de manera explícita y solo el 9% de los países cuenta con tribunales especializados en materia ambiental.

Para ambas, todas estas carencias componen el término de impunidad ambiental. “No se trata solo de crímenes que no se han resuelto. Es que no exista ley o no se logre aplicar; es la imposibilidad del Estado de generar legislación, políticas o recursos”, dice Cháidez por teléfono. Así, tras analizar más de 50 variables, el índice dividió a los 33 países según su puntuación en tres grandes grupos. Los de impunidad media baja, rondan las mejores puntuaciones (de 64,76 a 59,42) y son: Chile, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Argentina, República Dominicana, Uruguay, Bolivia, Perú, Nicaragua y Panamá. Le siguen Venezuela, México, Dominica, El Salvador, Brasil, Cuba, Guyana, Saint Kitts y Nevis, Guatemala, Bahamas y Barbados, quienes aprueban sin mucha holgura. Y, por último, los de peor calificación: Honduras, Santa Lucía, Jamaica, Antigua y Barbuda, Belice, Paraguay, Granada, Haití, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Surinam.

Cháidez lamenta el peor desempeño de los países más pequeños o con menores niveles de ingresos, ya que son los que enfrentan mayores niveles de riesgo y vulnerabilidad ante el cambio climático a pesar de que se caracterizan por una mínima contribución a la emisión de gases de invernadero hacia la atmósfera. Es por ello que las expertas instan a una mayor asistencia técnica a estos países para desarrollar estadísticas y poder formular políticas públicas, procesos de cambio institucional y sistemas de gestión de riesgo, prevención y adaptación basados en la evidencia.

Pero si hay algo sobre lo que quieren incidir es en la falta de datos. Y, en el mejor de los casos, la falta de información comparable de un país a otro. Este es, para ambas, el mayor talón de Aquiles de Latinoamérica. Ambas señalaron que tuvieron que recurrir a información de organizaciones de la sociedad civil que recaban datos “como respuesta al vacío institucional”: “No reportar la información es mantener viva la impunidad”, zanja Cháidez. “Esto solo trae oscuridad a procesos que tienen que evaluarse y monitorearse. Y nos dimos cuenta de que los Estados no se están tomando en serio la tarea de documentar lo que hacen”.