La ONU insta a la Corte Internacional a que fije las responsabilidades de los países en la crisis climática

Es un primer paso que no está claro dónde puede terminar, pero Naciones Unidas ha abierto este miércoles una puerta a unas hipotéticas reclamaciones ante la Corte Internacional de Justicia por los impactos del cambio climático. En una resolución aprobada en la Asamblea General de la ONU, los países han pedido a este órgano que aclare precisamente hasta dónde pueden llegar las responsabilidades de las naciones en una crisis que golpea especialmente a los países más vulnerables, que son los que tienen menos recursos para defenderse de las consecuencias de un calentamiento del que no son los principales causantes.

La resolución ha sido impulsada por Vanuatu, un pequeño Estado insular del Pacífico situado en primera línea del cambio climático y cuya supervivencia está en juego. Y ha sido aprobada este miércoles en la Asamblea de la ONU por consenso tras más de cuatro años de trabajos y negociaciones, que han hecho que el documento llegue a esa votación con el respaldo explícito de 121 países. La Corte Internacional es el principal órgano judicial de la ONU y se encarga de resolver las disputas entre los Estados. Además, emite informes sobre las cuestiones que le plantean los diferentes órganos de Naciones Unidas. Eso es precisamente lo que ha hecho la Asamblea este miércoles: le ha preguntado sobre las responsabilidades de la crisis climática.

“Las opiniones consultivas pueden proporcionar una aclaración muy necesaria sobre las obligaciones jurídicas internacionales existentes”, ha resumido António Guterres, el secretario general de la ONU, antes de la votación. Esa opinión, además, ayudará a Naciones Unidas y a los países “a tomar medidas climáticas más audaces y fuertes que nuestro mundo necesita tan desesperadamente”, ha añadido.

En el escrito aprobado en la Asamblea de la ONU se pide respuesta a dos preguntas. La primera: “¿Cuáles son las obligaciones que tienen los Estados en virtud del derecho internacional de garantizar la protección del sistema climático y otros elementos del medio ambiente frente a las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero en favor de los Estados y de las generaciones presentes y futuras?”. La segunda hace referencia a “cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de esas obligaciones para los Estados que, por sus actos y omisiones, hayan causado daños significativos al sistema climático y a otros elementos del medio ambiente, con respecto” a otros países. Y se menciona especialmente a los pequeños Estados insulares en desarrollo y a los “pueblos y las personas de las generaciones presentes y futuras afectados por los efectos adversos del cambio climático”.

Con estas dos preguntas se aborda de lleno la cuestión de la justicia climática, algo así como las responsabilidades que tienen las naciones por no recortar las emisiones de gases de efecto invernadero de forma urgente a pesar de las advertencias que la ciencia lleva lanzando desde hace décadas.

El IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, remató la semana pasada su sexta revisión de la literatura científica (la quinta databa de 2014) y las conclusiones fueron claras. Los expertos explicaron que el cambio climático es “una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta”, y que la “ventana de oportunidad” que la humanidad tiene para asegurarse “un futuro habitable y sostenible para todos” se “cierra rápidamente”. Los científicos alertaban de que esta crisis “ha causado impactos adversos generalizados y pérdidas y daños” en los seres humanos y la naturaleza. E instaban a realizar recortes de las emisiones de gases de efecto invernadero rápidos y profundos para evitar que se llegue al calentamiento más catastrófico.

El informe era una advertencia para toda la humanidad. Pero también abordaba la desigualdad existente respecto a los principales causantes del problema y las principales víctimas. “Las comunidades vulnerables que históricamente han contribuido menos al cambio climático actual se ven afectadas de manera desproporcionada”, resumía el IPCC. “Entre 3.300 millones y 3.600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático”, añadía. Esa vulnerabilidad no solo depende del área geográfica, sino de la situación socioeconómica que convierte a las poblaciones con menos recursos en más frágiles frente a los extremos. “El aumento de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos ha expuesto a millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria aguda y ha reducido la seguridad hídrica”, advertía el estudio.

“Para algunos países, las amenazas climáticas son una sentencia de muerte”, ha señalado este miércoles Guterres, quien ha resaltado la “enorme importancia” del pronunciamiento de la Corte Internacional que se espera ahora. En su opinión, esos dictámenes “pueden tener un impacto de larga duración en el orden jurídico internacional”. Ishmael Kalsakau, primer ministro de Vanuatu, ha explicado que la respuesta que ofrezca la Corte Internacional “no es legalmente vinculante”, pero sí marcará un “camino constructivo” internacional. “Tendrá un poderoso impacto positivo en la lucha contra el cambio climático”, ha añadido también antes de la votación.

Tras años de procrastinación —en los que los países no afrontan los recortes de emisiones pese a las advertencias— la justicia climática está ganando cada vez más peso en la agenda internacional. En la pasada cumbre del clima, celebrada en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, las naciones menos desarrolladas presionaron a los Estados más ricos para lograr el establecimiento de un fondo para que los países más vulnerables puedan hacer frente a las pérdidas y daños que genera y generará el cambio climático.

“La enconada injusticia climática alimenta las divisiones y amenaza con paralizar la acción climática global”, ha advertido Guterres este miércoles. Porque, además de justicia climática, se necesitan compromisos de recortes de gases de efecto invernadero de todos: de los países desarrollados —los responsables históricos del problema— y de las naciones emergentes, como China, India o Brasil, que se están convirtiendo ahora en los principales emisores.

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