Los países de América Latina discuten el Acuerdo de Escazú y la protección de líderes ambientales

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América Latina y el Caribe sigue siendo la región más peligrosa del mundo para los defensores del medio ambiente. En la última década, según la organización Global Witness, el 68% de los asesinatos a ambientalistas reportados a nivel mundial se produjeron en nuestra región. Solo en 2021, por ejemplo, tres cuartas partes de los 200 líderes ambientales asesinados a nivel global eran latinoamericanos. Detener esta violencia es parte del corazón del Acuerdo de Escazú, un tratado firmado por 24 países de Latinoamérica y el Caribe, y que, entre el 19 y el 21 de abril, desarrollará su segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP2) en Buenos Aires, Argentina.

Escazú es un acuerdo regional que busca que los proyectos de desarrollo, infraestructura y extractivismo, entre otros, tengan un equilibrio social y ambiental. Esto se fundamenta en tres pilares: el acceso a la información ambiental, a la participación ambiental y a la justicia ambiental, además de tener una serie de artículos que hacen énfasis en la protección de líderes y defensores del medio ambiente. “Es el único acuerdo de derechos ambientales con este enfoque”, señala Aida Gamboa, de la organización peruana Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). “Y a pesar de que hay algunos países que ya tienen normas al respecto, Escazú implica un estándar a nivel regional”, agrega.

Aunque se trata de un acuerdo joven, que apenas entró en vigor el 22 de abril de 2021 y que reúne solo por segunda vez a las partes, lo que se discutirá estos tres días es clave. Según explica Gamboa, durante la COP2 de Escazú se empezarán a elegir a los candidatos del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento que, en resumen, es un grupo de personas que debe ayudar a los países que ratificaron el Tratado de Escazú a entender y apoyar cómo implementarlo a nivel local.

Además, explica Vanessa Torres de Ambiente y Sociedad de Colombia, estos días también se cocinará un tema esencial: empezar a discutir un plan de acción para defensores ambientales que deberá tener un primer borrador antes de que se realice la COP3, dentro de un año. “Desde las organizaciones de la sociedad civil estamos exigiendo que este plan de acción tenga unos escenarios de consulta presencial con los mismos defensores ambientales, con la participación de los mismos líderes”, señala.

Pero, paradójicamente, en esta discusión sobre un tratado que habla de participación y acceso a la información, la sociedad civil empieza a lanzar una denuncia de que hay muchas barreras de participación. “Se puso un límite de que solo dos personas por organización pueden entrar a los espacios de la COP2″, asegura Gamboa. “Lo que es muy limitante, porque nosotros también trabajamos con organizaciones indígenas que necesitan ese espacio”, recuerda.

Torres, señala además que el proceso de difusión de la COP2 ha sido muy reducido y que, efectivamente, aunque la gente puede seguir la discusión a través de YouTube, son pocos los que pueden entrar a las sesiones como voces activas. “Es que solo venir a la COP2 implica costos y dinámicas que a veces son complejas para las comunidades indígenas y afro, lo que hace que esta discusión no esté siendo amplia”. De hecho, durante la mañana del 19 de abril, la Red Regional Escazú Ahora, que reúne a varias organizaciones de la sociedad civil que han estado siguiendo y apoyando el proceso desde su comienzo, hicieron una rueda de prensa para advertir sobre las barreras de acceso a los espacios donde se discute el Acuerdo.

Sobre el Acuerdo de Escazú

Actualmente, y a pesar de que Escazú fue firmado por 24 países, solo 15 lo han ratificado. Los países que no lo han hecho son Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú, y República Dominicana. En algunos países Escazú ha llegado con bastante debate. Chile, por ejemplo, se negó incluso a firmarlo durante el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pero una vez llegó Boric al poder se ratificó casi que inmediatamente e, incluso, el país hospedó la primera COP1 de Escazú el año pasado.

En Colombia, el proyecto de ley para ratificar Escazú fue dilatado durante dos años en el Congreso durante el Gobierno de Iván Duque, pero fue aprobado para ser ratificado prontamente con la llegada del Gobierno de Petro. Por otra parte, en Costa Rica, país en donde se suscribió el Acuerdo por realizarse en la ciudad de Escazú, tanto el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, como el Presidente, Rodrigo Chaves, han rechazado el Acuerdo.