Desalojados en nombre de la conservación: “Somos mendigos en nuestra tierra”

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Antes del 2 de junio de 2017, Edwin López vivía tranquilo en su comunidad. No era gran cosa, dice. Su casa era de palma de guano y madera, pero firme. Tenía una huerta con la que alimentaba a su familia y vivía en un pueblo de campesinos e indígenas víctimas del conflicto armado que llegaron a Laguna Larga, en el departamento guatemalteco de Petén, en los 70. Hasta ese junio maldito cuando los 500 vecinos fueron desalojados a la fuerza del territorio y se asentaron como pudieron a tres kilómetros de allá, en la frontera con México. No hubo consulta previa, ni aviso, ni excepciones. De la noche a la mañana, fueron expulsados para la ampliación del Parque Nacional Laguna del Tigre, como parte de un plan de conservación nacional. “Si nosotros somos los que mejor cuidamos esto… No entiendo de qué conservación hablan”, lamenta López, cinco años después, aún sin alternativa habitacional, aún sin entender nada.

En el antiguo pueblo de López había una escuela rural, dos iglesias y las sedes de las autoridades comunitarias. Ahora, según narran los vecinos por teléfono, el colegio es el nuevo puesto de la policía, mientras que ellos viven en un asentamiento con condiciones insalubres. Los líderes de la comunidad lamentan que el Gobierno guatemalteco los haya esquinado a esta situación alegando la defensa del medio ambiente, una denuncia que se replica en otras zonas protegidas de la región, como la reserva de la Biósfera Sian Ka’an, en México, o la comunidad quom en Argentina, que en 2010 fue desalojada de lo que es ahora el Parque Nacional Pilcomayo. En ambos casos, líderes comunitarios aseguran que los desplazaron para priorizar proyectos turísticos.

El mismo mes del desalojo de Laguna Larga, el Bufete de Derechos Humanos, una organización no gubernamental de Guatemala, denunció la situación. Luego, escalaron la demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el 8 de septiembre de ese año emitió una medida cautelar en la que denunciaba la situación: “Los pobladores desplazados de la Laguna Larga se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de un daño irreparable”. Además, el organismo exigía al Gobierno tomar medidas para proteger los derechos de esta población y continuar los diálogos con los vecinos para alcanzar una “solución duradera”. En 2021, Guatemala emitió finalmente una sentencia en la que reconoció su responsabilidad y se comprometió a garantizar la vida digna en materia de vivienda, educación y alimentación.

Sin embargo, poco ha cambiado desde entonces. Durante estos cinco años, han fallecido 15 personas por causas vinculadas con la insalubridad de las viviendas en las que habitan. Entre ellas, la madre de López. “Tenía solo 60 años, pero su corazón no pudo con todo lo que estaba viviendo”, lamenta afectado. Rubén Domingo, abogado responsable del caso, critica la “indecencia” del Gobierno. La sentencia de la Corte Constitucional fue “emblemática”, dice. “No había habido ningún caso similar en Guatemala, pero no se ha cumplido nada. Hay otras 60 comunidades en un riesgo similar de desalojo actualmente”, denuncia.

La Reserva Maya, de la que forma parte el parque Nacional Laguna del Tigre, se declaró área protegida en 1989. Para entonces, ya había varias comunidades viviendo allá. Pero desde ese momento, las poblaciones campesinas de Petén pasaron a ser consideradas ilegales y se convirtieron en objeto de una campaña de criminalización que los tildó de responsables de la devastación de la selva. Aunque la ley contemplaba políticas de asentamiento para quienes ya habitaban este territorio, según el abogado, los acuerdos de permanencia “no fueron aplicados”. “La gente está muriendo a causa del desalojo”, zanja.

Estos vecinos viven ahora hacinados en chabolas de nailon y palmal, en casas compartidas por hasta cuatro familias. “Nos hablaron de que nos cederían unas tierras para la agricultura, pero son pedregosas. No nos sirven para cultivar. Y nosotros vivimos de eso”, dice el alcalde auxiliar. La respuesta alimentaria que recibieron se tradujo en envíos de alimentos cada “siete u ocho” meses. “Nos ayudan las ONG y ni siquiera las de nuestro propio país”.

México: “No hay hueco para los que cuidaban los recursos, pero sí para el turismo”

Algo similar pasó en la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, en México. Victoria Santos Jiménez, ingeniera forestal y parte del Consejo ciudadano por la defensa y rescate de Sian Ka’an, critica la gestión del territorio. Si bien en esta zona no eran comunes los asentamientos de los mayas, sí que eran tierras en las que estas comunidades incursionaban. “Iban sobre todo a pescar y sin apenas presión medioambiental”, narra. “Pero se les prohibió el acceso y empezaron a cobrar entrada a turistas. Para los que cuidaban los recursos no hay hueco, pero para los proyectos turísticos, sí”, critica.

En esta reserva, se distinguieron varias áreas, cada una con unos permisos de uso diferentes. Según varias organizaciones y el testimonio de la ingeniera, ya hay construcciones turísticas avanzadas. “Por eso les entra el afán de echar a los pueblos; para que ellos puedan apurarse en sus proyectos multimillonarios”. Esta denuncia la comparte Félix Díaz, miembro de la comunidad quom en Argentina, desalojados el 23 de noviembre 2010 de lo que es ahora el Parque Nacional Pilcomayo. “Argentina nos reconocía derechos por ser pueblos originarios; derechos que se han ratificado hasta el día de hoy. Pero todo eso quedó en nada. Somos mendigos en nuestra tierra”, lamenta.

“Este es un modelo dominante que no solo se circunscribe a estos casos”, apunta por teléfono Lola Rama, investigadora de la campaña por la descolonización de la conservación de Survival International. “¿Bajo qué pretexto entendemos que hay que expulsar a las comunidades que son las que más han hecho por proteger el entorno para proteger la biodiversidad?”, se pregunta. “La visión colonialista y blanca nos convenció de que la única forma de salvaguardar a la naturaleza es separándola de las personas. Lo que está verdaderamente detrás es el fin extractivista”.

Las pueblos originarios —más de 476 millones, presentes en 90 países— custodian el 80% de la biodiversidad mundial. La tendencia a la paternalización, el despojo de tierras y la vulneración a los derechos adquiridos hace décadas son algunas de las críticas que más reivindican sus líderes. “No somos vulnerables, pero las políticas actuales y la discriminación pone en peligro nuestra supervivencia física y cultural”, aseguró en entrevista con EL PAÍS Anne Nuorgam, presidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

Domingo, el abogado guatemalteco, se suma a la sospecha extractivista detrás del despojo de tierras: “Creemos que hay intereses de empresas transnacionales en el Triángulo de la Candelaria. Y estos habitantes no les serían nada cómodos, claro. Además, se les ha etiquetado de ser narcocampesinos y depredadores del bosque, lo cual es falaz. No hubo ninguna investigación que afirme tales extremos. Es parte de la estrategia”.

Este modelo conservacionista que denuncian surge de la gestión del Parque nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, a principios de 1800. “Es naturaleza o nosotros. Este sistema no entiende la interdependencia”, cuenta Nicolás Pinel, profesor del área de sistemas naturales y sostenibilidad de la Universidad Eafit, en Medellín. “En Latinoamérica se está intentando salir de ella gracias a que se están ganando cada vez más derechos de las comunidades indígenas. Lo ideal es un paradigma menos excluyente. Porque, además, no se ha demostrado que sea más eficaz en la protección del medio ambiente. No hay estudios que así lo avalen”.