Los Estados Unidos de Trump se atraviesan en la paz total de Petro

El trámite avanza. Estados Unidos formalizó esta semana la solicitud de extradición de Andrés Rojas, Araña, el líder de los Comandos de la Frontera detenido por agentes de la Fiscalía colombiana al final de un ciclo de diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro en un hotel de Bogotá. Una corte de California lo pide por delitos relacionados con narcotráfico, y la solicitud ahora pasa a la Corte Suprema de Justicia. Si el concepto del alto tribunal es favorable, llegará hasta el escritorio del presidente para su firma. “Las órdenes de extradición pueden cesar si los procesos de paz demuestran avances de importancia”, ha recordado el propio Petro. Se guarda esa carta, pero Colombia ya se asomó al abismo de chocar de frente con la Administración de Donald Trump, con consecuencias potencialmente devastadoras. A pesar de que la diplomacia sudamericana consiguió solventar esa primera crisis, ningún país quiere quedar en la diana del magnate republicano y su garrote arancelario.

El regreso de Trump a la Casa Blanca dificulta –aún más– avanzar en los distintos tableros de la paz total, en medio de la desordenada fragmentación de los grupos armados. El caso de Araña ha dejado en evidencia la falta de coordinación entre las ramas del Estado. Un pedido de extradición no se resuelve de la noche a la mañana, subraya Armando Novoa, el jefe negociador del Gobierno en esa mesa, al reivindicar los avances de los diálogos. “Seguimos comprometidos, independientemente de estos acontecimientos”, aseguraron el viernes en un comunicado los Comandos de la Frontera, que operan en el departamento de Putumayo, donde se teme un estallido de violencia. El proceso, en cualquier caso, se encuentra en cuidados intensivos.

“El tema de la extradición es muy espinoso, no solo para Araña y este grupo en particular”, apunta la analista Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group. “Órdenes de extradición hay vigentes para integrantes de la mesa del Estado Mayor de los Bloques, de Comuneros del Sur, del Clan del Golfo… básicamente afectaría a todos los grupos. El miedo de no tener garantías jurídicas dificulta e inclusive puede socavar todas las mesas vigentes”, advierte. “Es un precedente nefasto en términos de seguridad jurídica”, coincide Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

El andamiaje de la paz total se tambalea, con varias señales preocupantes que llegan desde Washington. Bien sea por los sorpresivos pedidos de extradición de delegados de los grupos armados sentados en las mesas, por la inclusión de alguno de esos grupos en la lista de organizaciones terroristas o por considerar a un país garante de los diálogos de paz como un Estado patrocinador del terrorismo, Trump se atraviesa en la política bandera de Petro.

Al menos dos estructuras armadas con las que dialoga el Gobierno colombiano son claras herederas de organizaciones incluidas en una de las listas negras de Washington, más allá del enjambre de siglas. Cuando la Administración de Joe Biden decidió retirar a la extinta guerrilla de las FARC de la lista de grupos terroristas extranjeros en un espaldarazo al acuerdo de paz, a finales de 2021, incluyó en su lugar a las dos grandes sombrillas de disidencias que siguieron en armas. En el listado quedaron desde entonces dos nuevos nombres. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP), que se interpreta como una alusión a los disidentes que después se agruparon fugazmente en el Estado Mayor Central (EMC), y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, quien retomó los fusiles después de haber firmado el acuerdo. Dos grupos que entablaron negociaciones con los delegados de Petro y se fragmentaron irremediablemente.

El EMC se dividió entre las facciones de Iván Mordisco, que se retiró de la mesa, y las de Calarcá Córdoba. Los hombres de Calarcá –que siguen sentados y con un cese al fuego bilateral vigente hasta abril– ahora se hacen llamar Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). Y la diezmada Segunda Marquetalia también se desintegró. Ya sin Iván Márquez, dos de sus estructuras, los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, hicieron pública su decisión de independizarse y ahora se agrupan en la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Fue justamente al final del tercer ciclo con la Coordinadora cuando agentes de la Fiscalía detuvieron a Araña. A esa captura se sumó la de Willington Henao Gutiérrez, conocido como Mocho Olmedo, parte del EMBF, también requerido por la justicia de Estados Unidos.

El nuevo clima político en Washington amenaza además los diálogos, aún exploratorios, con el Clan del Golfo, el mayor grupo armado de Colombia. Desde su primer día de regreso en la Casa Blanca, el 20 de enero, Trump puso en marcha su propósito de designar a varios carteles del narcotráfico como grupos terroristas. No especificó el nombre de todas las organizaciones que sumaría a esa lista, pero The New York Times aseguró que quiere incluir al Clan del Golfo –que ahora se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia–, muy involucrado en todo tipo de rentas ilícitas, entre ellas el tráfico de migrantes por la selva del Darién que marca la frontera entre Colombia y Panamá. Un tema crítico para Trump. Hasta ahora, sin embargo, el Clan del Golfo no ha entrado en la lista del Departamento de Estado ­–a diferencia de seis cárteles mexicanos, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha–.

“Las decisiones de Trump están marcando una cancha bastante limitada sobre lo que se puede y no se puede hacer”, observa Arias, el investigador de la FIP. El Clan del Golfo, en especial, podría adaptarse al nuevo escenario, pues tiene una lógica más pragmática y transaccional, señala. Esa mesa, todavía en construcción, tiene la particularidad de que se plantea más en términos de sometimiento a la justicia –con algunos elementos de justicia transicional–, que de una negociación política.

En otra pieza del rompecabezas, Petro celebró sin tardanza en enero que, a días de dejar el poder, Biden revocara la designación de Cuba como un “Estado patrocinador del terrorismo”, una polémica medida heredada desde la primera Administración de Trump. Colombia había recomendaba revertir ese rótulo, relacionado con el papel de La Habana como sede de un proceso con el ELN que se rompió en enero de 2019. Cuba repite ahora como país garante –y sede– del suspendido diálogo con la guerrilla que nació justamente bajo el influjo de la revolución cubana hace ya 60 años. Pero nada más regresar al poder, Trump volvió a incluir a la isla caribeña en la lista de países patrocinadores del terrorismo, con lo que Bogotá volvió a quedar a contrapié. Aunque el diálogo con el ELN está roto en la práctica después de su violenta arremetida en la región del Catatumbo, con un saldo de más de 50.000 desplazados, La Habana será mucho más cauta al momento de involucrarse.

Se anticipan nuevas tormentas en el horizonte. “La retórica de Washington ha sido de mano dura para enfrentar a las organizaciones del narcotráfico, pero a la vez Estados Unidos ha frenado todo el apoyo financiero que ofrece en este sentido a la Policía Nacional colombiana”, advierte Dickinson, la analista del Crisis Group. “Están socavando ambos carriles, no solo la paz, también la posibilidad de combatir judicialmente a las organizaciones de crimen organizado”.