Campesinos y mineros paralizan seis departamentos de Colombia en rechazo de las nuevas normas de protección de los páramos

Grupos de campesinos y mineros han unido fuerzas esta semana para protestar en varias zonas de Colombia. En lo que inició como el bloqueo de vías nacionales en el nororiente del país, en las zonas montañosas de Santander, Norte de Santander y Boyacá, este se ha ido extendiendo al noroccidente, a zonas mineras de Antioquia, Caldas y Chocó. Las reivindicaciones giran alrededor de las normas recientes que establecen protecciones ambientales, que son criticados por agricultores y ganaderos, y de viejas promesas del Gobierno para acompañar a miles de pequeños y medianos mineros en la formalización de sus actividades

Las manifestaciones, convocadas inicialmente por asociaciones campesinas locales de Santander, comenzaron el lunes. Apenas tres días antes, movimientos ambientalistas de la capital regional, Bucaramanga, se habían manifestado en defensa del páramo de Santurbán, que provee de agua a la urbe. Ahora, y de manera indefinida, cientos de personas bloquean la vía que comunica a la región con Bogotá y el centro del país. Su mayor reclamo es el rechazo al decreto 0044 de 2024, que desarrolla una ley firmada en enero y faculta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a “delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal”. Entre estas reservas están los páramos, ecosistemas que tienen una protección legal especial desde 2018 y en los que no se pueden realizar actividades como la minería, y solo bajo ciertas condiciones otras como la agricultura.

La definición de exactamente dónde inician los páramos de Santurbán y El Almorzadero ha sido materia de debates desde hace más de una década, entre colectivos ambientales y buena parte de la población de Bucaramanga, de un lado, y grandes empresas y pequeños mineros de municipios como Vetas o California, del otro. “Para una parte del país, los páramos son frailejones, ecosistema, y se les ha olvidado que ahí hay familias que sobrevivimos gracias a esta tierra y es nuestra fuente de economía”, señaló a EFE una habitante de El Almorzadero, ubicado entre Santander y el vecino Norte de Santander. Otra de las zonas afectadas por las restricciones es la Sierra Nevada del Cocuy, en el extremo oriente de Boyacá. “Nos imponen sus normas, sus leyes, sin consultar con los habitantes, donde nos excluyen de nuestros trabajos y nos sacan de nuestros territorios”, explicó otro manifestante a la agencia.

Del otro lado, el abogado especialista en derecho ambiental Hernán Morantes ha señalado a las manifestaciones es estar infiltradas por intereses creados de quienes pretenden explotar Santurbán. “Están engañando a los campesinos, al decirles que este decreto afecta sus actividades agropecuarias (...). Estos irresponsables están pidiendo exploración minera en los páramos de Colombia. ¡Que no se aprovechen de los campesinos!”, señaló en un video compartido en sus redes sociales y que han retomado varias asociaciones ambientales.

Otro punto de discusión es el que refiere a la frontera agrícola. En agosto, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) estableció que en Colombia hay 43 millones de hectáreas, el 37,8% del territorio nacional, para desarrollar actividades agropecuarias, aunque casi la mitad de esas áreas no tienen las condiciones para cultivar. Uno de los reclamos de las protestas es que esta actualización de la UPRA limita en un alto porcentaje la zona rural. Según Morantes, las limitaciones se reducen solo a las zonas frágiles de los páramos.

Varias agrupaciones mineras han reiterado su queja. “Nos preocupa profundamente la aplicación arbitraria el decreto 0044 de 2024, emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que pretende imponer una amplia Zona de Protección de los Recursos Naturales (78.000 hectáreas) en nuestra región, por fuera del páramo de Santurbán, afectando directamente a más de 35.000 habitantes”, se lee en un comunicado firmado por organizaciones que dicen agrupar a más de 2.000 pequeños mineros de Santander.

En Antioquia, Caldas y Chocó, donde están especialmente afectadas las vías entre Medellín y Manizales, y la capital antioqueña y la costa Caribe, los manifestantes tienen una queja diferente. Han argumentado que el Gobierno sigue sin formalizar a los pequeños y medianos extractores, y que, por lo tanto, la Fuerza Pública sigue ejerciendo violencia en su contra, al realizar detenciones y capturas de personas, y destruir o decomisar la maquinaria que utilizan. De nuevo, se trata de una vieja puja, atravesada por la presencia de grupos ilegales en zonas mineras.

Entre los antecedentes más recientes para esta movilización destaca la muerte de un minero a manos del ejército en marzo, durante un operativo contra la minería ilegal en el municipio antioqueño de El Bagre. Es hecho desencadenó en una marcha el mes siguiente en la que participaron miles de personas del nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, regiones de vieja tradición aurífera y donde tiene particular fuerza el Clan del Golfo, el mayor grupo armado del país, y hacen presencia otras organizaciones rivales.

Tanto las organizaciones mineras como las campesinas que se han sumado a los bloqueos han querido aprovechar el inicio de la cumbre de biodiversidad de las Naciones Unidas en Cali, la COP16, para criticar las medidas ambientales impulsadas por el presidente Gustavo Petro, que tiene un fuerte discurso de protección de la naturaleza y reducción de las actividades extractivas. Según los manifestantes, el Ejecutivo no ha ofrecido soluciones que protejan a la vez los ecosistemas y que ayuden a las comunidades que han vivido durante décadas en estas zonas.

Colombia tiene 37 páramos en su territorio, más que cualquier otro país del mundo. El interés por su protección no se limita a la Administración Petro. Desde 2010, las leyes instan al Ministerio de Ambiente a delimitarlos, buscando su salvaguarda. En 2018 se aprobó la conocida como ley de páramos, que establece que estos ecosistemas son “territorios de protección especial que integran componentes biológicos, geográficos, geológicos e hidrográficos, así como aspectos sociales y culturales”. Entre 2010 y 2016, el Gobierno delimitó 36 de ellos, en un proceso que sumó estudios biológicos y ambientales con consideraciones sociales y económicas, y que tuvo entre sus líderes al entonces ministro de Ambiente y actual canciller de Petro, Luis Gilberto Murillo.

Inicio de las conversaciones

Ante las manifestaciones y los bloqueos viales, el Gobierno Petro ha buscado acudir al diálogo. Está previsto que este miércoles se establezca una mesa de trabajo. “Hoy 23 de octubre, una comisión [liderada por el ministro de Minas, Andrés Camacho] se reunirá en Caucasia con delegados y delegadas del movimiento minero en la sede de la Defensoría del Pueblo Regional Bajo Cauca Antioqueño para buscar soluciones conjuntas”, señaló en un comunicado la defensora del Pueblo, Iris Marín. El martes, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, había criticado que no asistiera “personal con capacidad de decisión” del Ejecutivo en el primer intento para desmontar el paro. “Es importante para que se desbloquee la vía. Los campesinos se acaban de levantar de la mesa”, dijo el martes el político opositor de derecha y militar en retiro.

Los primeros efectos de las movilizaciones ya se han hecho sentir. Mientras que este miércoles siguen los bloqueos en varios puntos del país —intermitente, pues se permite el paso de ambulancias o coches fúnebres—, algunos municipios de los departamentos afectados han decretado toques de queda y la ley seca. En Boyacá, según informó la Gobernación, 10 municipios presentan desabastecimiento de combustible. También se han dejado de movilizar 33.753 pasajeros en los primeros dos días del paro en este departamento. En Antioquia, unas 40.000 toneladas de productos no han podido entrar ni salir, afectando con pérdidas millonarias a la cadena productiva, según contabiliza el gremio antioqueño Defencarga.

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