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Rappi cede y acuerda mejoras laborales para sus domiciliarios en Colombia

El unicornio fija una tarifa mínima de 3.050 pesos por pedido y reconoce al sindicato de las plataformas digitales un día después de un nuevo llamado de atención de la Corte Constitucional

Repartidor de Rappi en Cali, Colombia
Un repartidor de Rappi en Cali (Colombia), en mayo de 2023.Jair F. Coll (Bloomberg)

Casi una década después de su creación, y tras 11 meses de intensas negociaciones, los responsables de Rappi, el gigante digital de los domicilios, y el sindicato de los trabajadores de plataformas tecnológicas (Unidapp) han llegado a un primer acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los llamados ‘rappitenderos’. La noticia se conoce justo un día después de que la Corte Constitucional emitiera una airada decisión contra el primer unicornio colombiano por haber inhabilitado de su plataforma a un domiciliario sin ninguna explicación. Dos caras de una misma realidad que con el pacto de esta semana podría empezar a cambiar para las casi 60.000 personas que trabajan con la aplicación en Colombia.

El primer logro fue del Gobierno de Gustavo Petro, al sentar a las partes a la mesa de negociación. Lo cuenta el viceministro de Relaciones Laborales, el antiguo sindicalista petrolero Edwin Palma, quien fungió de mediador en nombre de su cartera. “En principio hubo prevenciones evidentes, de lado y lado”, recuerda Palma, “pero a medida que íbamos avanzando se impuso la cultura del diálogo y del reconocimiento mutuo”. El primer punto de los nueve incluidos en el acuerdo fija una tarifa mínima garantizada por repartidor de 3.050 pesos (unos 75 centavos de dólar) por viaje. A partir del cuarto kilómetro recorrido, los cambios estipulan 64 pesos adicionales por cada 100 metros completados en moto o bicicleta.

Se trata de una serie de logros que sientan un precedente para las relaciones laborales en el universo de las plataformas digitales latinoamericanas. Estas empresas y emprendimientos durante años consideraron que sus repartidores no eran trabajadores porque tenían libertad de aceptar o rechazar los servicios a domicilio a través de sus aplicaciones. Rappi aún hoy insiste en que se trata de “colaboradores”. Una etiqueta que va perdiendo cada vez más validez: “Que una plataforma digital como Rappi, que asegura que no tiene trabajadores subordinados, se siente a negociar un pliego de peticiones sindical, tiene una relevancia muy grande para la región”, apunta la abogada y asesora externa del sindicato Sandra Muñoz.

El segundo punto que ha trascendido es el reconocimiento formal de la Unión de Trabajadores de Plataformas, Unidapp. Un avance que acaba con la ruptura histórica entre las partes y contempla una “contribución anual” por parte de Rappi al sindicato de 15 millones de pesos (poco menos de 4.000 dólares) destinados a temas de seguridad social y salud. También establece la figura del “Defensor del repartidor”, una suerte de ombudsman que velará al interior de la compañía por los derechos de los repartidores, que se han quejado siempre por la precariedad. “Esta serie de aspectos conforman un hito en la negociación colectiva con las empresas digitales que debería reproducirse en otros países de la región”, asegura Juan Manuel Ottaviano, experto uruguayo en derecho del trabajo.

Decenas de repartidores de Rappi y otras plataformas se manifiestan en Bogotá, en marzo de 2022.
Decenas de repartidores de Rappi y otras plataformas se manifiestan en Bogotá, en marzo de 2022.Juancho Torres (Getty Images)

Tras el ‘boom’ del negocio de los domicilios durante la pandemia, en el que millones de personas se vieron obligadas a utilizar sus servicios desde la casa, el emprendimiento ha vivido un proceso de ajuste en su modelo. Además, no sobra recordar que durante algunos de los estallidos sociales de los últimos años en la región, los manifestantes dejaron en evidencia el descontento ciudadano con el funcionamiento de negocios digitales que a su juicio no son socialmente rentables.

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En la mayoría de casos, tampoco lo han sido a nivel empresarial. Además, las quejas de usuarios insatisfechos con el servicio, o bien porque la comida llega tarde, o bien porque llega fría, o por la deficiente utilización de sus datos personales, también ha llevado a Rappi a impulsar un giro en su desarrollo, así como a expandir el portafolio de productos en buena parte de las 205 ciudades del continente donde opera: “Yo creo que esto abre la puerta para que haya un efecto dominó en los demás países donde opera”, asegura el experto en innovación, Iván Hässig.

El viceministro Palma reconoce que las negociaciones, que se celebraron casi en su totalidad en la sede de Trabajo, tuvieron momentos muy tensos. El más agudo de ellos, quizás, a finales de marzo o principios de abril de 2023, cuando las noticias sobre el contenido de la propuesta de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro señalaban que las plataformas debían asegurar todos los beneficios y auxilios laborales exigidos por ley. Los responsables de la app aseguraron entonces que bajo esos parámetros que forzaban a Rappi a reconocer el vínculo laboral, el 90% de los domiciliarios quedarían sin ingresos.

Como si fuera poco, a finales de ese mismo marzo el Ministerio de Trabajo anunció que impulsaría una investigación sobre las condiciones laborales de la startup. Lo hacía a través de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), encargada de inspeccionar que la empresa cumpliera con todos los requisitos para operar a un batallón de miles de trabajadores independientes: “Como son independientes, lo que voy es a corroborar que lo son. En Colombia todo trabajador independiente tiene que llenar una Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y el que lo contrata tiene que suministrar la cuenta de la planilla y vemos si es verdad que se está cumpliendo”, advirtió entonces la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

Ramírez, una curtida política comunista, logró finalmente un acuerdo que tranquilizó a los representantes de Unidapp. “Eso allanó un poco el terreno. Aunque nosotros lo primero que hicimos en la primera acta de acuerdo en marzo del año pasado fue sacar de la discusión la Reforma Laboral o el debate de si había relación laboral. Miramos las tarifas, miramos el debido proceso, las condiciones de seguridad, o el tema de los bloqueos y concertamos en eso”, detalla Palma. Iván Jiménez, profesor del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, recuerda pocos acuerdos similares a nivel mundial: “Quizás alguno en España o Reino Unido. O de Uber en Estados Unidos. Pero este es un caso muy interesante de diálogo social entre una empresa de repartos y trabajadores no independientes”.

En su opinión, se trata de una vía alterna para “construir acuerdos que beneficien a todos”, más allá de abrir las puertas para una formalización dentro del marco tradicional. A cambio, la compañía tendrá mejores herramientas para comprender cuáles son los factores que más valora la gente para sentirse a gusto al prestar sus servicios. Jiménez concluye: “En el mundo en que vivimos, y como avanzan las cosas con las plataformas tecnológicas, un contrato de trabajo ya no es la única garantía de felicidad en el trabajo”.

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