Élite Taxi denuncia a Uber Eats ante la Audiencia Nacional por contratar falsos autónomos

En un nuevo ejercicio de presión para que las plataformas de reparto a domicilio cumplan con la Ley Rider —aprobada en verano de 2021 pero con una implantación desigual entre las empresas a las que afecta—, las asociaciones Élite Taxi, mayoritaria entre los taxistas de Barcelona, Riders x Derechos y Taxi Project 2.0 han interpuesto una querella criminal contra la multinacional Uber Eats ante la Audiencia Nacional. En el escrito, acusan a la compañía contratar falsos autónomos de “manera continuada” desde 2017 bajo la forma de una “posible organización criminal”, y achacan a la multinacional los delitos de estafa, defraudación a la hacienda pública y a la seguridad social, y delitos contra los derechos de los trabajadores, además de organización criminal.

En la nota que detalla los motivos de la querella, las asociaciones apuntan que “desde el mes de enero de 2017, la compañía Uber Eats se ha asentado y expandido en territorio español gracias a la sofisticación y abuso de la figura del falso autónomo, siendo un factor clave para, junto a otras plataformas como Glovo o Deliveroo, hacer crecer exponencialmente el mercado del reparto a domicilio, donde se ha hecho común la ausencia de derechos laborales mínimos, tales como la jornada máxima, salario mínimo, vacaciones, baja maternal o el paro”. El comunicado afirma que desde la entrada en vigor de la Ley Rider, la empresa Uber Eats pasó de un modelo clásico de falsos autónomos a externalizar parte de su actividad mediante empresas subcontratadas que empleaban a los repartidores con contratos temporales. Es en este contexto que las asociaciones, capitaneadas por Élite Taxi, acusan a Uber Eats de haber usado “falsos autónomos para simular trabajos en beneficio propio y en prejuicio de trabajadores”, para “lucro personal” de los querellados.

Lo que la empresa creó con la llegada de la Ley Rider fue un modelo híbrido: por un lado permite a repartidores autónomos colaborar con Uber Eats, y la empresa asegura que se les garantiza completa independencia para llevar a cabo su actividad, con lo que, según la compañía, se cumple con la Ley Rider; y por otro lado se establece relación contractual con los repartidores que lo quieran, mediante terceras empresas que prestan servicio a la plataforma. La compañía defiende la legalidad de los dos modelos y su convivencia, y ante la querella presentada, un portavoz de Uber Eats expresa: “No tenemos constancia de ninguna demanda penal contra Uber Eats. Estamos comprometidos con hacer las cosas bien en todo el mundo y España no es una excepción. Hemos adaptado nuestro modelo para garantizar el pleno control de los repartidores autónomos sobre su trabajo, cumpliendo plenamente con la regulación vigente”.

Las asociaciones que se han querellado apuntan que en diciembre de 2022 Uber Eats llegó a un acuerdo en la Audiencia Nacional para regularizar a 4.404 trabajadores e indemnizarles por el despido colectivo que supuso haber desconectado a estos repartidores de la aplicación cuando entró en vigor la Ley Rider. “En este acuerdo, Uber Eats reconoce la existencia de la conducta ilegal”, señala Élite Taxi. La asociación apunta a las marcas Uber Systems Spain S.L. y Portier Eats Spain S.L. como responsables de los delitos, siendo ambas “compañías que giran con la marca comercial de Uber Eats”. También citan a la directora general de Uber en Europa, Oriente Medio y África, Anabel Díaz, el actual director general de Uber España y Portugal, Felipe Fernández Aramburu, y al director general de Uber España durante la presunta comisión de los delitos, Juan Galiardo Sosa.

Los taxistas exigen determinar el importe presuntamente defraudado por Uber Eats y el “daño” infringido a los trabajadores, para fijar las responsabilidades de la empresa. La batalla entre Élite Taxi y la compañía estadounidense Uber —que además de servicio de reparto a domicilio, también cuenta con servicio de taxi— viene de lejos. El último episodio fue la multa de casi 123.000 euros que la autoridad catalana de la competencia impuso a Élite Taxi el pasado mes de agosto por haber llamado al boicot contra Uber en 2020. Los intentos por recurrir esta multa no han dado frutos, y los taxistas asociados a la plataforma se manifestaron por Barcelona en septiembre en contra de esta sanción.

Élite Taxi también forma parte del Observatorio del Trabajo, Algoritmo y Sociedad (TAS), que junto a la organización de autónomos UATAE y el colectivo Riders X Derechos han denunciado a Glovo ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) por “falsear la competencia” y “actuar como un cártel” al “coordinar la estrategia comercial” de sus repartidores autónomos.

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