Pedro Sánchez presenta el Observatorio de Derechos Digitales, un órgano para evitar que internet sea “el salvaje Oeste”

“No podemos permitir que el espacio digital se convierta en el salvaje Oeste. ¿Por qué aceptamos en el mundo digital lo que jamás aceptaríamos en el mundo físico?”, se ha preguntado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de presentación del Observatorio de Derechos Digitales, un órgano de reciente creación que debe velar por el cumplimiento de la Carta de Derechos Digitales aprobada en 2021, un marco de referencia para garantizar que los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se protejan también en el entorno digital. “Estamos en un momento decisivo: hay que elegir si nos dejamos llevar por lo que hacen otros [en referencia a los tecnomillonarios, o tecnocasta] o tomar la iniciativa. Creo que debemos hacer lo segundo, ser dueños de nuestro destino”, ha asegurado. El Observatorio es un paso en esa dirección.

El Gobierno define los derechos digitales como la extensión de los derechos de la ciudadanía al entorno digital. “Garantizan que principios fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión, el acceso a internet o la igualdad y no discriminación sean protegidos en la era digital con la misma eficacia que en el mundo físico. Su objetivo es adaptar los derechos existentes a los desafíos tecnológicos, asegurando su cumplimiento y fortaleciendo la democracia en la transformación digital”, define un documento interno de Moncloa.

El presidente ha recordado tres medidas que anunció hace dos semanas en el Foro de Davos: acabar con el anonimato en las redes sociales, ya que “el anonimato no puede ser una excusa para la impunidad”; garantizar la transparencia de los algoritmos para asegurar que las plataformas garantizan los derechos de los usuarios y hacer que los altos ejecutivos de las tecnológicas “no rehúyan sus responsabilidades legales”. “Si el dueño de un restaurante es responsable de la comida que sirve a sus clientes, estos tecnomillonarios tendrán también que asumir la responsabilidad de los actos de sus empresas”, ha dicho.

Los delitos digitales ya suponen una quinta parte de todos los delitos que se cometen en España, ha recordado Sánchez. También ha indicado que los delitos online han crecido un 32% en este último año, y que un tercio de los perfiles en redes sociales son bots, que generan casi la mitad del tráfico en internet. “La viralidad cotiza muy por encima de la verdad. Esto no es fruto del azar: es un plan diseñado por potencias extranjeras como Rusia, que quiere debilitar nuestras instituciones democráticas, pero también por agentes internos, como hemos podido ver tras la dana”, ha dicho. “Más recientemente hemos visto cómo una élite de millonarios tecnológicos quieren hacerse con el poder político, sentarse en los Consejos de Ministros, condicionar nuestras vidas. Su principal motivación es el dinero, el todo por la pasta”, ha espetado Sánchez.

“Frente a los que promueven la desregulación tecnológica para la tecnocasta, Europa debe fomentar una digitalización humana y humanista. Debemos transformar el entorno digital en un bien público para los ciudadanos, que respete nuestros valores, que son los de los Derechos Humanos”, ha añadido el presidente. Obtener la soberanía digital es, a su juicio, clave. “No podemos permitir que las infraestructuras esenciales del entorno digital queden en manos de empresas sin ningún control democrático. Europa está en condiciones de liderar esta transformación digital”. En este sentido, la UE debería desarrollar, por ejemplo, navegadores propios o servicios de mensajería con protocolos abiertos.

Ciberestafas, racismo o ‘ciberbullying’

El Observatorio de Derechos Digitales será una primera línea de defensa para parar los envites del “salvaje Oeste”, en palabras de Sánchez. Entre las salvaguardas que se incluyen en la Carta de Derechos Digitales se cuentan la protección de derechos de menores y grupos vulnerables, garantizar el acceso igualitario para personas con bajas competencias digitales, cerrar brechas digitales y salvaguardar la privacidad y la seguridad en línea, o proteger la libertad de expresión y el derecho a la información.

La función del Observatorio de Derechos Digitales es garantizar que esos derechos se cumplen. En el Observatorio participan una veintena de entidades, que van desde la Fundación “la Caixa” o la Fundación Telefónica hasta la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid o la Universidad de Navarra, pasando por la Asociación Europea para la Transición Digital, o Red.es. En total, participan en el programa 170 entidades públicas y privadas y 260 especialistas.

El programa Derechos Digitales cuentan con un presupuesto de 10,83 millones de euros financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los Fondos Next Generation EU. El 80% de esa cantidad la aporta Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, mientras que el 20% restante procede de las entidades participantes.

Para ilustrar la problemática que se pretende atajar con el Observatorio, antes de la intervención de Sánchez, tres personas que han visto vulnerados sus derechos digitales explicaron al público su experiencia. Alicia González es muy activa en redes sociales y sufre un trastorno neurológico, el síndrome de Tourette, que le hace tener tics gestuales incontrolados. Sufrió acoso escolar de pequeña y ha tenido que convivir como adulta con el ciberbullying. “Recibir mensajes de odio cada día es terrible. Incluso el más fuerte acabaría con la moral minada. El ciberbullying es una forma de maltrato”, ha asegurado. En su opinión, acabar con el anonimato en las redes sociales haría que los acosadores se lo pensaran dos veces.

A Natividad Cruces le estafaron 45.000 euros y le robaron la identidad. La convencieron para que participara en un grupo de inversión que resultó no existir. Le pidieron una primera aportación de 250 euros para poder enterarse de qué iba el plan y, a los dos días, le llamó una persona para contarle más. Incluso hizo videoconferencias a tres bandas con un bróker amigo suyo para que le asesorara. “Están muy preparados y tienen muchos medios”, ha dicho la ciberestafada. Cuando transfirió el dinero, ya no volvió a saber de ese grupo de inversión.

Juan Castellón ha sufrido el racismo en el entorno digital. Tanto es así, que llegó a alejarse de las redes sociales, harto de ver comentarios ofensivos contra el pueblo gitano: “Es necesario que las fuerzas políticas hagan algo para que no puedan circular comentarios que inciten al odio”.

“La digitalización nos ofrece muchas ventajas, pero también nuevas amenazas, como las ciberestafas. Si queremos espacios seguros, hay que crearlos. Porque cuando aparecieron los coches, se inventaron los semáforos”, ha dicho el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que también ha participado en el evento. Le acompañaban en la primera fila del auditorio de La Casa del Lector, en Madrid, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres