El Gobierno presenta una Carta de Derechos Digitales para guiar las futuras políticas tecnológicas

“Necesitamos una sociedad con más derechos, pero sobre todo que sepa proteger en los nuevos tiempos los ya conquistados. Creo que estamos dando un paso rotundo en ese sentido”. Con estas palabras cerró ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presentación de la Carta de Derechos Digitales, un documento que pretende “proteger, defender y ampliar” los derechos de la gente en el entorno digital. La Carta ve la luz tras más de un año de trabajo de varios expertos coordinados por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Sedia) y tras dos consultas públicas.

La Carta no tiene espíritu normativo, sino más bien descriptivo: recoge los derechos más importantes relacionados con el entorno digital y desperdigados en la Constitución y varias leyes y reglamentos. Según subrayó el presidente, servirá de marco de referencia para futuras legislaciones.

Estructurado en seis bloques, el documento recoge por ejemplo el derecho de las personas a no ser localizadas ni perfiladas, al acceso a internet o a la ciberseguridad. Aspectos todos ellos contemplados por la Ley de Protección de Datos y otros códigos. También añade elementos más novedosos, como el derecho a la identidad digital (la identidad propia en el entorno digital no puede ser “alterada, controlada o manipulada por terceros contra la voluntad de la persona”), al pseudonimato (los usuarios tienen derecho a utilizar un pseudónimo si no quieren dar su nombre y apellidos) o los derechos ante la inteligencia artificial (la garantía de que ningún ciudadano sea discriminado por las decisiones basadas en algoritmos).

La puesta en escena que preparó Moncloa para la presentación de la Carta fue la de las grandes ocasiones. Además de Sánchez participaron en el acto la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y dos ministras: Pilar Llop, titular de Justicia, y Diana Morant, de Ciencia e Innovación. El despliegue da cuenta de la importancia que le atribuye el Gobierno al documento, pese a que más que enunciar nuevos derechos o deberes lo que hace es ordenar los ya existentes.

Esa es precisamente la principal crítica que ha recibido la Carta: la ausencia de contenido práctico. “El problema no es la definición de los derechos, sino la protección efectiva de los mismos. El tiempo de las declaraciones de intenciones ya se ha superado: fuera de España se habla ya de cómo integrar todas esas preocupaciones en políticas concretas, auditables y transparentes para lograr que la tecnología respete el marco legal existente”, señala a EL PAÍS Gemma Galdon, directora general de Eticas Consulting y asesora en ética de los algoritmos para la OCDE, la ONU o el Parlamento Europeo, quien formó parte del equipo que redactó la primera versión de la Carta.

Esta experta recuerda, por otra parte, que España ya ha firmado declaraciones de intenciones de un corte similar al documento presentado ayer. La última de ellas fue la Declaración de Lisboa sobre Derechos Digitales, presentada por Ursula von der Leyen hace un mes y ratificada por los 27 Estados miembros. La Comisión Europea, por su parte, está preparando una Declaración de Principios Digitales que ahora mismo y hasta septiembre está en fase de consulta pública.

Del ‘pseudonimato’ a la ciberseguridad

“Los derechos digitales son un tema que puede pasar desapercibido con el ruido diario pero que es trascendental para la vida de los ciudadanos y sobre todo para definir qué mundo queremos para nuestros hijos”, sostuvo ayer la vicepresidenta Calviño a propósito de la Carta de Derechos Digitales. El documento consta de 28 derechos o garantías divididos en seis bloques.

Además de los ya mencionados destacan el derecho a la neutralidad de internet (los proveedores han de proponer una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos), los derechos en el ámbito laboral (se garantiza a los trabajadores la desconexión digital) o el derecho a la participación ciudadana por medios digitales (se promoverá el acceso a la información pública, la transparencia o la rendición de cuentas por medios cibernéticos).

Se incluye también un apartado de derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías, que garantiza el control de cada persona sobre su identidad, o el derecho a la ciberseguridad, que exige que los medios digitales a nuestra disposición estén debidamente protegidos.

“Me siento especialmente contento del derecho a la identidad digital y el derecho al pseudonimato, porque eran derechos que no estaban en la Constitución”, señaló durante la presentación Borja Adsuara, experto en Derecho Digital y uno de los autores del documento. “Sí estaban el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, pero no el derecho a la identidad ni una forma especial de manejar ese derecho que es el pseudonimato”.

Galdon, sin embargo, tiene sus reservas con este punto en concreto. “Me preocupa el derecho a la pseudonimización, cuando lo que necesitamos es un derecho al anonimato. La ley deja muy claro que un dato pseudónimo es un dato personal, por lo que no acabo de entender este derecho”.

Lorena Jaume-Palasí, fundadora de Ethical Tech Society y miembro del consejo asesor de inteligencia artificial de la Secretaría de SEDIA, ya manifestó cuando se hizo pública la primera versión de la carta que algunos de los elementos de que consta tendrían que ser revisados tanto a nivel jurídico como técnico. “Por poner un ejemplo: el derecho a la identidad y a que no hagan un perfilado de los usuarios son técnicamente incompatibles con el derecho a que utilicen un seudónimo si no quieren dar su nombre y apellidos”.

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