Los expertos opinan sobre la Carta de Derechos Digitales: “Un buen punto de partida muy mejorable”

Este martes se ha hecho pública la Carta de Derechos Digitales, un texto que reconoce la libertad de expresión, la protección de la identidad o el seudonimato, entre otros, como derechos fundamentales de los usuarios. Su objetivo es “trasladar los derechos que ya tenemos en el mundo analógico al mundo digital y añadir algunos nuevos, como los relacionados con la inteligencia artificial y las neurotecnologías”, según ha explicado Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, durante la presentación del documento. En este mismo evento, un grupo de expertos ha analizado en profundidad el texto: todos coinciden en que es un buen punto de partida pero han detectado varios aspectos “muy mejorables”.

Una de las críticas más contundentes tiene que ver con que algunas de las propuestas de la carta son incompatibles entre sí, esta es al menos la opinión de Lorena Jaume-Palasi, fundadora de Ethical Tech Society y parte del consejo asesor de inteligencia artificial de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. “Hay muchas cosas que no solo se tendrían que revisar a nivel jurídico sino también a nivel técnico. Por poner un ejemplo: el derecho a la identidad y a que no hagan un perfilado de los usuarios son técnicamente incompatibles con el derecho a que utilicen un seudónimo si no quieren dar su nombre y apellidos”, explica Jaume-Palasi. “Por ello creo que vamos a necesitar darle un par de vueltas más a la carta para entender un poco mejor cuál es el objetivo de este documento”.

En el texto se hace referencia a la necesidad de asegurar “la transparencia, la auditabilidad y la trazabilidad en el uso de los algoritmos” pero Karma Peiró, codirectora de la Fundación Visualización por la Transparencia, ha encontrado algunas contradicciones. “No me cuadra mucho con algunas de las acciones que ya se han llevado a cabo por parte del Gobierno”, explica Peiró. “El año pasado, la fundación ciudadana Civio detectó errores en el algoritmo del programa Bosco para la concesión y denegación del bono social y demandó al Gobierno porque se negó a liberar el código fuente. Esto me hace plantearme cómo se va a conseguir salvaguardar la transparencia que propone el mismo Gobierno en la carta”.

Esta primera versión del texto ha sido elaborada por un grupo de expertos en materia de derechos digitales y se abre ahora a las sugerencias del público, que puede enviar sus propuestas hasta el 4 de diciembre. Poco más de dos semanas que se antoja poco tiempo para Peiró. “Creo que es precipitado, se ha dado poco margen para que la ciudadanía valore lo que se está planteando en esta carta y aporte comentarios. Habría que ampliar ese plazo”.

El aspecto más ambicioso de la carta y que mejor acogida ha tenido entre los expertos es el de los neuroderechos. El desarrollo de la tecnología capaz de leer la información cerebral y alterarla avanza a pasos agigantados, lo que abre el debate sobre quién tendrá acceso a los pensamientos de los ciudadanos y cómo se pueden tratar esos datos sin alterar su libertad para tomar decisiones y respetar el libre albedrío

“En este ámbito, este texto es pionero en muchos sentidos”, explica Rafael Yuste, neurobiólogo español, ideólogo del proyecto BRAIN y profesor de ciencias biológicas en la Universidad de Columbia en Nueva York. “A nivel mundial, solo hay otro ejemplo de país que se ha pronunciado al respecto: Chile, donde ya han puesto una enmienda a la Constitución para recoger estos neuroderechos. España es el segundo país que tiene en cuenta la protección de los pensamientos de sus ciudadanos respecto a la tecnología”.

Revisión constante

A diferencia de los derechos humanos analógicos, mucho más estables con el paso del tiempo, los relacionados con la vida de los ciudadanos en el entorno digital cambian con cada nuevo gran avance de la tecnología. Es necesario entonces “asumir que es un proceso dinámico y variable. El progreso tecnológico traerá muchos cambios y puede amenazar estos derechos” incluso tras la versión definitiva de la carta, explica Emilio Ontiveros, presidente de AFI y catedrático emérito de la UAM.

“Tener una herramienta así es motivo de satisfacción, con independencia de que haya que repensarla, trabajarla, reconstruirla y actualizarla en poco tiempo”, añade José Moisés Martín, director general en Red2Red Consultores y profesor en la Universidad Camilo José Cela. “Pero para que sea efectiva tendrá que venir acompañada de un desarrollo legislativo lo suficientemente contundente”.

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