Cómo regular el imperio de los datos

Estados Unidos innova y Europa regula. Ese esquema, presentado en forma de disyuntiva, resume la actitud que han adoptado los dos grandes bloques mundiales ante la revolución tecnológica. Los gigantes de Internet (Google, Facebook y otras firmas estadounidenses cuyo principal negocio consiste en explotar datos) se han hecho indispensables para los ciudadanos explorando terrenos desconocidos. Frente a la laxitud de Washington, la Unión Europea intenta acotar algunos excesos, con resultados desiguales. La diferencia de criterios amenaza con acentuar la discordia política entre Bruselas y Washington, especialmente con Donald Trump al frente de la Casa Blanca.

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La delicada materia prima con la que trabajan estas empresas —datos personales que se rentabilizan para usos publicitarios— dificulta la aproximación legal. La UE ha recurrido a las normas de competencia para frenar algunas prácticas abusivas. Y sus responsables admiten que la mayoría de los casos están por llegar. “Es uno de los asuntos que nos tiene más ocupados. Los datos son una moneda, un recurso, un activo, y desempeñarán un enorme papel en el conjunto de la economía, no solo en el mundo digital”, argumentaba la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, en una reciente entrevista a EL PAÍS y otros diarios europeos.

Las diferencias de enfoque a ambos lados del Atlántico son legales, pero también culturales. Diego Naranjo, experto de la asociación de defensa de los consumidores en Internet European Digital Rights, explica que EE UU carece de una legislación federal que proteja los datos de los usuarios. Europa, en cambio, es más celosa respecto a las normas de privacidad. “Por otro lado, en EE UU a estas empresas se les requiere ayuda en asuntos de vigilancia como el programa Prisma”, argumenta, en referencia al proyecto de vigilancia masiva a empresas y ciudadanos que orquestó Washington y que exigía la colaboración de las tecnológicas.

Lejos de aquellas controversias, el caso estrella de la comisaria Vestager tiene como protagonista a Google, investigada por diferentes comportamientos lesivos para sus rivales. La Comisión Europea decidirá en breve la eventual multa que fija al gigante de Silicon Valley por favorecer a sus propios servicios en las búsquedas de comparativas de precios (Google Shopping). Pero también tiene a la compañía bajo la lupa por abusos en la firma de contratos publicitarios y por exigir la instalación de aplicaciones predeterminadas a los fabricantes de móviles que quieren ofrecer el sistema operativo Android.

La UE tiene a Google bajo la lupa por abusos como los contratos publicitarios o exigir la preinstalación de aplicaciones para Android

En todos los casos, Bruselas examina fenómenos nuevos con herramientas del pasado. Las fusiones, por ejemplo, se evalúan con criterios de volumen de negocio, de forma que si superan ciertos niveles se puede considerar que hay riesgo de monopolio. Pero la importancia de los datos y su potencial para traducirse en grandes sumas de ingresos llevan al Ejecutivo comunitario a cuestionarse otros baremos. “¿Se puede hacer una norma objetiva para que las compañías tengan que notificar si tienen datos dentro de sus activos, al igual que hacemos con los topes de volumen de ingresos?”, se pregunta la comisaria, que admite la dificultad de crear una norma transparente que ofrezca certidumbre a las compañías.

Mientras las autoridades reflexionan, las llamadas compañías del big data continúan explotando casi en exclusiva el negocio publicitario gracias a la información de usuarios que procesan. El sector niega que esa acumulación de datos sea una práctica exclusiva; la diferencia —alegan— es el valor añadido que obtienen de esos datos. “Se trata de ver si los datos dan una gran ventaja o no. En la mayoría de los casos, son conocidos para muchas compañías, como aerolíneas o supermercados. Todas pueden utilizarlos. Lo que singulariza a las firmas de Internet es que realizan un análisis inteligente de esa información. Es la aportación humana más que los datos en sí mismos”, defiende James Waterworth, vicepresidente para Europa de Computer and Communications Industry Association, que integra a gigantes como Google, Facebook, Yahoo, Netflix o Amazon.

A falta de un marco regulatorio que se ciña a este negocio tan escurridizo, Bruselas hace aproximaciones parciales. Uno de los ejemplos más exitosos —por la celeridad con que se ha resuelto y porque la compañía ha aceptado la penalización— ha sido la multa impuesta a Facebook por proporcionar datos engañosos en la compra de WhatsApp. El número uno de las redes sociales deberá pagar 110 millones de euros por ocultar —deliberadamente, según Bruselas— que podía vincular los perfiles de los usuarios comunes de ambos servicios. La cifra, la más elevada impuesta nunca en un caso de fusión, supone un toque de atención ante las posibilidades casi ilimitadas que ofrece la tecnología y que en ocasiones traspasan la ley.

De peor gana acogen las compañías los intentos de Alemania para mantener a raya algunos de sus comportamientos. La autoridad germana de la competencia investiga a Facebook por las sospechas de que utiliza su posición dominante en el mercado para procesar gran cantidad de datos sin conocimiento de los usuarios. Bruselas mira atentamente el desarrollo de este caso para ver si existe una vía de actuación comunitaria, aunque las autoridades de competencia defienden más la reacción a posteriori que el despliegue de obligaciones sobre un sector aún desconocido.

También Alemania ha abierto el camino para multar a los gigantes de Internet que no controlen suficientemente los mensajes de odio o las noticias falsas. El Ejecutivo comunitario se limita de momento a mantener foros de discusión periódicos con las grandes firmas para promover buenas prácticas. “Obligar a retirar contenidos de Internet es un asunto muy sensible; se debería dar una oportunidad a la cooperación entre Gobiernos y empresas”, defiende James Waterworth.

Frente a estos terrenos novedosos, el camino más explorado hasta ahora ha sido el de la fiscalidad. Las autoridades de competencia europeas persiguen desde hace algunos años a las grandes firmas —no exclusivamente de Internet ni estadounidenses— por no pagar apenas impuestos en Europa pese a los grandes beneficios que generan. Pero esa estrategia encuentra una resistencia fundamental. Paradójicamente, los Estados que deberían recuperar ese dinero que han dejado de percibir por otorgar ventajas fiscales excesivas a las compañías rehúsan hacerlo.

El motivo es que casi todos los países se embarcan en una subasta fiscal a la baja para atraer la sede de las empresas con más volumen de negocio. Y así Irlanda, un país rescatado y que emplea el señuelo fiscal para llevar a su territorio a muchas de estas compañías, ha recurrido a la justicia europea la decisión comunitaria de recuperar 13.000 millones de euros por impuestos dejados a cobrar al gigante tecnológico Apple. También Amazon ha recibido en Luxemburgo un trato fiscal que viola el libre mercado.

Los titubeos de los Estados debilitan la acción de Bruselas, que seguirá buscando nuevas vías para acotar el jugoso negocio de los datos.