“La actuación de Facebook es inaceptable”

La semana pasada trascendió la noticia de que Facebook había experimentado con los sentimientos de hasta 689.000 de sus usuarios, manipulando la información que aparecía en su feed personal (la página principal de la red social) sobre sus contactos, para detectar posibles cambios de humor. El objetivo era incluir estos datos en un estudio académico. "Este tratamiendo de información es inaceptable", declara tajante José Luis Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Protección de Datos. "Es una actuación éticamente reprobable e incompatible con la normativa europea".

Las agencias de protección de datos de la UE están recabando información de forma conjunta sobre si la actuación de Facebook fue ilegítima. La operación está coordinada por Irlanda, porque el gigante de la comunicación tiene allí su sede europea. Según Rodríguez, lo que ha ocurrido con Facebook deja patente "la potencialidad invasora que tienen unas tecnologías que en principio parecen inocuas".

Son tecnologías que parecen inocuas pero potencialmente muy invasoras

Este jurista experto no quiere alarmar, pero sabe mejor que nadie en España que la legislación que protege la información privada de los ciudadanos –legislación europea, ya que este ámbito es una competencia de la UE– es insuficiente con las nuevas tecnologías. Desde hace dos años, las autoridades de protección de datos de los Estados miembros trabajan en una ley común que regule y proteja la privacidad de los ciudadanos en Internet. Un texto que se está retrasando más de lo previsto –la idea era aprobarlo antes de que terminara esta legislatura europea, explica Rodríguez– y que está sometido a las presiones de las grandes empresas. "Hace falta voluntad política para que salga adelante", admite. Actualmente, la norma que protege los datos de los ciudadanos de la Unión data del año 1995. Con el cambio social y tecnológico que ha tenido lugar desde entonces "urge" actualizarla, afirma Rodríguez en una entrevista con EL PAÍS.

La clave de la ley que se está fraguando en las instituciones comunitarias es, según el presidente de la AEPD, convertir en obligatorios los informes previos de evaluación de impacto. "En otros ámbitos, como en la protección del medio ambiente, fue necesario pasar de un cumplimiento de la ley a posterioria a un control preventivo". La idea es que antes de aprobar la utilización de un nuevo aparato o aplicación, un informe determine que cumple con los requisitos de protección de datos establecidos. Además, "todas las empresas que trabajen en la UE tendrán que someterse a su regulación", afirma Rodríguez, aunque como en el caso de Google no tengan sede dentro de sus fronteras.

El buscador comenzó esta semana a implantar el derecho al olvido por imposición de la Justicia europea. Por ahora el proceso no está dando resultados uniformes. Un enlace eliminado de un buscador de Google con dominio europeo (por ejemplo, Google.co.uk en Reino Unido) sigue siendo accesible desde Google.com (el dominio estadounidense). Rodríguez explica que esto es solo el principio del proceso, y pide esperar a que evolucione. Lo que está claro es que es el gigante empresarial quien decide qué enlaces se retiran y cuáles no, de los que soliciten los usuarios, lo que ha llevado a algunos periodistas a pedir que la prensa contraataque a través de los tribunales. "La decisión editorial de eliminar un enlace pertenece al periódico, no a Google", escribió hace dos días el columnista James Ball en el diario británico The Guardian, que ya ha recibido varios avisos de enlaces eliminados de las búsquedas.

Hay que exigir a las empresas que no lesionen los derechos de los usuarios

"El derecho al olvido no afecta a la hemeroteca de los periódicos", responde Rodríguez. Cuando el usuario pide a Google que retire un enlace, tiene que especificar cuál es y solo desaparece de la búsqueda específica con su nombre y apellidos. Esa misma web o noticia seguirá siendo accesible a través de cualquier otro criterio de búsqueda, y no afecta a los archivos internos de los medios de comunicación, explica el jurista.

Google recientemente compró una empresa de satélites, una aplicación de videovigilancia y una compañía de termostatos controlables con el móvil. Este tipo de programas y dispositivos son los que nos van a obligar a enfrentarnos con las realidades del Big Data, los datos grandes en inglés, explica Rodríguez. "Las ciudades y las casas inteligentes permitirán a las empresas recabar datos a una escala mucho mayor de la que nos podemos imaginar". Hasta ahora, explica, la mayoría de datos que se alacenaban, como un pago con una tarjeta de crédito, eran facilitados por el usuario conscientemente. Pero ahora "los dispositivos están conectados y transmiten entre ellos información sobre personas". En el caso de los termostatos, por ejemplo, los aparatos almacenan detalles como a qué hora uno está en casa, o si se levanta mucho por la noche. "Hay que exigir a las empresas que sean transparentes con los usuarios, y que adopten medidas preventivas para evitar lesiones de derechos", declara Rodríguez.