El Congreso rechaza imponer el uso de 'software' libre en la administración

El pleno del Congreso rechazó ayer por una aplastante mayoría -290 votos en contra, 15 a favor- las proposiciones de Ley con las que ERC e IU-ICV pretendían impulsar la implantación del software libre en la administración central. Además de los diputados de estos grupos apoyaron la propuesta los del BNG y CHA. CiU, PNV, PP y PSOE se opusieron, entre otros motivos, porque "los parlamentos deben fomentar la competencia de todo tipo de software" y evitar intervenir con requisitos "que discriminen y limiten la libertad", según el diputado popular José Ignacio Echániz.

El redactado de los dos proyectos de Ley que ayer valoró el pleno del Congreso era idéntico. Ambos defienden el establecimiento de normas que impongan el uso de software libre en la administración central del Estado. La definición de lo que es o no es software libre, y si esta cuestión debe resolverse en una ley, fue uno de los asuntos a debate.

Normalmente se entiende que responden a ese nombre los programas y sistemas operativos que se acogen a esta filosofía, permiten el acceso al código fuente -que puede ser libremente modificado, copiado y redistribuido-, y cuyo uso suele ser gratuito. El uso de este software se suele contraponer al de programas 'propietarios' o bajo licencia, normalmente patentados por una compañía privada que mantiene en secreto su código fuente, lo que impide a quien lo usa conocer cómo funcionan por dentro, si tienen algún problema de seguridad o puertas traseras, entradas a un sistema dejadas abiertas por su creador para acceder a él posteriormente sin que el usuario lo perciba.

En referencia a ello, el diputado de IU-ICV Joan Herrera advirtió durante su intevención del peligro que supone usar programas con licencia porque "Microsoft, por ejemplo, puede disponer de la puerta trasera de multitud de usuarios, también del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio del Interior o del de Defensa". La compañía estadounidense conoce estos temores y desde hace años ofrece a Ejecutivos de todo el mundo la posibilidad de conocer cómo funcionan sus sistemas por dentro, intentando disipar así las dudas sobre su seguridad.

Jordi Ramón Torres, diputado de ERC cuantificó el ahorro que supondría para la Administración central la adopción de este sistema en 3.000 millones de euros cada dos años, además de las ventajas para ser configurados en las distintas lenguas cooficiales del Estado. El diputado de Ezquerra Republicana aseguró que "es falso que sean programas más inestables" sino que, al contrario, su seguridad garantiza mejor los derechos civiles y la privacidad. "Esta es una gran oportunidad, porque si el Estado deja de ser el cliente cautivo puede emplear el dinero de todos en otras cosas que considere más prioritarias".

Por parte del Grupo Socialista, Lourdes Muñoz aseguró que "los monopolios no son buenos" pero que no se puede restringir la libertad de elección, por lo que recordó que el Gobierno y el PSOE han puesto en marcha políticas de impulso al software libre para facilitar la accesibilidad a las páginas web de la Administración para que el ciudadano no se vea obligado a adquirir un software, pero sin vulnerar la libre competencia.

La diputada socialista insistió en que desde su partido se cree en el desarrollo basado en dos criterios: "la neutralidad tecnológica y de eficacia". Por ello, señaló que su grupo está de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, pero no con el articulado, ya que a su juicio "ésa no es la manera de promocionar el software libre, porque hace falta más consenso".

José Ignacio Echániz, diputado del PP explicó el rechazo de su grupo por considerar la proposición "fruto del dirigismo tecnológico y limitadora de la libertad". "LOs gobiernos no deben regular para crear alternativas que ya existen. Si el software libre es tan bueno, *por qué no dejan que compita en el mercado?", se preguntó. Echániz tildó la iniciativa de discriminatoria, y advirtió de que puede ir en contra de la libertad de mercado, las normas de contratación pública y la propiedad intelectual. Por otra parte, Echániz negó que se haya aprobado ninguna iniciativa similar en ningún país del mundo, y previno sobre los efectos negativos para el mercado doméstico de innovación y pequeñas empresas de programas con licencia.

Jordi Vilajoana, diputado de CiU, expresó que su grupo no apoyaría la tramitación del Proyecto de Ley en la línea con lo redactado por entender que afecta a la libertad de competencia y de elección del usuario, si bien apoyó que se hagan actuaciones en línea con la potenciación del ''software libre''. Además, recordó que incluso en las pruebas de selección para puestos públicos en Cataluña se pide a los aspirantes que expliquen de memoria el funcionamiento de programas como el Office de Microsoft, al no disponer de ordenadores para hacer la prueba, por lo que desaconsejó una ley en esta línea por "razones de eficacia".