Todo lo que se sabe (y lo que no) sobre los fallos en las pulseras antimaltratadores

El miércoles 17 de septiembre se abrió un debate sobre las pulseras antimaltratadores que, en aquel momento, pareció ceñirse a un problema concreto, pero que con los días se ha revelado mucho más extenso y continuado en el tiempo. Desde entonces, en los medios de comunicación y en los debates públicos y políticos han estado no solo los dispositivos, sino también el centro que los gestiona, Cometa, y los problemas a los que se ha enfrentado durante meses; las empresas adjudicatarias, Vodafone y Securitas; y la institución de la que depende todo, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que está inserta a su vez en el Ministerio de Igualdad.

Aquí, todo lo que se sabe, y también lo que no, sobre la polémica generada alrededor de estos aparatos que se implantaron en España el 8 de junio de 2009 y con los que nunca, en 16 años y casi cuatro meses, una mujer ha sido asesinada mientras lo llevaba.

¿Ninguna?

Ninguna de las 21.270 que la han llevado hasta ahora. El caso que el Partido Popular señaló fue un asesinato por violencia machista en diciembre de 2024 en Islas Baleares en el que la mujer fue a encontrarse con su expareja y se dejó voluntariamente el dispositivo en casa, como tantas otras veces ocurre en las relaciones de violencia, en las que las víctimas, por la propia estructura de la violencia, confían en los agresores. La alerta, por lo tanto, no pudo saltar.

¿Cuántos dispositivos hay actualmente?

A 31 de agosto de este año había 4.730 dispositivos activos, según la cifra dada por Carmen Martínez Perza, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, este pasado jueves en una comparecencia en el Congreso.

¿Para quiénes son?

Desde 2009 y hasta 2024, un juez podía activarlos junto a una orden de alejamiento en casos de violencia de género en el ámbito de la pareja o la expareja. A partir de ese año, entraron también las víctimas de violencia sexual, tal y como fijó la ley de Libertad Sexual.

¿Quién los gestiona?

Institucionalmente, dependen directamente de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. La gestión, sin embargo, ha estado siempre externalizada. El último contrato se adjudicó el 6 de noviembre de 2023 a Vodafone y Securitas por 42,6 millones de euros. Empezaron a operar el 8 de febrero de 2024 tras unos meses de transición con las anteriores concesionarias, Telefónica y Securitas Direct. Estas, que lo habían prestado desde el comienzo, no concurrieron a la última licitación, en julio de aquel año.

¿Quiénes trabajan con los dispositivos?

Son las empresas las que contratan a los trabajadores del llamado centro Cometa, tanto a los técnicos que hay en la sala de control, que gestionan las señales y las llamadas a víctimas, agresores e instituciones; como a los de campo, que son quienes colocan, retiran, revisan o arreglan los aparatos. Hay además personal de Igualdad y de Vodafone y Securitas en el control y el seguimiento de los dispositivos.

¿Cómo empezó el debate?

A través de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado se conoció que en ese cambio de empresas hubo un fallo en el volcado de datos de una a otra que provocó que durante unos meses no se pudiera conocer los movimientos de los agresores antes del 20 de marzo de 2024, lo que según el Ministerio Público produjo una “potencial desprotección de las víctimas” y tuvo “consecuencias” en los procesos judiciales por quebrantamiento de orden de alejamiento.

¿Cuáles fueron las “consecuencias”?

Al no poder ofrecer Cometa las localizaciones de los agresores, hubo “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios”, según la Fiscalía. Tras la polémica generada por las primeras informaciones, el Ministerio Público emitió un comunicado el jueves 18 en el que especificó que las absoluciones fueron “mínimas”, que los fallos fueron “puntuales” y que “la mayoría de los casos en los que no se pudieron aportar datos [de las pulseras] se resolvieron posteriormente, pues los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos”.

¿A cuántos casos afectó?

Se desconoce. La memoria anual de la Fiscalía no incluyó cifras y hasta ahora no ha aportado números concretos, aunque se le han solicitado. A este periódico le constan, hasta el momento, dos absoluciones y un sobreseimiento provisional por este motivo.

¿Cuánto duró ese ‘apagón’ en los datos?

Tampoco se sabe, ninguna institución ha facilitado esta información. Las horquillas de tiempo según las fuentes varían entre los cuatro y los ocho meses.

¿Se recuperó la información?

Sí, tanto Fiscalía como el ministerio confirmaron que el histórico de los movimientos de los agresores está ya en el sistema, aunque no han especificado desde cuándo, y aseguraron que en 2025 ya no se ha producido ninguna “incidencia”.

¿Afectó a las pulseras?

No. El fallo en el volcado de datos no tuvo nada que ver en el funcionamiento de las pulseras. Informaron de ello tanto la Fiscalía como Igualdad.

¿Tenía el ministerio conocimiento de esas “anomalías”?

En un principio y públicamente Igualdad negó conocerlas y se dijo que esas absoluciones y sobreseimientos no existían. El jueves pasado fue la primera vez que, también públicamente, la delegada, Martínez Perza, reconoció que desde noviembre del año pasado le había llegado esta información; algo que confirma documentación interna de Cometa.

Además, tanto la Fiscalía como las Audiencias Provinciales, el Consejo General del Poder Judicial, o tribunales superiores de justicia como el de Galicia han afirmado haber tratado e informado de lo que estaba sucediendo.

¿Hay más fallos en torno a los dispositivos?

Sí. A raíz de que se hicieran públicas las “anomalías” judiciales se ha conocido también que tanto el servicio como los dispositivos de las nuevas adjudicatarias han estado presentando diversos problemas durante, al menos, un año y medio

¿Cuáles?

Son múltiples y en diversas áreas. A este diario le constan, a través de diversa documentación, un listado de alrededor de al menos medio centenar de anomalías en el funcionamiento del centro, en la gestión de los recursos humanos, la plataforma con la que trabajan y los dispositivos.

Entre ellas errores en los posicionamientos, a veces de kilómetros; aparatos que emiten alertas sin motivo y otros que no saltan a pesar de que el agresor haya entrado en la zona de exclusión fijada; u órdenes dadas por superiores a los técnicos que no pueden hacerse por protocolo como cerrar alertas sin seguir el procedimiento.

¿Se incumple el contrato?

Según el pliego hay varias cuestiones en las que Vodafone y Securitas lo han contravenido. Por ejemplo que los dispositivos sean manipulables por parte de los agresores, que no puedan sumergirse el tiempo y a la profundidad que marcan las especificaciones técnicas, o que tengan una batería que en ocasiones dura 24 horas cuando en las características se marcaban 12 meses.

También cuestiones como no tener el personal mínimo para cubrir el servicio de forma óptima o, a veces, la falta de formación tecnológica o en el ámbito de la violencia de género y sexual para la plantilla.

¿El ministerio conocía estos hechos?

Públicamente, como con las “anomalías” en los juzgados, desde Igualdad se negó durante días la existencia de ningún problema y se repitió “las pulseras funcionan”. Mientras, la documentación existente ha mostrado que conocían los problemas y que estaban trabajando sobre ellos.

En la comparecencia de este jueves Martínez, la delegada, reconoció lo que había estado sucediendo y pidió disculpas a las víctimas. Y aunque sin ahondar, quedó reflejada la gravedad de la cuestión cuando hizo la enumeración de todas las acciones que habían puesto en marcha: contacto diario con la sala de control, un “exhaustivo plan de seguimiento”, o informes mensuales y semanales, entre otras.

¿Es posible una penalización a las empresas?

Las declaraciones de la delegada del Gobierno este jueves no descartan sanciones, eso sí, una vez haya finalizado el contrato: “Estamos viendo, estamos auditando cada paso y estamos pidiendo explicaciones de determinadas cuestiones. Las penalidades están siempre ahí”.

¿Cuándo finaliza la actual adjudicación?

El 6 de mayo de 2026 acaban los 30 meses, sin posibilidad de prórroga, por el que se otorgó el servicio a Vodafone y Securitas.

¿Qué se sabe de la nueva licitación?

En la comparecencia del jueves la delegada informó de que están trabajando sobre los pliegos, que cuentan ya con 70 páginas de prescripciones técnicas y 190 de administrativas, y que el contrato será por tres años con posibilidad de dos prórrogas de un año.

¿Habrá novedades?

En cuanto a la parte tecnológica, Martínez ha adelantado que habrá una mejora de los dispositivos, la creación de una aplicación para que la Delegación pueda consultar el sistema en tiempo real, un módulo de quejas y la inclusión de idiomas en los aparatos que se completará con la atención a las víctimas en varios idiomas, “a ser posible, sin interpretación automática”.

Sobre los recursos humanos ha afirmado que habrá un refuerzo de personal, una mejora en las condiciones de la plantilla, atención psicológica a los trabajadores y una evaluación de los riesgos psicosociales.

¿Y el presupuesto?

La delegada no dio cifra en la comparecencia pero afirmó que será “suficiente para que se pueda gestionar de manera adecuada el servicio”.