Igualdad y Vodafone admitieron en una reunión que las pulseras antimaltrato incumplían algunas condiciones del contrato

En diciembre de 2024 se produjo una de las reuniones que periódicamente tienen trabajadores de Cometa ―el centro que hace el seguimiento de las pulseras antimaltrato―, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ―de quien depende ese organismo―, y personal de las adjudicatarias ―Vodafone y Securitas―, y fue entonces cuando el representante de la telefonía, ante las explicaciones de un asistente sobre uno de los fallos de las pulseras antimaltrato, que no se pueden sumergir, admitió el problema.“Esto no cumple, no cumple”, dijo, y aludió a un cambio próximo: “Nos van a servir nuevos dispositivos ahora [se refiere al fabricante] que nos dicen que mejoran”. También desde la Delegación se reconoció durante ese encuentro que había cuestiones estipuladas en el contrato que no se estaban cumpliendo, como la posibilidad de que los agresores las pudieran manipular.

Esa parte de la reunión comienza cuando un trabajador les explica que “es muy desesperante” el hecho de escuchar repetidamente que los dispositivos “cumplen las prescripciones técnicas”, y que “además de que se pueden manipular, que ya es una prueba de que no es cierto”, hay otra cuestión, “el tema de sumergir la pulsera”.

Según las condiciones del contrato, ese aparato debe ser, entre otras cosas, “hipoalergénico y resistente al agua”; debe ser también imposible de manipular. “Inviolabilidad, de modo que el dispositivo o los dispositivos electrónicos esté/n dotado/s de los mecanismos de seguridad necesarios para prevenir, detectar y transmitir al centro de control datos de cualquier intento de defraudar o falsificar su funcionamiento”, se lee en el pliego de prescripciones técnicas, en el punto c del apartado Dispositivos electrónicos para la persona inculpada o condenada en el procedimiento judicial.

El técnico les asegura que, sin embargo, ellos tienen “órdenes de decirle a los usuarios que no sumerjan la pulsera, porque sale una señal de rotura e implica sacar, sí o sí, a un técnico de campo”, una cuestión que les matiza, “es otro tema”, porque “el personal de campo [quienes se ocupan de instalar, desinstalar y arreglar y revisar los dispositivos] es bastante escaso en muchas comunidades autónomas”.

Es entonces cuando la persona de Delegación alude a que ante esa pregunta que hacen de forma reiterada los trabajadores de Cometa sobre “qué actuaciones tiene previstas la Delegación para que esto funcione”, la respuesta es “todas”. “Incluidas las penalizaciones que haga falta por incumplimiento del servicio”. Sanciones que extrabajadores y personal cercano a Cometa se preguntan ahora por qué no se hicieron si “desde el principio” hubo “múltiples cuestiones con las que la empresa no cumplió”.

En ese momento, la representante de la Delegación dice que no puede penalizarse a la empresa porque “cumple con el mínimo”, pero a la vez también dice que “cumplir con el mínimo no quiere decir que no se vaya a seguir mejorando” porque después de analizar lo que está ocurriendo, y después de hablar con los trabajadores, y de reuniones y conversaciones, están “viendo” que el dispositivo “se está manipulando, que se está rompiendo, que se sumerge [en alusión al fallo que da cuando lo hace]”, supuestos todos que, según las condiciones del contrato, suponen incumplimientos del mismo.

El trabajador le responde: “Perdón, si en el pliego pone que la pulsera tiene una especificación IP67 y que por tanto se puede sumergir y después resulta que no se puede sumergir, a lo mejor me falta algún dato, pero no entiendo cuáles son los mínimos”. La especificación IP67 es un código que según la normativa de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) significa que el dispositivo está protegido completamente del polvo (es lo que marca el número 6) y que resiste sin ningún tipo de filtración una inmersión completa hasta un metro durante media hora (que es lo que indica el número 7).

Mejoras en las pulseras

Tanto desde Vodafone como desde la Delegación aluden que “a un metro” se pueden sumergir. El trabajador les pide que, si quieren, hagan una prueba: “Va a saltar rotura en 10 milímetros”. La funcionaria entonces responde que “se están haciendo mejoras para que la pulsera pueda aguantar más”, no solo en agua dulce sino en agua salada y a mayor profundidad. Y el representante de la telefonía explica que no eligieron al fabricante de forma “aleatoria”, sino que con los requisitos del pliego eligieron uno que los cumplía y que les acreditó que lo hacían.

Seguidamente, el representante de Vodafone responde al técnico: “Tienes toda la razón. Oye, esto no cumple, no cumple. O me lo repones, o me lo mejoras, o me lo acreditas [dice refiriéndose al fabricante], porque esto es dinero público y tiene un objetivo concreto. No tengáis ninguna duda, nos van a servir nuevos dispositivos ahora que nos dicen que mejoran”.

Vodafone, preguntada por este reconocimiento de los fallos de los dispositivos al menos durante el año pasado, responde que “el servicio se mejora de forma continua y, de forma periódica, se celebran reuniones de seguimiento entre todas las partes implicadas para evaluar el funcionamiento del sistema e introducir mejoras cuando son necesarias”.

También que aunque no pueden “confirmar la reunión concreta” a la que se hace referencia en este artículo, “sí es cierto que en uno de esos encuentros se trasladó al fabricante la necesidad de contar con una partida de dispositivos con un nivel superior de resistencia al agua” que, según afirman, es un IP68.

Desde Vodafone explican también que “la petición surgió durante los meses de verano, al comprobar que la inmersión de los dispositivos en el mar podía en algunos casos extremos afectar a determinadas funcionalidades. En consecuencia, se procedió a reemplazarlos de manera preventiva, dentro de la normalidad del funcionamiento y con el objetivo de mejorar cada día el servicio, garantizando en todo momento la fiabilidad y continuidad del sistema”. Y añaden que para ello, “antes del verano” de este año, hubo un reemplazo de dispositivos, “no de todos, solo una partida”.

Este periódico ha podido comprobar a través de diversa documentación cómo durante el pasado año y al menos hasta principios de este verano el personal de Cometa, entre los avisos habituales de problemas con los dispositivos que hicieron tanto a las responsables del centro como a las de Igualdad, incluyeron el de que no resistían al agua y que eran manipulables por los agresores.

Entre ellos al menos un informe enviado a jefas del centro y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, correos electrónicos, o la respuesta a un juzgado catalán que en junio de 2024 les pidió “más información de los nuevos brazaletes” porque el hombre a quien tenían que ponérselo se negaba “a realizar la migración del dispositivo por la imposibilidad de bañarse”, y adjuntaba una imagen de las especificaciones de las pulseras que les habían sido remitidas de manera oficial, que marcaban “*Protección Sólidos (Arena, Polvo, Suciedad). Agua dulce o salada hasta 0,5m (30 min)”; es decir, un IP6, y no un IP7, como marcaba el contrato. La respuesta fue que esas eran “las especificaciones del fabricante” y que eso era lo que había que transmitirle al juzgado.

Este domingo, una mujer con orden de alejamiento y dispositivo activo, explicaba a este diario que el último problema que había tenido con el aparato había sido el domingo 14 de septiembre “a las 2.45 de la madrugada”. “Él quitó la señal del dispositivo a 45 kilómetros de mí y la recuperó a la 23.45 de la noche siguiente. Diecinueve horas después y a tres kilómetros de donde estaba yo, recuperó la señal. Se ve que en todos esos kilómetros no había ningún tramo con señal”, contó. Cometa, ese día, la avisó a ella del corte de señal, pero no a la policía, que se enteró cuando ella les advirtió.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.